Tras cuatro oscuros años de mandato de Donald Trump para el medio ambiente, la Administración del demócrata Joe Biden pretende dar un giro de 180 grados con medidas como la reincorporación inmediata al Acuerdo de París que este mismo miércoles ha puesto en marcha el nuevo presidente de EE UU. Pero Biden y su equipo tienen por delante un enorme trabajo para recuperar de nuevo las regulaciones climáticas y ambientales que Trump ha desmontado —más de un centenar de estas normas han sido anuladas en estos cuatro años, según los cálculos de The New York Times— y para que su país vuelva a ser un actor internacional fiable y clave en este tipo de asuntos.
A más de 6.400 kilómetros de Washington, en un municipio de la provincia española de Almería, también aguardan un cambio de actitud del nuevo Gobierno federal para que se termine de resolver un problema que el Ejército de EE UU generó hace 55 años: la contaminación por plutonio y uranio de varias parcelas de Palomares tras un accidente de aviación que causó la caída de cuatro bombas nucleares hace más de medio siglo. “Ya toca”, dice Antonio Fernández Liria, el alcalde de Cuevas de Almanzora, la pedanía almeriense a la que pertenece Palomares.
El regidor dice estar “convencido” de que con la nueva Administración demócrata “se va a retomar” el protocolo que en octubre de 2015 firmaron los Gobiernos español y estadounidense para la limpieza de las áreas que todavía tienen presencia de plutonio y uranio. “Hay mejores condiciones que nunca”, dice esperanzado. Tras años de negociaciones infructuosas, en 2015 se logró cerrar aquel memorando, que suponía que España se haría cargo de la limpieza y EE UU se llevaría las tierras contaminadas.
Sin embargo, aquel papel no pasó de ser una declaración de intenciones y no se llegó a materializar; primero por la inestabilidad electoral en España y luego por la llegada de Trump, que renegó del protocolo. Y, una vez más, el problema se quedó sin resolver y las tierras contaminadas —unos 50.000 metros cúbicos en total— sin limpiar.
El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que desde la firma de aquella declaración de intenciones en 2015, España ha mantenido su “objetivo de lograr un acuerdo jurídicamente vinculante que permita la rehabilitación integral de la zona” y que así se lo han trasladado a la Administración norteamericana en los últimos años. Sin embargo, el Gobierno de Trump se desentendió de aquel memorando que se había firmado bajo la Administración de Barack Obama. Ahora, con Biden, Exteriores sostiene que “se mantiene la voluntad del Gobierno de lograr avanzar en la resolución de la cuestión de Palomares”. La declaración de intenciones la firmaron hace seis años el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (PP) y el ex secretario de Estado de EE UU John Kerry, al que Biden ahora tiene intención de nombrar su enviado especial contra el cambio climático.
El accidente
Palomares quedó marcado para siempre la mañana del 17 de enero de 1966. Un bombardero B-52 y un avión de reabastecimiento, ambos de EE UU, colisionaron en el aire durante la operación de repostaje que solían hacer en esta zona de la costa almeriense. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares. Por suerte, las armas no explotaron, pero dos se rompieron y esparcieron casi una decena de kilos de plutonio y uranio por la pedanía de Cuevas de Almanzora.
El Ejército de EE UU puso entonces en marcha una operación Broken Arrow (Flecha Rota en inglés), el nombre que reciben los accidentes con armas nucleares. Cientos de soldados junto con operarios de la Junta de Energía Nuclear (JEN) acudieron a la zona y realizaron unas labores de limpieza. En marzo de aquel año la dictadura dio por resuelto el asunto con el famoso baño de Manuel Fraga y con los certificados que el régimen y el Ejército de EE UU repartieron a los vecinos de Palomares y Villaricos (otra de las pedanías afectadas) en los que se aseguraba que sus terrenos estaban descontaminados.
Se emitieron cerca de 900 certificados de este tipo y el Ejército norteamericano se llevó 4.810 bidones —de 242 litros cada uno— llenos de tierras y residuos radiactivos. Pero atrás se dejaron más desechos enterrados en zanjas y un rastro de contaminación que aún perdura hoy en varias parcelas, que ocupan unas 40 hectáreas de superficie y que fueron valladas en 2007.
Un informe de 2010 del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) establecía que existían alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierras afectadas. Sin embargo, la declaración de intenciones firmada en 2015 por EE UU y España reduce a 28.000 metros cúbicos la tierra a descontaminar, según critica José Ignacio Domínguez, el abogado medioambiental que junto a Ecologistas en Acción ha demandado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La causa se abrió en 2017 en la Audiencia Nacional y está pendiente del fallo. “Pedimos que no se espere a los estadounidenses, que se limpie y se almacenen las tierras contaminadas hasta que se las lleve EE UU. Esas tierras no pueden estar al aire”, denuncia Domínguez.
“La Audiencia Nacional debería, al menos, obligar al CSN a poner una fecha para la limpieza”, añade Domínguez. El retraso en descontaminar las parcelas afectadas no solo se debe a las negociaciones estancadas entre los dos países. También al “olvido y la dejadez durante años por parte de muchos Gobiernos”, lamenta el alcalde de Cuevas de Almanzora. De hecho, fuentes del CSN sostienen que nunca se ha aprobado un programa de limpieza de la zona, que tendría que ser impulsado por la Administración central. Solamente existe aquel informe del Ciemat de 2010 llamado “proyecto preliminar de rehabilitación” en el que se cifraba en 50.000 metros cúbicos las tierras afectadas, pero que nunca se transformó en un plan concreto de limpieza. Es una situación similar a la que ha ocurrido hasta ahora con la declaración de intenciones que EE UU y España firmaron en 2015 y que algunos esperan que se reactive con la llegada de Biden.
Oscurantismo
El Ministerio para la Transición Ecológica —que tiene las competencias tanto en materia de medio ambiente como de energía— ha rechazado contestar a las preguntas de este periódico. El oscurantismo en todo lo que rodea al accidente de Palomares ha sido una constante, y no solo en la dictadura, también en los años de democracia. Hasta tal punto que la Audiencia Nacional ha mantenido un importante pulso con el Gobierno central para que permita acceder a Ecologistas en Acción al documento de 2010 sobre el “proyecto preliminar de rehabilitación” de Palomares. Finalmente, el Consejo de Ministros accedió a finales del pasado año a levantar ese secreto y las partes personadas en la causa podrán acceder al documento, aunque sin realizar copia alguna, según un reciente auto al que ha accedido EL PAÍS.
Para conocer las noticias más importantes de Clima y Medio Ambiente de EL PAÍS apúntese aquí a nuestra newsletter semanal.
Siga la sección de Clima y Medio Ambiente en Twitter y Facebook