Batalla a batalla, la vieja guerra legal del Frente Polisario sigue avanzando en la Unión Europea. En una sentencia de gran trascendencia política y potencial seísmo diplomático, el Tribunal General de la UE ha ordenado anular los acuerdos de comercio y pesca suscritos entre Marruecos y la UE, tal como reclamó el Frente Polisario en sendos recursos. No obstante, las sentencias del tribunal con sede en Luxemburgo piden que se mantengan los efectos de los pactos durante un cierto período de tiempo, pues su anulación con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta.
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El motivo de la anulación es que la justicia europea entiende que no se tuvo en cuenta el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, en su calidad de tercer afectado. La sentencia puede apelarse ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque este organismo ya se pronunció a favor de las peticiones del Frente Polisario en abril y junio de 2019, en relación, por un lado, al acuerdo de libre comercio y productos agrícolas firmado entre Bruselas y Rabat, y, por otro, el acuerdo pesquero refrendado en 2019 entre ambas partes.
La onda expansiva de ambas decisiones, relativas a un acuerdo comercial y otro de pesca suscritos entre Bruselas y Rabat, pero con incidencia directa en el Sáhara Occidental, tienen capacidad para hacer saltar por los aires los lazos de Marruecos con la UE y especialmente con España, socio principal en la relación entre ambas orillas.
El Frente Polisario exigía la anulación de los acuerdos con Marruecos alegando, ente otros motivos, la incompetencia del Consejo de la UE (el organismo que representa a los Veintisiete Estados miembro) para suscribirlos. La organización alegó en sus recursos que la Unión Europea y Marruecos “carecen de competencia para negociar acuerdos internacionales aplicables al Sáhara Occidental en lugar de la población de dicho territorio, que es representada por el Frente Polisario”.
Las sentencias suman otro par de legajos más en el ya amplio corpus jurisprudencial europeo sobre el territorio en disputa del Sáhara Occidental. El TJUE anuló en diciembre de 2015 un acuerdo comercial firmado en 2012 entre Rabat y Bruselas por el cual Marruecos podía vender productos cosechados en el Sáhara Occidental. El tribunal reprochó al Consejo que no tuvieran en cuenta “que la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara occidental no está reconocida ni por la Unión Europea ni por sus Estados miembros ni, de manera más general, por la ONU”, según el fallo. En 2016, sin embargo, el TJUE dio la razón a la UE, permitiendo la aplicación del tratado, aunque dejando claro que en ningún caso el Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, y que por tanto este último no puede exportar productos saharauis como propios. En 2018, finalmente, la justicia europea refrendó el antiguo acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat (de 2007), aunque volvió a recordar que este no es aplicable al Sáhara Occidental porque ese territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”.
Las relaciones económicas entre ambas partes son clave: la UE es el primer socio comercial de Marruecos y Marruecos es, a su vez, el mayor de la UE de entre los vecinos del Sur. Los intercambios suman 35.300 millones de euros, con un superávit de 5.000 millones para el bloque comunitario, según cifras de la Confederación General de Empresas de Marruecos. Pero esta asociación, a través de un comunicado emitido este miércoles, asegura que el Frente Polisario “es prácticamente incapaz de ejercer ningún control sobre un territorio del tamaño del Reino Unido” y que los acuerdos comerciales y de pesca suscritos han tenido efectos beneficiosos para ambas partes, en línea con informes de la Comisión Europea, según argumentan.
Pero los intereses en juego van mucho más allá de estos intercambios o de los 128 barcos (93 de ellos españoles) que faenan en aguas saharauis; van más allá incluso de las relaciones económicas entre ambas partes. Para Marruecos, buena parte de su política exterior, desde los acuerdos sobre emigración irregular a la cooperación contra el terrorismo islamista, se supeditan en gran parte a que los Estados miembros no cuestionen su control sobre el Sáhara Occidental.
El golpe jurídico de Luxemburgo, además, llega en un momento crítico en las relaciones entre Marruecos y España, con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tratando de recomponer los platos rotos en los últimos meses. Los lazos entre ambos se vieron notablemente deshilachados cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó el pasado diciembre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y se tensaron aún más cuatro meses después, cuando España acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño sin anunciárselo a Rabat.
Este episodio desencadenó a su vez una nueva crisis, ahondada con la entrada en mayo de 10.000 personas en Ceuta desde territorio marroquí. Durante las tensiones, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, como protesta. Y Benyaich continúa en Rabat, a pesar de que la ministra de Exteriores que autorizó la entrada de Gali, Arancha González Laya, fue destituida. Desde diciembre sigue en el aire una cumbre de alto nivel prevista entre los dos vecinos y Albares, sucesor de Laya, aún no ha logrado consensuar un viaje a Marruecos.
La clave de Argelia y el gas
Pero en este inflamable teatro geopolítico hay más actores en juego. En el conflicto que enfrenta al Frente Polisario con Marruecos desde 1976 hay un país clave que es Argelia, principal protector del Frente Polisario y país del que España recibe entre un tercio y la mitad del gas que consume. El conflicto entre Argelia y Marruecos puede terminar afectando a la economía de todos los españoles.
Argelia, que mantiene sus fronteras cerradas con Marruecos desde 1994, ha roto relaciones diplomáticas con su vecino el pasado agosto. Ese mismo mes anunció que dejará de exportar gas a España a través de Marruecos, por el gasoducto Magreb-Europa (GME). Este conducto, de unos 1.400 kilómetros de longitud, de los que 540 discurren en territorio marroquí, fue inaugurado en 1996 y tiene la capacidad de transportar cada año unos 8.700 millones de metros cúbicos de gas natural. En octubre finaliza el contrato y Argelia no pretende renovarlo, con lo que Marruecos dejará de percibir el 7% de canon como derechos de paso que cobra en la actualidad, entre 50 y 200 millones de euros, según el año.
La intención de Argel es transportar gas a España a través de otro conducto, el Medgaz, inaugurado en 2011 y que conecta los yacimientos de Hassi R’mel con Almería. Tiene una capacidad de 8.000 millones de metros cúbicos y a partir del próximo enero podría transportar 10.000 millones de metros cúbicos. Pero incluso con la capacidad de Medgaz al máximo, España tendrá que recurrir a otros medios, como barcos, para conseguir la misma cantidad de gas que llega en la actualidad a través de los dos gasoductos. El coste del gas podría elevarse y terminar repercutiendo en el bolsillo de los españoles.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tiene previsto viajar este jueves a Argelia para abordar el problema del transporte del gas.
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