Emilio Lozoya, el exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016, fue detenido hace un año exacto en una urbanización de lujo cerca de Málaga, España. Desde entonces se ha engrosado el expediente que involucra a uno de los hombres más cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. El caso, una ramificación de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht, se desarrolla desde hace meses entre escasa transparencia y la polémica causada por los beneficios otorgados al político a cambio de colaborar con la justicia. Con estas premisas, cunde el temor de que el escándalo de corrupción, con repercusiones en los equilibrios políticos de México, quede impune.
La instrucción entró en una nueva fase el 28 de julio, cuando España extraditó a Lozoya. El exdirectivo llegó a su país e ingresó alegando una anemia y problemas de esófago en una clínica privada, desde donde participó en la primera audiencia por videoconferencia. El instituto mexicano de Transparencia y Acceso a la información ha ordenado este miércoles a la Fiscalía hacer público el parte médico que evitó que Lozoya pisara la prisión en el caso que se le sigue por cohecho y lavado de dinero. Las autoridades lo vinculan también con otros pagos irregulares de la siderúrgica Altos Hornos de México y de empresas relacionadas con la constructora española OHL, como reveló EL PAÍS recientemente. Aquel día, Lozoya solicitó una figura conocida como criterio de oportunidad que, en la práctica, lo convirtió en una suerte de testigo protegido. Desde entonces no ha pisado un juzgado.
A cambio de beneficios y de seguir el proceso en libertad, Lozoya contó a la Fiscalía que la trama de corrupción en la que supuestamente participó llegaba a lo alto de la cúpula del Gobierno de Peña Nieto. Acusó al exmandatario y a uno de sus hombres más leales, su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, quien supuestamente recibió y destinó unos 500 millones de dólares a la campaña electoral del PRI de 2012 y a la compra de votos de congresistas de la oposición para asegurar la aprobación de la polémica reforma energética, que abría el sector a las empresas privadas después de décadas de política nacionalista. También implicó en la trama a los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La información pública del caso se administró con cuentagotas, con filtraciones y declaraciones veladas del fiscal general, Alejandro Gertz, quien hace diez días aseguró en un encuentro con senadores del PAN que el proceso sigue su curso y el exdirector de Pemex será juzgado.
Desde principios de diciembre, sin embargo, no hay información que indique que el caso avanza. A finales de enero, la Fiscalía pospuso la audiencia del exsenador del conservador PAN, Jorge Luis Lavalle, a quien Emilio Lozoya ha acusado de haber recibido los sobornos para una parte de la bancada del partido que avaló la apertura energética, entre ellos los exsenadores Ernesto Cordero, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez. Lavalle rechaza las acusaciones a pesar de que uno de sus colaboradores ha admitido aparecer en unos videos en los que recibe fajos de dinero en efectivo. “Ejerceré mi derecho de defensa frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya”, escribió Lavalle el 26 de enero.
Un caso en la oscuridad total
La opacidad es uno de los mayores motivos de preocupación en torno al caso. La plataforma de abogados Tojil y Transparencia Mexicana enviaron el 9 de julio una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, días después de que España extraditara a Lozoya a México. Las organizaciones exigieron apertura en un caso que se ha convertido en la bandera de la cruzada anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el Consejo de la Judicatura dispuso restricciones adicionales, obligadas por la pandemia, a las audiencias iniciales. “El principio de publicidad constitucional de las audiencias penales no debe afectarse por esas medidas [sanitarias]. Esto es especialmente importante en un caso que podría estar vinculado a una red transnacional de corrupción asociada con la empresa Odebrecht. La transparencia de este procedimiento resulta de interés público a nivel nacional e internacional”, indicaba la carta de la asociación.
De poco sirvió. La judicatura informó de las únicas audiencias de Lozoya en México por un grupo de Whatsapp. También fueron descartadas solicitudes al juez y amparos, relata la abogada Adriana Greaves, de Tojil, quien cuestiona que se concediera a Lozoya la oportunidad de colaborar con la justicia y rechaza la estrategia de la defensa, que lo está presentando como “un mero engranaje” de la trama corrupta. La jurista considera crucial enmarcar el proceso en el conjunto del caso Odebrecht, que infiltró y sobornó –o al menos trató de hacerlo- a decenas de administraciones en toda América a cambio de concesiones y contratos. Desde que se conociera la dimensión del escándalo, entre finales de 2016 y principios de 2017, las investigaciones han provocado auténticos terremotos políticos en Perú, Ecuador, Brasil y en Colombia. México corre el riesgo de convertirse en una excepción.
“El caso Lozoya, una vez traído a México, ya daba señales extrañas. Esas sospechas y esas extrañezas iniciales se han ido confirmando”, afirma el abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha. “No quedaban claras las razones por las cuales a Lozoya se les pretendía conceder los beneficios del criterio de oportunidad, y esa extrañeza resultaba del tipo de delitos de los que se le ha acusado”, sostiene este experto, que además ve en los señalamientos del exdirectivo de Pemex un relato lleno de rumorología ya conocida. “Era más una narrativa novelesca basada hipótesis. Señalaba de manera selectiva más a manera de cotilleo, chismorreo, con información no sustentada”, valora. “Un año resultó tiempo más que suficiente para que Lozoya hubiese proporcionado elementos de pruebas que den sustento a informaciones de mayor tamaño y relevancia”.
Los fiscales de la investigación han sugerido que están dispuestos a suspender los dos procesos en contra de Lozoya antes del 7 de marzo si este aporta pruebas suficientes y robustas para sostener sus acusaciones. La prueba del ácido será la comparecencia formal del exsenador Lavalle, que aún no tiene fecha, a pesar de haber reiterado su voluntad de defenderse de lo que él considera “mentiras políticamente motivadas”. Si el caso contra Lavalle no prospera será difícil que los señalamientos de Lozoya, un hombre libre por el momento, se mantengan en pie.
A estas consideraciones se añade la mediatización del proceso en pleno año electoral, donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se refiere al caso cada tanto desde sus conferencias matutinas para cargar contra la clase política que le antecedió y cuyos partidos se han cobijado en una gran alianza opositora rumbo a los comicios de julio. A principios de año admitió que este caso lleva ya tiempo y pidió que se informe sobre la evolución de las pesquisas. Mientras tanto, pese a ser casos muy distintos, otro fantasma sobrevuela el proceso y es lo que sucedió con el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Acusado de narcotráfico, extraditado desde Estados Unidos y finalmente exonerado por la Fiscalía.
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