La junta militar de Myanmar ha acusado a la derrocada líder ‘de facto’ del país, Aung San Suu Kyi, de nuevos cargos, en este caso de corrupción, después de que un empresario afirmase haberle pagado 550 mil dólares.
De acuerdo al testimonio del presidente de Say Paing Construction, Maung Weik, en la cadena estatal MRTV, y que recoge Bloomberg, este habría accedido a pagarle esta cantidad en su residencia entre 2018 y 2020 para poder continuar con sus proyectos sin problemas.
Con estas acusaciones, Suu Kyi, en arresto desde el pasado 1 de febrero, se enfrentaría a un máximo de 15 años de prisión por haber violado la Ley anticorrupción.
La junta militar ha impedido que la derrocada líder se reúna con su equipo legal, si bien este ya ha negado las irregularidades relatadas por el empresario y ha considerado que todos los cargos son políticos. Por el momento, una de las audiencias que tenía programadas para el 15 de marzo se pospuso debido a la falta de Internet en la corte.
La junta ha acusado ya a Suu Kyi de utilizar algunos fondos donados a la Fundación Daw Khin Kyi para beneficio personal, arrendar terrenos de propiedad estatal para la oficina de la misma fundación y comprar terrenos para un centro de formación profesional en Naipidó a un precio inferior al valor de mercado.
Foto: Reuters
De forma previa, fue acusada en virtud de la Ley de Exportación e Importación, la Ley de Gestión de Desastres Naturales, la Ley de Telecomunicaciones y la Incitación en virtud de una sección del código penal de la era colonial.
Mientras tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno está “profundamente perturbado y preocupado” por las más de 2 mil personas detenidas arbitrariamente por haber participado en protestas pacíficas.
El equipo también condenó el uso de la fuerza contra los niños, con al menos 15 menores muertos, según el Fondo de la Infancia de la ONU (UNICEF).
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que los migrantes en Myanmar se encuentran entre los más afectados por la crisis actual, mientras se estima que una de cada cuatro personas en el país es migrante.
Así, la OIM ha reclamado el cese inmediato de la violencia y la protección y el reconocimiento de los derechos y aspiraciones fundamentales de los migrantes, de los vulnerables y de todo el pueblo de Myanmar.
Frente a la situación que asola el país, las protestas continúan en las calles de distintas ciudades y se caracterizan por el uso de la fuerza por parte de la Policía. De este modo, más de 215 personas han sido asesinadas por las fuerzas militares, seis a tiros en la última jornada, según el medio independiente The Irrawaddy.
(Europa Press)
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