La junta militar trata de afianzar su control de Myanmar, la antigua Birmania, tras el golpe militar del lunes, en el que quedaron detenidos los líderes civiles del país, incluida la jefa de hecho del gobierno, Aung San Suu Kyi, de 75 años. Once nuevos ministros, aliados del ejército, han sido nombrados tras la destitución de los 24 miembros del gobierno civil. Pero en un ambiente de tensa calma, comienzan a detectarse señales de protesta; según aparecía en vídeos distribuidos en redes sociales, en Yangón, la principal ciudad del país, esta noche se escuchaban caceroladas contra las autoridades militares y gritos de “¡viva la madre Aung San Suu Kyi!”, parte de una campaña de desobediencia civil.
Con los tanques aún rodeando el parlamento en la capital, Naypyidaw, persiste la incertidumbre sobre cómo pueda evolucionar la volátil situación, que ha hecho saltar por los aires una década de frágil proceso de transición democrática.
Durante la jornada laboral, este país de 55 millones de habitantes había mostrado este martes un barniz de normalidad. Volvían a operar los bancos, tras una jornada sin actividad por caídas en los servicios de internet. Comercios y oficinas tienen abiertas sus puertas. Los diputados detenidos durante el golpe, que permanecían confinados en su complejo residencial de la capital, han podido empezar a abandonarlo, según Kyi Toe, portavoz de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la premio Nobel de la Paz.
Pero persiste la tensión. Las autoridades militares, según el periódico The Myanmar Times, han ordenado la suspensión de vuelos internacionales hasta el 1 de junio. Las redes sociales muestran imágenes de vehículos blindados en Mandalay, la segunda mayor ciudad del país. Aung San Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario en su vivienda de la capital. Según Kyi Toe, La Dama se encuentra en buen estado de salud, sin que haya planes de trasladarla.
Los arrestos del lunes, que incluyeron también a activistas, han desatado el temor a que la campaña de detenciones pueda continuar en los próximos días. Simpatizantes de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), el partido de La Dama, han cambiado sus fotos de perfil en las redes sociales por los colores rojo y negro de esa formación. Después de que el partido pidiera a la población -en un mensaje con el nombre de su líder, pero sin firmar por ella- que protestara contra el golpe, este martes ha lanzado desde una cuenta verificada en Facebook un llamamiento a la puesta en libertad de los detenidos y el respeto al resultado de las elecciones del 8 de noviembre, en las que la Liga ganó 346 escaños por solo 33 del partido de los militares, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP).
El movimiento activista Yangon Youth Network, uno de los principales del país, anunciaba en su cuenta en Twitter la campaña de desobediencia civil. Circula también en redes sociales un llamamiento de los médicos en hospitales estatales a sumarse a esa medida desde el miércoles.
“La gente que votó a la NLD está preocupada por los cortes en las comunicaciones. Temen que tras los arrestos de los líderes y los activistas pro democracia, la ola de detenciones pueda continuar”, denunciaba este martes en una rueda de prensa por vídeoconferencia la activista birmana exiliada Khin Ohmar. “Con este golpe, con este desfile de tanques, los militares recuperan su vieja táctica para crear miedo entre el público, quieren demostrar quién está de verdad al cargo”.
Los militares han justificado su asonada por lo que denunciaban desde noviembre como “grave fraude electoral”, aunque tras el golpe parece encontrarse, más bien, el temor a perder los privilegios y riqueza acumulados durante décadas de dictadura militar y que trataron de blindar durante el proceso de transición democrática comenzado en 2011. La espectacular derrota de su partido, que solo consiguió 33 escaños frente a los 346 de la NLD, les convenció de que las garantías que les concede la Constitución de 2008 -redactada por ellos y que les asigna el control del 25% de los escaños en el parlamento, así como tres de los ministerios más influyentes-, no eran suficientes y debían actuar. Una de las prioridades de la legislatura abortada por el golpe era, precisamente, acometer una reforma constitucional.
Las Fuerzas Armadas “tenían el sentimiento de que estaban perdiendo el control del país, y que debían recuperarlo”, considera el diputado malasio Charles Santiago, presidente del grupo de Legisladores de la ASEAN por los Derechos Humanos.
La junta encabezada por el nuevo hombre fuerte del país, el general Min Aung Hlain, asegura que solo mantendrá el poder durante un año, al cabo del cual se celebrarán elecciones y entregará el mando al vencedor.
Una promesa que ha suscitado escepticismo. Según Santiago, “es posible que esas elecciones no lleguen a celebrarse. Que después de un año, aleguen que la pandemia aún no está lo suficientemente controlada, o que hay problemas económicos que resolver primero, y se anuncie un aplazamiento de dos o tres años más”.
No está claro, por ejemplo, que se fuera a permitir presentarse a la NLD, o a la propia Aung San Suu Kyi, una figura que, pese a su desprestigio en el extranjero debido a su respaldo a la represión militar contra la minoría rohingyá, mantiene una inmensa popularidad dentro de su país. Los votantes birmanos recuerdan cómo esta hija del héroe de la independencia nacional se negó a abandonar el país para presentarse a las elecciones de 1990, y cómo pasó años bajo arresto domiciliario después de que la dictadura militar que controló el país entre 1962 y 2011 invalidara esos comicios y la victoria de La Dama.
Por el momento, el golpe ha enviado al limbo los agonizantes procesos de diálogo entre el Estado central y algunas de las milicias étnicas que controlan regiones fronterizas. También ha despertado el espectro de una represión aún mayor contra los cerca de medio millón de rohingyá que aún malviven, confinados en campos especiales o en sus aldeas, en el territorio birmano.
Según la activista de la minoría rohingyá Wai Wai Nu, “los defensores de los derechos humanos, los activistas políticos están bajo amenaza. En las regiones habitadas por minorías étnicas, la gente tiene miedo de que aumente la militarización” que ya existía.
Aunque el gran interrogante es hasta qué punto la junta podrá mantener el control sobre la pujante sociedad civil que ha florecido durante la década de transición. Una sociedad civil muy joven, que utiliza con soltura las redes sociales para comunicarse y que está en contacto activo con el resto del mundo. Que ha acogido con entusiasmo derechos como la libertad de expresión y que acude a una prensa relativamente libre. “Myanmar ya no es el país que era hace diez, o treinta años. Sospecho que habrá manifestaciones y protestas contra el golpe”, apunta por teléfono Yun Sun, directora para China del laboratorio de ideas Stimson Center, con sede en Washington.
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