Un tribunal británico de apelaciones ha decidido este viernes permitir la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, en contra de la decisión que adoptó en enero de este mismo año la magistrada Vanessa Baraiter. Si entonces se frenó la entrega del cofundador de Wikileaks, porque “el riesgo de que Assange se suicidara (…) era elevado”, los magistrados Ian Duncan Burnett y Timothy Holroyde han revertido esa sentencia previa, además de reprender en su escrito la actuación de la jueza Baraitser. Ante el temor por su salud mental -una excepción contemplada en la Ley de Extradición de 2003 del Reino Unido-, la jueza debería haber ofrecido al Gobierno de Estados Unidos la posibilidad de incorporar nuevas garantías de que nada malo le iba a suceder a Assange, antes de tomar su decisión. “Los procesos de extradición no se rigen por el derecho privado, sino por obligaciones establecidas en tratados solemnes”, dicen los magistrados en su sentencia. “Cuando se manifiesta oposición a una extradición sobre la base de que la persona sufrirá condiciones -en su detención, en su juicio posterior o en las instalaciones donde permanece- (…) debe poder ofrecerse al Estado solicitante la oportunidad de ofrecer garantías, y de demostrarlas”, afirma el texto.
Estados Unidos, según la sentencia del tribunal de apelación, se habría esforzado en los últimos meses por incorporar a su oferta un paquete extraordinario de cuatro garantías sobre la seguridad que puede ofrecer a Assange en su hipotética entrega al país. Excluyen la posibilidad de que el detenido sea sometido a “medidas administrativas especiales”, o retenido en la prisión ADX de máxima seguridad, situada en el estado de Colorado, antes o después de volver a ser juzgado. El Gobierno estadounidense se compromete a dar luz verde a la petición del propio equipo jurídico de Assange de que, en el caso de ser condenado, pueda cumplir su pena de prisión en una cárcel de Australia. Finalmente, Washington asegura que el cofundador de Wikileaks recibirá, durante todo el tiempo que permanezca bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, “el tratamiento médico y psicológico apropiado que recomiende el profesional médico cualificado al servicio de la prisión donde sea retenido”.
Los dos magistrados del tribunal de apelación se dan por satisfechos con todas esas garantían y dan la vuelta, de este modo, a la decisión de enero, que fue celebrada por el equipo jurídico y los miles de seguidores de Assange. La decisión no es, en cualquier caso, definitiva. Puede ser recurrida en instancias superiores, por lo que el condenado permanecerá por el momento en una prisión británica.
Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica por saltarse las restricciones de su libertad provisional en 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes. El hacker obtuvo la protección diplomática del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la Embajada ecuatoriana en Londres.
Washington acusa a Assange de varios delitos contra la Seguridad Nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán.
El actual Gobierno de Ecuador, presidido por Lenín Moreno, decidió romper lazos con el prófugo de la justicia y lo entregó a las autoridades británicas el pasado abril. Le acusaban de haber abusado de su hospitalidad y llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en los asuntos internos de otros países desde su encierro. Assange se había convertido en un huésped incómodo que, entre otras cosas, provocó la protesta del Gobierno español por su campaña en las redes a favor del movimiento independentista en Cataluña, en los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El Gobierno sueco decidió reactivar las acusaciones contra Assange, que había sobreseído provisionalmente, después de conocer su entrega a Londres. Sin embargo, un tribunal de ese país dictaminó que no era necesario proceder a la detención y detuvo así unos trámites de extradición que estaban a punto de ser cursados. De este modo, la petición del Ejecutivo de EE UU adquirió prevalencia. La justicia sueca decidió finalmente archivar el caso el pasado noviembre.
La jueza Baraitser denegó a finales de marzo la petición presentada por los abogados de Assange, de 49 años, para que el cofundador de Wikileaks abandonara la prisión de Belmarsh, ante el “alto riesgo” de que pudiera ser infectado con el coronavirus. Edward Fitzgerald, el abogado del hacker, explicó durante la vista que su cliente había padecido con anterioridad infecciones de pulmón y dientes, y osteoporosis, y que su estado de salud aumentaba el riesgo de que contrajera la enfermedad. “Si continúa detenido, existe un riesgo real de que su salud y su vida se vean seriamente amenazadas, en unas circunstancias de las que le sería imposible escapar”, aseguró Fitzgerald.
Assange supo burlar a sus anfitriones ecuatorianos y a los servicios de inteligencia británico y estadounidense y fue padre hasta en dos ocasiones desde su situación de confinamiento. Stella Morris, de 37 años, una abogada de origen sudafricano, pero con nacionalidad sueca, reveló al diario británico Mail on Sunday que llevaba cinco años ocultando al mundo su romance con Assange, con el que ha tenido dos niños, Gabriel, de dos años, y Max, de uno. “En los últimos cinco años he descubierto que el amor hace soportables las circunstancias más insoportables, pero ahora es diferente”, ha contado Morris. “Ahora tengo miedo de no volver a verle con vida. Su salud es muy pobre, y eso le coloca en un grave riesgo. No creo que pudiera sobrevivir a una infección por coronavirus”.
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