Nuevo revés judicial a la política medioambiental del Gobierno francés. El tribunal administrativo de París ha ordenado este jueves al Estado “reparar los perjuicios ecológicos” provocados por incumplimiento de sus compromisos en materia de lucha contra el calentamiento global, específicamente al haber sobrepasado sus propios límites fijados de emisión de gases de efecto invernadero en sus “presupuestos de carbono”, y le ha puesto incluso una fecha para ello: el 31 de diciembre de 2022.
Hasta entonces, el tribunal “ordena” al primer ministro y “a todos los ministros competentes” que tomen “todas las medidas útiles para reparar el perjuicio ecológico y prevenir la agravación de los daños” provocados por no cumplir con sus propios objetivos de emisión de gases de efecto invernadero en su primer presupuesto de carbono (2015-2018), que los jueces calculan fue sobrepasado en 15 millones de toneladas de CO₂.
Las ONG que están detrás del denominado “caso del siglo” —Oxfam France, Greenpeace, Notre Affaire à Tous y la Fundación Nicolas Hulot (del que fue primer ministro de Transición Ecológica de Emmanuel Macron)— celebraron una decisión que “ha puesto en la ilegalidad al Estado y que hace que los dirigentes se vean ahora obligados a repararla hasta finales del año próximo”, dijeron en un comunicado. La sentencia además, destacaron, “impone al Estado duplicar la reducción de emisiones previstas entre 2021 y 2022″.
Los jueces dejan a la “libre apreciación” del Gobierno elegir las medidas que debe tomar para “reparar” los daños —”No le compete al tribunal sustituir al poder reglamentario eligiendo entre las múltiples reparaciones posibles”, había dicho la relatora pública, Amélie Fort-Besnard, durante la audiencia del 30 de septiembre, según el diario Le Monde— , pero sí dejan claro que los plazos, tras más de dos años de proceso, se han acabado: “La reparación del perjuicio deberá ser efectiva el 31 de diciembre de 2022″, subraya el fallo, celebrado por los demandantes como una “victoria” que “pone al medio ambiente en el centro del debate por la campaña presidencial” francesa de 2022.
“Este fallo inédito obliga al Gobierno actual, pero también al futuro o futura inquilino del Elíseo”, subrayaron las ONG al respecto. De ahí que la sentencia marque “una nueva era para las políticas ambientales de Francia: ningún presidente o presidenta podrá ya eximirse de actuar por el medio ambiente, bajo pena de poner al Estado fuera de la ley”.
La sentencia supone la victoria definitiva de los demandantes, que con el apoyo de 2,3 millones de firmas presentaron en marzo de 2019 una demanda contra el Estado por “insuficiencia culposa” ante el tribunal administrativo de París. En febrero, las ONG recibieron una primera victoria moral, después de que los jueces declararan al Estado “responsable” de “incumplimientos en la lucha contra el calentamiento global”. Los jueces sin embargo se dieron más plazo para dictar la sentencia, conocida este jueves.
Uno de los motivos del retraso fue que se declararon a la espera de lo que ha resultado ser el segundo golpe judicial contra el Estado por su política ambiental: en julio, el Consejo de Estado dictaminó que Francia no logrará reducir un 40% los gases de efecto invernadero en 2030 para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático. Por ello, le ordenó al Gobierno tomar, hasta el 31 de marzo de 2022, las “medidas suplementarias” y “útiles” que sean necesarias para garantizar las metas fijadas tanto internamente como a nivel internacional.
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