El acoso legal de las autoridades castrenses a Aung San Suu Kyi, líder de facto del Gobierno birmano hasta el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, se intensifica. La Comisión Electoral del país, controlada ahora por los militares, ha anunciado este viernes la disolución del partido de la Nobel de la Paz de 1991, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), que obtuvo una contundente mayoría en los comicios de noviembre pasado. La junta militar, que escuda su mandato en que estos fueron fraudulentos –si bien los observadores internacionales los consideraron legítimos-, no ha ocultado sus intentos de retirar de la escena política a la formación, que ya ganó las elecciones de 2015, y a sus líderes. Muchos, entre ellos Suu Kyi, están ahora detenidos y a la espera de ser juzgados.
El anuncio de la disolución de la NLD es el último paso de la junta para asegurarse su permanencia en el poder, pese a su impopularidad, con multitudinarias protestas diarias por todo el país desde la asonada. Los militares, liderados por su comandante en jefe, Min Aung Hlaing, están combinando estrategias para mantenerse: detener y perseguir a los ganadores de las elecciones, y sofocar las manifestaciones con violencia, con al menos 807 muertos a manos de las fuerzas de seguridad en los pasados cuatro meses, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, sumiendo al país en un estado de anarquía y conflicto con pocos visos de solucionarse.
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El director de la Comisión Electoral Nacional, Thein Soe, nombrado tras el golpe, acusó a la NLD de “fraude electoral” en los comicios de noviembre –sin que se hayan presentado pruebas que lo justifiquen- para respaldar la disolución de la formación, y urgió a las autoridades a que persigan por “traición” a sus líderes, según la agencia EFE. La propia Suu Kyi está acusada de violar la Ley de Secretos Oficiales, el cargo más grave de los cinco que pesan sobre ella, que en total suman una pena de 26 años de prisión.
El Tribunal Supremo ha pasado a asumir el caso contra Suu Kyi, el cual dependía hasta ahora de un juzgado de Yangón, la mayor ciudad del país, según ha confirmado este viernes Khin Maung Zaw, uno de los abogados de la Nobel. Sin que se sepan los motivos del cambio, la primera vista se celebrará en el Supremo, ubicado en la actual capital, Naypyidó, el próximo 3 de junio, si bien se esperaba que la conocida como “la dama” compareciera por primera vez en el juzgado de Yangón el próximo lunes, 24 de mayo. La líder electa, de 75 años, lleva desde el 1 de febrero bajo arresto domiciliario y no se la ha visto en público desde entonces. Varios miembros de su equipo, entre ellos el que fuera ministro de finanzas, Kyaw Win, y uno de los asesores cercanos a la Nobel, el australiano Sean Turnell, también han sido acusados de violar la Ley de Secretos Oficiales, crimen castigado con hasta 14 años de cárcel.
La disolución de la NLD no es una sorpresa para sus miembros, según aseguró uno de ellos a la cadena Channel News Asia. Fundado en 1988 con la ayuda de Suu Kyi, que acababa de regresar a Myanmar desde el Reino Unido para cuidar a su madre enferma, y decidió quedarse en el país para participar en el movimiento prodemocracia surgido entonces, la formación ganó las elecciones de 2015 y repitió victoria en 2020. Suu Kyi, consejera de Estado y líder de facto desde 2015 –pues no puede ser presidenta porque se lo impide la constitución redactada por los militares-, habría arrancado su segunda legislatura el día del golpe de Estado, cuando se formaba el nuevo Parlamento.
Trayectoria truncada
La junta militar ha truncado la trayectoria de la Nobel, que ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante el anterior régimen castrense (1962-2011). Los pasos dados por Min Aung Hlaing hacen prever que el general piensa defender su mandato a largo plazo; el medio local Irrawaddy informó esta semana de que la junta militar le ha eximido de tener que jubilarse el próximo julio, cuando cumple 65 años. La exención también afecta a su número dos, Soe Win. Muchos analistas consideraron que el golpe respondía en parte a las propias ambiciones del militar, después de que la aplastante victoria de Suu Kyi evidenciara el apoyo popular a la NLD y alejara la posibilidad de un triunfo de la formación vinculada a los militares en las urnas.
Min Aung Hlaing, objeto de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por su papel en el golpe y en la persecución a la minoría musulmana rohingyá en 2016 y 2017, ha prometido celebrar elecciones en Myanmar en una fecha sin concretar. Unos comicios que apenas tendrían validez si no cuentan con la participación del partido más respaldado por los birmanos, la NLD. Antiguos diputados de esta formación han constituido un gobierno civil clandestino que busca ser reconocido por la comunidad internacional como la voz legítima de la antigua Birmania.
En paralelo, los militares continúan la violenta represión contra los manifestantes y su agresiva campaña de detenciones, con más de 5.200 arrestados hasta la fecha, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Uno de los detenidos, recién liberado tras la mediación de Japón, el periodista nipón Yuki Kitazamu, ha afirmado al regresar a su país que los militares someten a “horribles torturas” a los prisioneros políticos. “He escuchado a través de compañeros de celda que primero les vendan los ojos, luego les esposan y les fuerzan a ponerse de rodillas. Si niegan alguna de las acusaciones en su contra, les golpean duramente con un palo durante días”, narró el reportero, que pasó un mes en la prisión Insein de Yangón tras ser detenido al cubrir las protestas, en un encuentro con el Club de Corresponsales de Japón, según Nikkei.
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