La justicia holandesa ha sentado un precedente mundial este miércoles al concluir que la multinacional petrolera Shell, una de las mayores de su clase, tiene la obligación de contener la contaminación generada por sus actividades, y debe influir además en la producida por sus proveedores y clientes. El fallo supone una victoria de gran magnitud para el movimiento ecologista, ya que los jueces han confirmado la responsabilidad de un grupo como Shell a la hora de contener la contaminación derivada de sus actividades con el gas y el petróleo. Milieudefensie, la rama local de Amigos de la Tierra, pidió a los jueces el pasado diciembre que ordenaran a la compañía una reducción, para 2030, de 45% de sus emisiones de CO₂ comparadas con 2019. El tribunal ha considerado que dicha proporción era factible y necesaria, y la sentencia puede servir de acicate para otros casos similares dentro y fuera de Países Bajos. Shell ha anunciado que apelará el fallo.
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Es la primera vez que la justicia ordena algo parecido a una multinacional de este calibre, y el fallo señala que “el grupo Shell debe poner de su parte para contener la amenaza del cambio climático”, según ha dicho la jueza Larisa Alwin, presidenta del tribunal de La Haya encargado del caso. La demanda de los ecologistas señalaba que la petrolera está informada desde los años sesenta de que el cambio climático es un peligro, y por lo tanto cometía un delito: al contaminar a sabiendas, vulneraba la Convención Europea de Derechos Humanos, en sus artículos 2 y 8, que protegen el derecho a la vida y a la vida familiar.
La sentencia recoge dicho punto y la obligación de preservar estos derechos. Los jueces reconocen asimismo que la compañía “ha formulado una serie de metas para ser más sostenible, pero a dicha política le falta concreción y está llena de reservas”, para luego subrayar que Shell debe actuar con rapidez. Solo así podrá evitarse que la temperatura mundial aumente en 2 grados centígrados, y a ser posible, se mantenga por debajo de 1,5 grados, tal y como se señala en el Acuerdo del Clima de París (2015).
Donald Pols, director de Milieudefensie, ha calificado el fallo de “victoria monumental para nuestro planeta y nuestros hijos, y un paso adelante hacia un futuro más habitable para todos. Los jueces han sido claros, Shell contamina y debe poner fin su comportamiento destructivo”, ha dicho. La multinacional ya había anunciado que tiene previsto reducir las emisiones de CO₂ causadas por sus productos al menos en un 6%, para 2023; un 20% para 2030; un 45% para 2035 y llegar al 100% para 2050, siempre comparado con 2016.
Combustibles fósiles
En diciembre pasado, la ONG ecologista —a la que acompañaron en su demanda otras seis organizaciones ecologistas y más de 17.000 ciudadanos— adujo que Shell invierte mucho más en combustibles fósiles que en energías renovables. Y que si bien las empresas no son parte del Acuerdo del Clima de París, la multinacional debería adherirse al mismo para reducir más deprisa la contaminación que produce. Los cálculos presentados por los ecologistas ante el tribunal indicaban que las emisiones de CO₂ generadas por Shell y sus productos suman alrededor de 1.600 millones de toneladas anuales: el 3% del total de emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero y nueve veces más que el conjunto de los emitidos en Países Bajos.
Milieudefensie y Shell coinciden en la necesidad de contener el cambio climático, pero sus plazos y manera de lograrlo son distintas: los primeros denunciaron a la compañía por vulnerar el derecho a la vida y a la vida familiar, con la extracción y producción de combustibles fósil, mientras que la firma sostiene que los tribunales no son el lugar para resolver un problema que necesita inversiones a escala mundial y un cambio de hábitos del consumidor.
La defensa de Shell calificó de inútil un juicio de estas características, porque, según dijeron sus abogados, “ninguna compañía puede hacer una transición energética por sí sola, y el mundo necesitará combustibles fósiles durante un tiempo”. Añadieron que los gobernantes mundiales todavía sopesan la forma de combatir el cambio climático, de modo que “no se puede condenar a una sola firma. Mucho menos una que, como Shell, invierte en biocombustibles, o bien energía eólica y trabaja para reducir también las emisiones contaminantes de sus clientes”, dijeron entonces. La petrolera opera en 80 países, donde tendrá que asegurarse de la reducción de CO₂ impuesta.
El argumento de la vulneración de los derechos humanos aplicado al clima fue utilizado por primera vez por parte de la ONG medioambiental holandesa Urgenda. En 2019, consiguió que el Tribunal Supremo de Países Bajos obligara al Gobierno a reducir, para 2020, las emisiones de dióxido de carbono en un 25% respecto a las de 1990. La victoria ecologista fue histórica porque el caso llegó al Supremo después de que el Ejecutivo apelara un fallo inicial, de 2015, que ya exigía dicha rebaja. El pasado 7 de mayo, Urgenda anunció que demandaría de nuevo al Gobierno “pidiendo una multa” si este no anuncia “cómo alcanzará la rebaja de emisiones” marcada en la decisión judicial.
Pleitos climáticos
El recorte al que se ha condenado a Shell, ese 45%, no es un capricho del tribunal. En 2018, el IPCC, el grupo de científicos que asesoran a la ONU, publicó un informe en el que exponía la urgencia por actuar frente al cambio climático y dejaba claro que esta década es determinante en esta carrera. Y advertía de que si el mundo quería que el calentamiento global a final de siglo no supere los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, las emisiones mundiales de dióxido de carbono tenían que reducirse un 45% en 2030 respecto a los niveles de 2010.
Mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados –y en la medida de lo posible por debajo de los 1,5– es el principal objetivo del Acuerdo de París. Este acuerdo y los informes del IPCC son los que esgrimen los grupos que han demandado a Shell. “Este límite [en referencia al 1,5 grados] es fundamental para minimizar los riesgos de un cambio climático irreversible y catastrófico”, ha sostenido Greenpeace, que ha resaltado este miércoles la importancia de los pleitos climáticos. En 2020, había presentados alrededor de 1.550 casos de este tipo en el mundo. En España, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón tienen abierto un caso en el Tribunal Supremo para obligar al Gobierno a que aumente sus objetivos de recorte de emisiones.
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