A cuentagotas, la junta militar de Myanmar (antigua Birmania) va revelando nuevos cargos contra la exlíder de facto del Gobierno civil, Aung San Suu Kyi. Primero, fue la posesión ilegal de unos walkie-talkies. Después, no haber respetado las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus e ”incitar al desorden público”. Este jueves han dado un paso más al anunciar la más grave de toda la letanía de acusaciones contra la Nobel de la Paz: haber aceptado presuntamente sobornos por valor de 600.000 dólares (unos 500.000 euros), además de una cantidad de oro, en concreto 11,2 kilos, según la agencia France Presse. Mientras, continúan los ataques de las fuerzas de seguridad contra los civiles que piden en las calles el regreso de la dirigente, con al menos 12 muertos este jueves, según la Asociación para los Prisioneros Políticos de Myanmar, en uno de los días más sangrientos desde el golpe de Estado del 1 de febrero.
“Hemos sabido que la propia Aung San Suu Kyi aceptó 600.000 dólares y 11,2 kilogramos de oro. La comisión anticorrupción ha iniciado una investigación”, ha asegurado el general Zaw Min Tun, portavoz del Ejército, en una rueda de prensa celebrada este jueves en la capital, Naypyidaw, sin concretar pruebas ni aportar detalles, aunque la denuncia habría partido de Mien Thein, un ministro principal de Yangón. De todos los cargos contra Suu Kyi, de 75 años y arrestada desde la asonada militar, este último es el más grave y no se descarta que le sucedan otros.
La excusa para la asonada militar fue el supuesto fraude del partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) tras su triunfo arrollador en las elecciones del pasado noviembre. A partir de entonces, la junta ha anunciado a un ritmo casi semanal los cargos en su contra, que el entorno de la Nobel de la Paz considera políticamente motivados. El juicio se celebra rodeado de secretismo, y Suu Kyi atendió una vista por videoconferencia el pasado 1 de marzo. Se espera que la próxima sesión tenga lugar el 15 de este mes.
La Nobel de la Paz de 1991 se convirtió en líder de facto del país cuando la NLD ganó las elecciones de 2015, aunque no pudo ocupar la presidencia debido a una cláusula constitucional creada ad hoc por los militares que impide acceder al cargo a quienes tengan hijos extranjeros: La Dama, como también se la conoce, tiene dos, de su matrimonio con el fallecido académico británico Michael Aris. La junta militar ha manifestado su intención de convocar elecciones cuando finalice el estado de emergencia, en un periodo de uno o dos años. Para apartar a la NLD de la escena política, los uniformados han ido radicalizando sus ataques contra la formación. Además de la detención de Suu Kyi, el presidente Win Myint y decenas de sus representantes, al menos dos miembros del partido han fallecido bajo custodia policial en los últimos días, presentando signos de tortura, según ha denunciado la organización Human Rights Watch (HRW).
Pese a los intentos de los militares de amedrentar a la Liga, un grupo de miembros aún en libertad ha anunciado la formación de un Gobierno alternativo, con el objetivo de ser reconocido como interlocutor por la comunidad internacional. En paralelo, el Ejército –conocido como el Tatmadaw- y la policía continúan los ataques contra los miles de civiles que se manifiestan a diario en varias localidades del país. Este jueves, al menos ocho personas murieron en la ciudad de Myaing, en el centro del país, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. “Estábamos protestando pacíficamente”, ha asegurado a la agencia Reuters un hombre de 31 años. “No podía creer lo que estaban haciendo”, ha añadido.
Además, otra persona ha fallecido en Yangón, la capital económica, donde tienen lugar algunas de las protestas más multitudinarias desde la asonada, tras recibir un disparo en la cabeza. En Mandalay, se registró otro fallecimiento, según Reuters. Unas 70 personas han muerto durante las protestas desde el golpe debido a la violencia policial y militar, y unas 2.000 han sido detenidas, informa la Asociación para los Prisioneros Políticos de Myanmar. La violencia de este jueves se ha incrementado tras la condena de la represión en el país efectuada el miércoles por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Amnistía Internacional (AI) describe los violentos ataques de las fuerzas de seguridad como “masacres”, y denuncia que el Tatmadaw está utilizando “armas de guerra” contra civiles indefensos y llevando a cabo “asesinatos planificados”. “Estas no son las acciones de individuos sobrepasados que toman por ello malas decisiones”, subraya Joanne Mariner, de AI, en un comunicado. “Son militares impenitentes que ya están implicados en crímenes contra la humanidad y despliegan sus tropas y métodos asesinos abiertamente”, añade.
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