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La justicia birmana condena a cuatro años de cárcel a Aung San Suu Kyi por incitar disturbios e incumplir las medidas contra la pandemia


Aung San Suu Kyi, la líder de facto del Gobierno birmano depuesto por los militares el pasado 1 de febrero, ha sido condenada este lunes a cuatro años de cárcel por incitar disturbios e incumplir las medidas aplicadas para contener la pandemia de covid-19, en el primer veredicto emitido contra la premio Nobel de la Paz desde que fue detenida tras el golpe de Estado.

Suu Kyi siempre ha negado los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno, que ha denunciado también las malas condiciones de reclusión. La sentencia estaba programada inicialmente para la semana pasada, pero un aplazamiento de última hora la retrasó hasta este lunes.

Además de Suu Kyi, el tribunal de Naipyidó, la capital del país, también ha condenado a otros cuatro años de cárcel y por los mismos delitos el expresidente Win Myint. El exalcalde de esta ciudad Myo Aung ha recibido una pena de dos años de prisión por incitación, según el portal Myanmar Now.

Desde el golpe militar, las Fuerzas Armadas han purgado a antiguos funcionarios y han reprimido con dureza las movilizaciones sociales, hasta el punto de que ya serían más de 10.000 las personas detenidas, según la Asociación de Presos Políticos de Birmania (AAPP).

La propia Suu Kyi, de 76 años, viene varios frentes judiciales abiertos que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de que la presión de los gobiernos occidentales y los llamamientos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Comisión Electoral controlada por los golpistas le acusó el pasado mes de noviembre de fraude en las elecciones que se celebraron en 2020.

La junta birmana está intentando “asfixiar las libertades”, ha criticado Amnistía Internacional. “Las severas sentencias infligidas a Aung San Suu Kyi por estas falsas acusaciones son el último ejemplo hasta ahora de la determinación del Ejército para eliminar y asfixiar las libertades en Birmania”, sostiene la organización de defensa de los derechos humanos en un comunicado.

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