El 6 de enero de 2002 es una fecha indeseable para los jerarcas de la Iglesia católica. Como regalo de Reyes Magos, la unidad de investigación de The Boston Globe demostró que entre el 7 y el 10 por ciento de los sacerdotes católicos de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, eran abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.
La publicación causó un impacto global y tuvo como consecuencia la dimisión del arzobispo Bernard Law, todopoderoso cardenal de esa ciudad y miembro de la curia romana, protector de sacerdotes que eran o habían sido violadores sistemáticos de niños en decenas de parroquias bajo su autoridad eclesial. La investigación de The Boston Globe también causó que más de 50 diócesis de Estados Unidos fueran declaradas en quiebra financiera por las denuncias de miles de víctimas de sus sacerdotes pederastas, antes protegidos y de pronto desenmascarados.
El trabajo de The Boston Globe ganó el premio Pulitzer en 2003 y fue llevado al cine en la película Spotlight, que en 2016 obtuvo el premio Oscar. Al final, tras los créditos de la cinta, aparecieron los nombres de 206 ciudades en las que habían sucedido casos similares a los de la Arquidiócesis de Boston: 105 eran estadounidenses y 101 eran ciudades del resto del mundo, entre ellas Medellín, la segunda más grande de Colombia y la de mayor cantidad de sacerdotes del país, una fortificación del catolicismo latinoamericano.
Spotlight fue el origen de esta investigación de Vorágine y CONNECTAS, que logró precisar una información que la Iglesia hubiese querido mantener en secreto: la identidad de 43 sacerdotes que han trabajado o vivido en la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Medellín y que han sido denunciados por abusar de niños, niñas y adolescentes en esa ciudad. Ahora, por primera vez, se reconstruye la trayectoria de esos curas que, en algunos casos, fueron trasladados de parroquia, una conducta que podría haberse utilizado para ocultar las acusaciones.
La información aquí detallada proviene directamente de cinco fuentes. La primera es la Arquidiócesis de Medellín, obligada a descorrer las cortinas y abrir sus archivos secretos después de una batalla jurídica de tres años. Esta alianza periodística preguntó por 105 curas sobre los cuales la autoridad clerical apenas otorgó información parcial. Pese a los recursos de amparo de la información, la Arquidiócesis de Medellín se sigue negando a responder un derecho de petición que solicita conocer si existen denuncias por abuso sexual contra otros 915 sacerdotes de su jurisdicción.
La segunda fuente de información que sustenta este trabajo proviene de la Fiscalía General, que tiene un expediente con los nombres de los sacerdotes que han sido denunciados por abuso sexual a menores de edad en todo el país. Algunos de esos nombres los entregó la Arquidiócesis de Medellín tras el compromiso que firmó la Conferencia Episcopal de revelar la identidad de algunos sacerdotes denunciados por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
La tercera es una fuente protegida, la cuarta es un sacerdote que reconoció que sí ocurrieron “situaciones personales” en las que se involucra un menor de edad. Finalmente, la quinta fuente son los sobrevivientes que nos han contado en sus propias palabras las historias de abuso y maltrato a las que fueron sometidos, algunos durante años, la mayoría cuando eran niños y adolescentes.
Todos los sacerdotes aquí mencionados fueron contactados por celular o correo electrónico, o de modo personal mediante visitas a sus parroquias, y también a través de sus superiores eclesiales. De los 13 que respondieron, solo uno aceptó haber abusado sexualmente de un menor de edad.
Los 43 curas denunciados por pederastia y abuso sexual en Medellín
Hasta ahora, solo tres sacerdotes han sido sentenciados por la justicia, aunque el único caso conocido era el del pederasta Mario de Jesús Castrillón Restrepo, condenado a 100 meses de prisión por la justicia colombiana y, sin embargo, absuelto por el derecho canónico. Aunque resulta increíble por la contundencia de sus crímenes, la Arquidiócesis de Medellín volvió a nombrarlo en un cargo oficial para trabajar en comunidad y con niños después de salir de la cárcel. Según el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo, que le brindó su absolución, la Iglesia no encontró méritos para condenarlo y decidió promoverlo.
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El caso de Mario de Jesús Castrillón Restrepo resultó llamativo y sintomático. Si no se conocían más procesos judiciales contra sacerdotes pederastas en Medellín era porque la Arquidiócesis había tenido la cautela de resolverlos sin informarles a las autoridades civiles, en algunos casos pagando millonarias sumas de dinero a las víctimas y a sus familias, según el testimonio de una fuente protegida. Tras la compra de esos silencios encubridores, los sacerdotes abusadores eran cambiados de parroquia e, incluso, sacados del país, lejos de cualquier posibilidad de verdad y justicia.
El 21 de marzo de 2018, se publicó el primer hallazgo de estas investigaciones: 17 sacerdotes habían sido denunciados por pederastia y abuso sexual en la Arquidiócesis de Medellín. Ese día se conocieron solo nueve nombres, la mayoría los confirmó el arzobispo de la ciudad, en la única entrevista que concedió y en la que, después se comprobó, mintió sin sonrojo. Fue el obispo de Brooklyn, Nueva York, Anthony DiMarzio, quien desenmascaró a Ricardo Tobón Restrepo y lo denunció ante las autoridades vaticanas por haberle recomendado al sacerdote Roberto Cadavid Arroyave, en noviembre de 2012, después de haber sido suspendido en febrero de ese mismo año por acusaciones de abuso sexual contra menores de edad en Colombia.
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El arzobispo de Medellín no solo le ocultó esa información a su homólogo de Brooklyn sino que, además, se atrevió a presentar a Cadavid como un sacerdote honorable, digno de confianza. Todo quedó en cartas, pero el arzobispo de Medellín dijo en audio que no sabía que el cura había trabajado en Estados Unidos.
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Tobón Restrepo también protegió al telepredicador Carlos Yepes, denunciado tres veces por abusos sexuales contra menores de edad y suspendido por el papa Francisco. La cesación temporal del excapellán de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia y del Centro Comercial Oviedo fue posible a pesar de la férrea protección de sectores políticos y sociales de la ciudad. El telepredicador, reconocible por el tono engolado de su voz y un acento más bien afectado y pomposo, suele hacer prédicas diarias que miles de seguidores en sus redes sociales celebran entusiastas.
Mientras al menos 19 de estos 43 curas siguen ejerciendo el sacerdocio y recibiendo su salario, los sobrevivientes de los abusos son revictimizados y no encuentran verdad, justicia ni reparación. Así se lo contaron a Vorágine y a CONNECTAS Luisa y Daniel, laicos comprometidos que dicen haber sido abusados sexualmente en su infancia por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín.
Estas historias no tienen eco en una arquidiócesis en la que el discurso contra las víctimas proviene, justamente, de sus más altos jerarcas.
En marzo de 2017, el padre Juan Diego Ruiz, abogado de la Arquidiócesis de Medellín y también denunciado por abusar sexualmente de un menor de edad, dijo en un programa de televisión: “Hay situaciones de denuncias de pederastia de muchachitos donde los padres inducen a los niños para esa actividad”. En noviembre de 2019, en una reunión privada, el arzobispo Ricardo Tobón Restrepo les dijo a sus sacerdotes: “no es fácil crear caminos para atender adecuadamente a las víctimas, que a veces no dicen la verdad, que a veces quieren aprovecharse de la circunstancia, que a veces piden ayuda y después dicen que se les hizo mal con la ayuda que se les dio”.
En diciembre de 2020, monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar de Medellín, sermoneó en una misa, báculo en mano: “Para mí es un acto de profunda ignorancia cuando un periodista o cuando un juez o cuando alguien enmarcado en la ley condena a la Iglesia. ¡Por Dios! ¡Eso es pura ignorancia, porque la Iglesia es divina! ¡Y lo que es divino no puede ser juzgado por los hombres!”.
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