“Enfoque incorrecto”. Este análisis de Helena Martínez, estudiante de la Universidad de Granada (UGR) y subdirectora del colegio mayor Isabel La Católica, es perfecto para definir cómo ha caído en la ciudad y en la comunidad universitaria granadina la intención de la Junta de Andalucía de convertir a la UGR en una universidad virtual durante las próximas dos semanas. Nadie comprende que el Gobierno andaluz haya decidido la clausura de las aulas universitarias desde el jueves 15 hasta el 24 y no el de los bares de copas de la ciudad. El cierre anunciado de dos semanas se ha quedado finalmente en 10 días naturales y siete días de clase efectiva.
El sentimiento general es que el efecto de cerrar temporalmente aulas, laboratorios y bibliotecas será poco efectivo si se mantiene el ocio nocturno sin restricciones. Pilar Aranda, la rectora de la Universidad, ya mostró su molestia con la medida al anunciarse. Tras ella, decanos y directores de escuelas de la Universidad han emitido también un comunicado en el que explican que “los estudiantes están con una enorme responsabilidad en las aulas, trabajando y formándose con seguridad y acatando las normas sanitarias, porque aquí es fácil acatarlas. No podemos robarles el derecho que tienen a recibir una formación presencial”.
A las puertas de la Facultad de Sociología, el miércoles por la mañana, un grupo de estudiantes debate sobre el cierre de facultades. “Al final, va a ser más fácil pedir un cubata que sacar un libro de la biblioteca”, dice uno de ellos. En el grupo, en el que todos son estudiantes de primer curso, están de acuerdo en que “es un sinsentido mantener el ocio y cerrar las aulas”. “Sinceramente, en las aulas es donde más seguros estamos”, reflexionan. No muy lejos de allí está la Facultad de Derecho. Belén Cañavate y Celia Cruz estudian tercero de Derecho y Políticas. Califican la medida como “un desastre en el que se pone la economía antes que la educación”, cuenta Celia. Belén, que no entiende que cerrar la UGR sea la primera medida, habla sobre los vídeos virales en los que se veían concentraciones de personas en la madrugada del sábado en la calle Ganivet, del centro de la ciudad: “Llevo aquí tres años y nunca he ido por ahí porque esa es zona más treinteañera, no universitaria, que salimos por otros sitios”. En eso hay acuerdo entre varios estudiantes consultados: “No vamos por ahí porque es una zona muy cara y para mayores que nosotros”.
El cierre de aulas universitarias ha sido justificado por la Junta andaluza en que el 80% de las tasas de contagios en la provincia proviene de la franja de personas entre 15 y 35 años y en la existencia de 150 contagiados en siete residencias universitarias, según Pablo García, delegado de la Junta en Granada. Por ello, junto al cierre de aulas, la otra medida adoptada en Granada ha sido el toque de queda a las 22.00 en los colegios mayores. Helena Martínez, subdirectora del colegio mayor Isabel La Católica, añade a lo de “enfoque incorrecto” que, además, los colegios mayores en Granada “en número, no son representativos de la comunidad universitaria”. 2.100 universitarios del total de 60.000 estudiantes de la UGR, según un comunicado conjunto de los 11 colegios mayores granadinos. Todos, excepto el Isabel La Católica que sí depende directamente de la universidad, son instituciones privadas independientes de la UGR.
Helena Martínez considera que el cierre a las 22.00 “es una medida restrictiva de derechos fundamentales que puede tener, además, consecuencias preocupantes. ¿Qué ocurre si alguien llega tarde? ¿Se va a casa de amigos con el riesgo que eso conlleva?”, se pregunta. Los colegios mayores granadinos, en su comunicado, explican que lejos de necesitar ahora un plan anticovid, como les ha pedido el Consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, ya disponen de él desde el 26 de mayo. Por eso, cuentan, “no son parte del problema, sino de la solución”. Para ellos el cierre a partir de las 22.00 horas “podría no generar los resultados esperados y está desconectado de la causa del problema”.
Lo que muchos entienden como una amnistía a la hostelería nocturna tiene, sin embargo, un problema añadido. La virtualidad de las clases puede suponer que muchos estudiantes volverán a su casa de origen, lo que conlleva una pérdida de negocio importante en el comercio de proximidad, que tiembla con la idea de que los estudiantes se vayan de nuevo como se fueron en marzo. Un estudio reciente del Consejo Social de la UGR determina que el 34% de los estudiantes viven en el domicilio familiar y el 66% fuera de él. De este grupo, la gran mayoría reside en viviendas alquiladas. Sergio es el dueño de Don Copión, una copistería junto a la Facultad de Sociología. “Si este año hubiera empezado online, hubiera tenido que cerrar. Que empezara presencial o semipresencial me ha permitido mantenerme. Con este cierre de ahora, veremos a ver qué pasa”. Sergio calcula en 700 euros sus gastos mensuales mínimos “sin abrir la puerta” y teme que sin estudiantes no le dé y tenga que cerrar.
A su lado, Silverio regenta El rincón de las golosinas. Desde ahí, en los buenos tiempos, dice, vendía “más de 60 paninis al día a los estudiantes que salían de la facultad o que entre clase y clase tenían hambre y venían a por uno”. Con las clases virtuales, anuncia, los ingresos se reducen a cero “porque en este sitio no hay vecinos”. Así, le será difícil reunir siquiera los 800 euros de gastos fijos mínimos que le supone su tienda. “Realmente, no entiendo lo del cierre de la universidad”, se despide Silverio.
Como esta tienda de golosinas, en la cercana librería Babel explican que el cierre les “influye bastante y para mal”. También Amalia, que atiende la librería Fleming, a pocos metros de la Facultad de Derecho y que se dedica en exclusiva a sus estudiantes y a abogados. “Nos afecta mucho. La vuelta a clase nos salvó y el cierre ahora podría hundirnos”, concluye Amalia, que estima que un 60% de sus ventas procede de los estudiantes.
Protestas
Los universitarios granadinos no quieren cruzarse de brazos. En el colegio mayor Isabel la Católica han puesto en marcha una protesta diaria en su entrada. Allí, al grito de “Queremos estudiar en clase presencial”, se quejaban en la mañana del miércoles por las decisiones del Gobierno andaluz, una decisión que Rogelio Velasco, consejero de universidades andaluz, ha admitido que no ha tomado él y sobre la que ni siquiera ha sido consultado. Para el viernes a las 12.00, varias agrupaciones estudiantiles han convocado ya una manifestación por unas medidas que, según ellos, “hacen evidentes las prioridades del Gobierno autonómico y local, quienes priorizan el beneficio económico a la calidad educativa en la universidad”.
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