Una de los aspectos más diabólicos de los abusos en la Iglesia es que su lenguaje funciona como una suerte de esperanto del crimen. Se traslada con los mismos patrones entre países. Los métodos y las historias se parecen asquerosamente. Giorgio Babicz, de 38 años, comenzó su calvario cuando apenas tenía 11 en la ciudad de Lublin, en Polonia. El cura que se encaprichó de él, después de mil tretas para toquetearlo con el pretexto del consuelo de la ausencia paterna, fue trasladado a Italia y lo convenció para que fuera tras él. Hijo de una familia rota, con un padre alcohólico y violento, todos convinieron que aquel sacerdote tan cariñoso ofrecía una buena salida para el pequeño. Giorgio se vio sumido en una condena en vida por aquel párroco, que lo sometió a incontables abusos en la parroquia de Santa Maria Oliveto, en la humilde región de Molise. Su historia, como la mayoría de las otras 360 que ha contabilizado la asociación Rete L’abuso en Italia en los últimos 17 años, terminó de la peor manera para él. Son pocos comparados con la estimación real. Y casi nunca son resarcidos en ningún sentido. Pero el país transalpino, farolillo de cola en la lucha contra esta plaga, empieza también a afrontar la necesidad de hacer cuentas con su pasado.
El cura que abusó de Giorgio, protegido por los superiores que terminaron denunciando a la víctima por supuestas difamaciones, le tuvo durante años sometido a un calvario que incluía acostarse con un perro en la cama de al lado mientras él se masturbaba. Lo hizo hasta que fue mayor de edad y se rebeló. Hasta que decidió largarse con mil traumas a cuestas. “Debió de buscarse a otro, porque veía que hablaba por Skype todo el día con alguien que estaba en Polonia”, recuerda por teléfono este miércoles por la tarde. Hoy vive en Milán, con su madre, que volvió de Polonia después de ver cómo su hijo se sumía en una tormenta de alcohol, sustancias y terapias. Tiene mil problemas, el consuelo de una hija y el apoyo de la asociación Rete L’abuso, la única en Italia que aglutina a las víctimas del acoso sexual sistémico de la Iglesia católica en Italia.
Giorgio Babicz, víctima de abusos en Italia, en la plaza de San Pedro, en Roma, el pasado jueves.Antonello Nusca
Las estimaciones del posible número víctimas en Italia están de largo entre las más altas de Europa. Francesco Zanardi, abusado cuando era niño por un sacerdote de Savona y presidente de la asociación, que acaba de lanzar la iniciativa #ItalyChurchToo (Iglesia italiana también) para intentar sacudir el estático tablero, cree que podrían rondar el millón de casos en los últimos 70 años. En la web de la asociación hay un mapa diseñado con los casos registrados en los últimos 17 años: 360, de los cuales 163 son condenados en firme. Todos los otros siguen abiertos o han sido archivados. “Son todos casos demostrados, con la foto del cura”, señala Zanardi. “Italia tiene más del doble de curas que Francia, así que pensamos que las cifras pueden ser mucho más altas (la Conferencia Episcopal Francesa las cifró en 300.000). Pero no basta una comisión como la francesa, hay víctimas a las que deben resarcir. No queremos solo un inventario de números, sino que se haga justicia”, señala.
Italia ha vivido de espaldas a este fenómeno en las últimas décadas. La proximidad del Vaticano y la implicación de la Iglesia en las costumbres políticas y sociales del país han convertido esta batalla en algo marginal. La única interpelación parlamentaria, propuesta por el senador Matteo Mantero en 2017, hoy parlamentario del grupo de izquierda Potere al popolo!, cayó en saco roto. “Yo solo fui el portavoz político de la asociación. Ellos se documentaron durante años. Han hecho emerger los pocos casos que se han admitido o investigado en Italia. Pero son solo la punta del iceberg”, señala. Pero se hizo el silencio también en el Parlamento. “Después de cinco años todavía no hemos tenido una respuesta. No es obligatorio recibirla. Las preguntas parlamentarias se hacen a un grupo grande, a discrecionalidad de los ministerios. Y las más incómodas no tienen respuesta. Pero ha pasado demasiado tiempo. Es un tema muy delicado. En Italia hay un velo de omertà (código de silencio) sobre este fenómeno, aunque se está empezando a hablar más. Y la voz de las asociaciones es fundamental para romper ese muro. ¿Por qué existe? Porque hay una fuerte matriz católica en el país, y porque desgraciadamente en nuestro país los temas de los derechos sociales son tratados con mucha dificultad porque ha habido mucha injerencia de la Iglesia y del Vaticano para que quedasen apartados del debate público”.
La resistencia de las diócesis
Esta semana, por primera vez, se ha comenzado a mover algo. La revista Left ha activado un archivo que contabiliza los casos; la BBC ha emitido un documental sobre el asunto; y el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), Gualtiero Basetti, ha abierto por primera vez la puerta a una investigación sobre los casos de abusos en las últimas décadas. El problema es que hasta que se celebren las elecciones en la cúpula de la Iglesia el próximo mayo, no se moverá nada. “Él quiere hacer una comisión interna. Pide a las diócesis casos, pero las diócesis dan los casos que quieren. Y además no resarcirían a las víctimas. En mayo tiene que haber elecciones en la CEI, dudo que la cosa vaya a cambiar. El problema es que los obispos italianos no quieren remover ese avispero”, señala Zanardi.
La Conferencia Episcopal Italiana tiene mucha influencia dentro del Vaticano. La organización de prelados tiene hoy en su consejo permanente a cinco obispos acusados por las víctimas de encubrimiento. Según Rete L’abuso, la única asociación con estadísticas fiables en Italia, se han conocido alrededor de unos 300 casos hasta la fecha y hay alrededor de 140 sacerdotes condenados desde 2000. No ha habido ninguna comisión de investigación eclesial y un número muy inferior a los casos reales han sido juzgados en los tribunales ordinarios. La reivindicación central de las víctimas en Italia, más allá de la reparación moral y económica, es muy clara: la Iglesia debe implantar la obligatoriedad de trasladar todos los casos que conocen las diócesis a la justicia ordinaria. Los avances en España, el otro país europeo de influencia católica que menos había hecho hasta ahora, han devuelto vigor a la batalla que libran las víctimas en Italia. La impresión, sin embargo, es que la política está todavía muy lejos de apoyar esta lucha.
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