El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha obligado este miércoles a Polonia a pagar a la Comisión Europea una multa de un millón de euros al día por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas. Esta sala se encuentra en el centro de la batalla política y judicial a cuenta del Estado de derecho entre el Ejecutivo comunitario y el díscolo vecino del Este. La decisión llega en plena crisis entre Varsovia y Bruselas, agravada en las últimas semanas, después de que el Tribunal Constitucional polaco cuestionara la primacía del derecho comunitario y al mismísimo TJUE, colocando al país a un paso de la ruptura legal con la UE.
La justicia europea toma la decisión en un clima cada vez más tenso, al estimar que Polonia no ha suspendido de forma provisional, tal y como le reclamó el TJUE en julio, la sala disciplinaria del Supremo, un órgano todopoderoso que entre otras cosas puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. En esa fecha, el tribunal con sede en Luxemburgo exigió al Gobierno polaco que dejara en suspenso la actividad de esta sala hasta que el TJUE se pronuncie de forma definitiva sobre el caso, con el fin de evitar causar un “perjuicio grave e irreparable”.
“La mera existencia de disposiciones nacionales que permitan que el sistema disciplinario sea utilizado como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables y de los demás Estados miembros en cuanto a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable”, aseguraba el auto del TJUE del pasado mes de julio.
En la orden de este miércoles, el vicepresidente del tribunal europeo recuerda que el cumplimiento de estas medidas cautelares es necesario para evitar que se lesione de forma irreparable “al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, por consiguiente, a los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los individuos y a los valores en los que se basa la Unión, en particular el del Estado de Derecho”.
La decisión llega después de que la Comisión constatara la falta de movimientos por parte de Polonia desde julio, a pesar de las promesas de Varsovia de que tenía previsto desmantelar la cuestionada sala disciplinaria del Supremo. A principios de septiembre, el Ejecutivo comunitario decidió reclamar sanciones a la justicia europea, para exigir el cumplimiento del auto, y poner coto a una sala que puede seguir tomando decisiones potencialmente lesivas de forma impune.
En el último Consejo Europeo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, volvió a reiterar que se encuentra en sus planes acometer la reforma de la cuestionada sala, y se mostró dispuesto al diálogo con Bruselas.
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En un asunto judicial de 2017, el único precedente del que se tiene constancia en los despachos de Bruselas relacionado con medidas cautelares, el TJUE exigió una multa de al menos 100.000 euros al día por incumplimiento. El protagonista en aquella batalla también era Polonia, que se negaba a proteger un bosque primigenio. La presión funcionó: tras el anuncio de las multas, el Ejecutivo polaco tardó un día en enderezar su conducta. En esta ocasión, la sanción se ha multiplicado por diez.
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