El debate sobre la proposición de la ley de eutanasia en el Senado ha mostrado este miércoles las posiciones invariables que ya manifestaron los grupos en el Congreso: PP y Vox (también Unión del Pueblo Navarro, UPN) contra el resto. Los dos grandes partidos de la derecha presentaron sendos votos a la norma, que el resto rechazó, menos el Partido Aragonesista, que se abstuvo. Fueron 155 votos a favor de la ley, 100 en contra y tres abstenciones. Con la aprobación del texto, y dado que se han introducido 21 enmiendas, como dijo el martes la promotora de la ley, la ex ministra de Sanidad socialista María Luisa Carcedo, este vuelve a la Cámara baja, que deberá cerrar el proceso.
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La discusión tuvo un doble nivel. Por un lado, el ético o de principios, con ambos bandos contraponiendo la necesidad de defender la vida a toda costa (PP y Vox) frente a la autodeterminación del individuo —Laura Castel, de ERC, y Josep Maria Cervera, de Junts, no pudieron evitar el guiño a otros supuestos—, para el que la vida debe ser un derecho, pero no una obligación. Hubo un acuerdo inexcusable: “Todos vamos a morir”, como planteó de partida el senador de Compromís Carles Mulet. Pero no lo hubo sobre si se puede ayudar médicamente a hacerlo. Para la derecha, esto no solo va contra el código deontológico de los profesionales sanitarios, sino que abre la puerta a una “industria de la muerte” (José Manuel Marín Gascón, Vox) con médicos privados cobrando por practicarla, o a “inducir” su práctica a cualquier enfermo crónico que manifieste sufrimiento (Antonio Román Jasanada, PP). El representante de los populares puso en duda la constitucionalidad de la norma, pero no anunció claramente un recurso al respecto.
Varios senadores partidarios de la ley les recordaron cómo se habían opuesto al divorcio, al aborto y al matrimonio igualitario, para luego disfrutar de esos derechos. Alberto Prudencio Catalán (UPN), ha ironizado con la idea de la autodeterminación de las personas diciendo que, según eso, alguien podría decidir vivir en esclavitud.
El representante del PP también ha criticado que no se haya llevado a expertos al debate, y ha recordado que tanto el Comité de Bioética de España como la Organización Médica Colegial se oponen. Aunque la ley prevé la objeción de conciencia de los sanitarios, Román Jasanada ha dicho que ello conlleva apuntarse a un registro, lo que puede ser coercitivo porque puede suponer represalias, por ejemplo que no se les contrate.
Para quienes votaron a favor, se trata de defender que “el derecho a una buena vida incluye el de una buena muerte” (Castel, ERC); se trata de “un derecho a no verse sometido a un proceso degradante” (Francisco Javier de Lucas, PSOE); y esto “no va de imponer creencias ni decisiones, sino del derecho a vivir nuestra propia vida según nuestras convicciones” (Tomás Marco, Ciudadanos).
Otro de los aspectos generales del debate fue la supuesta colisión de la eutanasia con los cuidados paliativos. Para el PP y Vox, el desarrollo de estos últimos debería haber sido anterior, ya que solo llegan al 50% de quienes los necesitarían. El portavoz de Ciudadanos recordó que su grupo presentó una propuesta de ley para ello, que no salió adelante porque decayó la legislatura. Esther Carmona, del PSOE, recordó que hay una iniciativa nacional de paliativos y que estos están ya recogidos en la cartera de servicios del sistema nacional de salud. En este momento no hay ninguna iniciativa viva al respecto en el Parlamento.
La Comisión de Justicia del Senado ha vuelto a modificar las condiciones que debe cumplir quien quiera solicitar la eutanasia. Queda establecido así: “Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable”. El uso del término “imposibilitante” sigue siendo rechazado por el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), como recogió Miguel Sánchez López, quien pese a ser de Ciudadanos se opone a la norma, y afirma que es una manera de señalar a este colectivo. Fuentes del PSOE mantienen que es necesario para asegurarse de que personas que puedan estar en situaciones como la del tetrapléjico Ramón Sampedro puedan acogerse con plenas garantías, y que esta redacción evita personalizar esa condición. Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU cree que con quitar la mención ese supuesto estaría cubierto y se evitaría ese efecto estigmatizante.
Entre las enmiendas aprobadas se aclara que los plazos de cada una de las seis fases del proceso se cuenten en días naturales. Se siguen necesitando dos confirmaciones del paciente al principio, otra intermedia y una final en un trámite que, si no hay urgencia por la salud del solicitante, puede durar más de un mes). Además, la comisión autonómica que debe aprobar cada solicitud de eutanasia debe contar obligatoriamente entre sus miembros (por lo menos siete) con profesionales de enfermería además de médicos y juristas, pero el detalle lo fijará cada comunidad. No se incluyó obligatoriamente un especialista en enfermedad mental, como propuso el PP. Se mantiene la consideración de la eutanasia como un derecho incluido en la cartera del servicio nacional de salud, y —otro punto muy criticado— que las muertes así acaecidas se considerarán por causas naturales.
El propio texto prevé que la ley entre en vigor a los tres meses de su aprobación, pero eso depende de lo que tarde su paso por el Congreso. Joseba Koldobika Martinez (Geroa Bai), muy crítico con la redacción del texto, aunque a favor de regular la eutanasia, cree que haría falta por lo menos un año para llevar a cabo todos los 25 preparativos (desde la formación de las comisiones hasta la digitalización de las historias clínicas) necesarios para que pueda ponerse en práctica. Nerea Ahedo (PNV) resumió su actitud con un “¡Por fin!”, aunque criticó que el texto en su trámite haya perdido el lenguaje inclusivo (duplicando el masculino y el femenino). Y destacó una de las últimas encuestas a respecto, de Ipsos, con un apoyo del 85% a la norma.
La eutanasia está regulada en el mundo en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, partes de Estados Unidos y Australia. Portugal tiene una ley aprobada que no ha entrado en vigor. En Colombia el Constitucional la admite, pero no hay una regulación al respecto.
Ángel Hernández, marido de María José Carrasco, la mujer que se suicidó ingiriendo un medicamento que él le preparó, y familiares de Maribel Tellaetxe, quien murió sin que sus hijos pudieran ayudarle a fallecer como ella quería, han seguido la sesión desde la tribuna de invitados.
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