Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus seguidores el pasado 3 de septiembre en Buenos Aires.LUIS ROBAYO (AFP)
El intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner ha sacudido la política argentina, pero no ha alterado el cronograma del juicio por presunta corrupción que tiene a la vicepresidenta argentina como principal imputada. Este lunes, cuatro días después del ataque, se reanudaron las audiencias y comenzó el alegato de las defensas de los 13 acusados. Cada uno de ellos tiene tres días para refutar las acusaciones realizadas por la fiscalía, que sostuvo ante el tribunal que a lo largo de sus ocho años como presidenta Kirchner encabezó “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”. La defensa de la vicepresidenta hablará en sexto lugar, por lo que se prevé que tenga lugar entre finales de mes y principios de octubre.
La causa Vialidad juzga la creación de una supuesta asociación ilícita destinada a defraudar al Estado a través del desvío de fondos públicos que debían ir destinados a infraestructura vial de la provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. El Ministerio Público Fiscal pidió penas de cárcel de 12 años para Kirchner y para el empresario Lázaro Báez, al frente de un holding empresarial al que se adjudicaron casi ocho de cada diez obras públicas viales licitadas en Santa Cruz bajo la presidencia de Kirchner. Además, solicitó penas de diez años de cárcel para el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López e inhabilitación de por vida en cargos públicos.
Los imputados plantean que el supuesto delito del que se los acusa ya se investigó. La referencia es un expediente similar que fue juzgado en Santa Cruz y se archivó sin acusaciones. Esa fue una de las líneas de argumentación de la defensa de Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la citada provincia patagónica. En su alegato de este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado de Garro criticó con dureza la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes acusó de “abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes”.
Los abogados de Kirchner mantienen en reserva su estrategia defensiva y se desconoce si la expresidenta hará uso de la palabra. Aún así, uno de sus argumentos es que ella no participó de las decisiones sobre las obras públicas provinciales ni sobre las modificaciones de las partidas presupuestarias, que dependen de los jefes de Gabinete. Quienes ocuparon ese cargo durante su presidencia declararon como testigos, entre ellos el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa. Ambos negaron haber encontrado irregularidades y rechazaron también que Kirchner participase en cualquier maniobra ilegal.
Al margen de la defensa que esgrimirá ante el tribunal, fuera de él Kirchner asegura ser víctima de una persecución judicial orquestrada por sus rivales políticos para detener una posible candidatura presidencial en las elecciones de 2023. Sus simpatizantes respaldan esa teoría y a lo largo de las dos últimas semanas se concentraron cada día frente a las puertas de su casa para expresarle su apoyo. El pasado jueves, el brasileño Fernando André Sabag Montiel se camufló entre los manifestantes kirchneristas para llegar hasta la vicepresidenta e intentar asesinarla de un tiro. Apuntó el arma hacia su cara y apretó el gatillo, pero no salió ninguna bala, lo que le salvó la vida.
Si no hay contratiempos, el fallo del juicio de la causa Vialidad se conocerá antes de final de año. Tanto si Kirchner es absuelta como condenada, tendrá consecuencias de cara a la carrera presidencial que dominará la agenda política de Argentina el año que viene.
Siete de cada diez argentinos creen que Kirchner es culpable, según un sondeo de Opinaia, pero una condena judicial no la llevaría a la cárcel. La vicepresidencia le otorga inmunidad de arresto y para ser retirada del cargo es necesario un juicio político.
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