Tapa dura, bordes dorados, broche metálico: un libro de unas 200 páginas “muy bonito”. Rosario Bravo, de 98 años, hace una pausa para describir el diario que le regalaron por su 90 aniversario. Allí escribió sus memorias durante más de un lustro a petición de uno de sus hijos. Luego envolvía el libro con celo en una bolsita que posteriormente guardaba bajo la almohada. Esto fue hasta que se lo llevaron, como casi todo “lo de valor”. Hace un año, una comitiva judicial desahució por error su piso en un modesto sobreático en el barrio de La Torrassa, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Desaparecieron las tres camas, la lavadora, utensilios, ropa, dinero, joyas, la televisión… más de 23.000 euros en pertenencias según el peritaje de la compañía de seguros. La anciana pudo recuperar pronto su residencia, pero no sus enseres.
Nadie ha subsanado esta falta ni ha podido explicar dónde están sus pertenencias. “No queremos dinero. ¿Quién le devuelve a mi madre el valor sentimental de todo lo perdido?”, lamenta el hijo de Rosario, Emiliano, cansado de los distintos procesos judiciales que han seguido al suceso. La familia denuncia una serie de “negligencias”. El 19 de febrero de 2021, una comitiva compuesta por un procurador, un gestor judicial y un cerrajero fue a desahuciar a un vecino en el piso de abajo. Por equivocación entraron en la casa de Bravo cuando ella se encontraba unos días en casa de su hijo, en Terrassa. Tres días después, ante el aviso de una vecina que notó algo extraño, Emiliano fue al piso y descubrió que habían cambiado la cerradura, además de colocar la placa de una empresa de alarmas. Fincas Gual, que administra el inmueble, envió a una persona para abrir el piso. “Reconocieron que se habían equivocado”, indica Emiliano. La familia pronto observó que faltaban objetos.
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“La fotografía de mi marido no estaba”, se emociona Rosario, que recuerda cómo su cuñada se gastó “un buen dinero” con ella en un tiempo en el que, en su pueblo, “no había fotógrafo”. “Qué se hubieran llevado el cuadro si hiciera falta, pero que dejaran la foto”, exclama. Bravo, que nació en 1924 en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), enviudó cuatro años después de casarse. Entonces tenía dos hijos. Con ellos se instaló, hace ya 62 años, en el piso de L´Hospitalet, junto con tres hermanos, un primo y su madre, que falleció cinco meses después. Emiliano, uno de sus hijos, despliega sobre la mesa de su casa en Terrassa, la misma que su madre visita periódicamente, todos los documentos de las causas judiciales para recuperar los enseres perdidos. En uno de ellos muestra fotografías que exponen lo que había antes del desahucio y lo que quedó después de este. “Se lo llevaron todo”, lamenta Rosario.
Una semana después del desahucio, el abogado de la anciana presentó una demanda de nulidad de la actuación con el objetivo de recuperar todo lo sustraído. El juzgado les dio la razón. La propiedad, sin embargo, recurrió, pero la jueza los condenó a devolver las pertenencias, según los documentos presentados por la familia. El auto judicial señalaba que algunos electrodomésticos retirados “se dejaron en la misma calle” para que los recogieran los servicios de limpieza municipales. En abril registraron una segunda querella, esta vez penal, que acusaba a todas las partes implicadas de una serie de “negligencias” en el proceso. La denuncia iba contra la procuradora, el cerrajero y el gestor judicial, también contra la propietaria del inmueble y Fincas Gual.
Querella archivada
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Emiliano mantiene que la comitiva “falsificó” el acta judicial. En el acta impresa para ejecutar el lanzamiento ya aparece escrito que no había “nadie” en el piso, “ni tampoco bienes muebles de clase alguna a reseñar”: “¿A qué se refieren con reseñar? Además, ¿Usted cuando va a hacer un desahucio ya sabe que no va a haber nadie dentro del inmueble ni va a haber bienes ni enseres antes de verlo?”. Según Emiliano, la exconsejera de Justicia de la Generalitat Esther Capella, que se interesó por el caso, les transmitió en su momento que “este tipo de actas eran del siglo pasado”.
La querella, sin embargo, fue archivada por la jueza el pasado noviembre. En el auto, esta expone que los argumentos de los demandados, “claros, coherentes y sin contradicciones entre ellos”, muestran que “no hubo negligencia”, aunque hayan incurrido en un “lamentable error”. Preguntados por este diario, Fincas Gual ha remitido al despacho de abogados que los representa. Estos han declinado hacer declaraciones.
Uno de los argumentos que utilizaron los miembros de la comitiva judicial fue que no se podían identificar apropiadamente el número de los pisos, lo cual los indujo a error. De aquí que la comitiva, según el auto, haya preguntado a una vecina, que les indicó que el inmueble en cuestión, el de Rosario, “era el que buscaban”. La vecina, según critica Emiliano, no fue llamada a testificar, como tampoco llamaron a los miembros de su familia. Además, agrega, “unos meses antes” desahuciaron uno de los pisos en la planta inferior a la de su madre: entonces, subraya Emiliano, “no se equivocaron”. La familia ha recurrido el archivo de la causa. Aunque desde noviembre no han obtenido respuesta del juzgado, y no saben si esta se mantendrá o bien será desestimada.
Rosario tardó tres meses en volver a casa. No había camas donde dormir, ni utensilios para comer. Los enseres más básicos los repusieron sus hijos, con su propio dinero. Rosario cobra unos 700 euros de pensión, y la mitad de ese dinero es para pagar el alquiler del piso, donde vive sola desde hace casi 20 años. Según Emiliano, todavía no pueden solicitar el dinero correspondiente del seguro mientras la causa siga abierta. El próximo miércoles 23 de febrero, la familia, junto con amigos y vecinos, se concentrarán frente al juzgado de L´Hospitalet para reclamar una respuesta. En un comunicado enviado por la familia, estos subrayan: “Vamos a pedir que se haga justicia”.
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