Un fiscal provincial de lavado de activos en Lima investiga a 19 personas, entre ellas al primer ministro y congresista oficialista, Guido Bellido, y al político marxista-leninista Vladimir Cerrón, fundador del partido de izquierdas Perú Libre, con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú. “Cerrón estaría en la cúspide de la organización criminal”, ha dicho el fiscal superior Rafael Vela, coordinador nacional de fiscalías especializadas en lavado de activos, en una entrevista televisada.
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Esta investigación viene de lejos. Otro fiscal abrió en junio una pesquisa por lavado de activos —derivada de indagaciones que inició en 2019 otra magistrada en la región Junín, donde Cerrón fue gobernador— y el viernes último incluyó en el expediente a Bellido, Cerrón y al hermano de este, el congresista oficialista Waldemar Cerrón. El partido político también ha resultado imputado. Cerrón tenía la intención de presentarse a las elecciones, pero la justicia se lo impidió. En su lugar, colocó al profesor de escuela Castillo. Los críticos sostienen que él es una especie de gobernante en la sombra.
En un documento de 47 páginas se cita las claves de una investigación en la que se descubre que trabajadores del gobierno regional de Junín —ligados a Perú Libre— pedían sobornos a ciudadanos que tramitaban licencias de conducir y pagos por nombramientos en puestos de trabajo en el Estado. Se sostiene que los dirigentes de esa formación usaron el dinero de esos cobros irregulares en campañas electorales y en la defensa legal de Cerrón, quien fue sentenciado en 2019 por corrupción durante su ejercicio como autoridad regional. Este caso se conoce como Los dinámicos del centro.
La pesquisa fiscal contra Bellido y los hermanos Cerrón durará hasta octubre de 2022. El primer ministro ha sido incluido entre los investigados porque era el dirigente de mayor rango del partido en Cusco, pero además fue uno de los líderes que recolectó fondos para que Cerrón pagara la reparación civil que debía al Estado como parte de su condena por corrupción. Al referirse al caso, el fiscal superior Vela sostuvo en el canal de cable RPP que Cerrón habría cometido “abuso del poder en el ejercicio de la función pública para realizar actividades ilícitas y buscar el financiamiento de la campaña que le permita luego acceder a la presidencia de la república”.
Todo el caso gira alrededor de la hipótesis de que la organización criminal se formó al “interior del partido político”, liderada por el neurocirujano Cerrón -quien fundó el partido en 2008 con otro nombre- y servía para “financiar indebidamente las diversas campañas del partido y financiar los pagos, servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la presunta organización criminal. El documento detalla movimientos bancarios de Cerrón de los últimos años en los que no ha podido acreditar el origen del dinero, incluidos 300.000 dólares (en soles) que intentó retirar del sistema financiero el mes pasado y que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló, debido a su condena por corrupción.
Sistema de justicia apto
El investigador y exjefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Yván Montoya, señaló a este diario que si bien la investigación abarca a personas que están en el poder, el sistema de justicia atraviesa un buen momento para encararla. “Los procuradores tienen autonomía de funciones y las estructuras de independencia de la Fiscalía se mantienen porque ha habido una depuración de los tres fiscales supremos más peligrosos que interferían o perturbaban procesos (anticorrupción) en años anteriores”, dijo. El abogado alude a tres magistrados que integraron la red de corrupción del sistema de justicia llamada los Cuellos Blancos del Puerto, destituidos en meses recientes. “Este es un gobierno de izquierda, y con esta investigación fiscal la población confirmará que la corrupción no tiene ideología. Pero también hay una percepción ciudadana de que este es un caso de corte regional de un partido que acaba de llegar al poder. No asocian al presidente Castillo con esas prácticas”, explicó el abogado Montoya.
La investigación fiscal ocurre en un contexto de críticas al Gobierno, debido a que algunos funcionarios de alto nivel nombrados son personas del círculo de Cerrón o del presidente, pese a no contar con la formación o experiencia para los cargos. El Gabinete debe comparecer en el Congreso en los próximos días para pedir el voto de confianza. En caso de ser rechazado por los congresistas, el presidente Castillo deberá presentar al menos otro nombre para ocupar el cargo de primer ministro que ahora mismo ostenta Bellido.
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