“No nos moverán”. Después de más de seis décadas viviendo en Sheij Yarrah, el palestino Nabil al Kurd se acomoda en una silla en la calle, como si estuviera en su propia casa, frente a una edificación que luce una estrella de David de neón en la fachada. “Ahora todo el mundo sabe ya lo que pasa en Jerusalén”, sentencia este jefe de almacén jubilado, nacido hace 77 años en Nazaret, de donde su familia tuvo que huir en 1948 tras el nacimiento del Estado de Israel. La policía rodea la barriada desde hace un mes, cuando el Tribunal Supremo de Israel suspendió el anuncio de su decisión final sobre la expulsión de varias familias palestinas del distrito a causa de una demanda de colonos judíos que reclaman la propiedad de sus viviendas.
Convertido en una especie de gueto aislado, al que solo pueden acceder sus residentes, Sheij Yarrah está rodeado de puestos de control de las fuerzas de seguridad. Los agentes se presentaron el domingo en casa de Al Kurd para llevarse detenidos a sus dos hijos gemelos: la activista digital Muna y el poeta Mohamed, de 23 años. Ambos se han erigido en principales portavoces de un levantamiento pacífico que ha hecho llegar a través de las redes sociales el mensaje de los vecinos de Sheij Yarrah, que llevan más de 15 años pleiteando para impugnar su desahucio. Twitter o Instagram han transformado su movilización en símbolo inteligible a escala global –la de quien pelea por seguir en su propio hogar– para la causa palestina. Muna fue conducida esposada desde su domicilio. Mohamed, que no se encontraba en casa, se presentó más tarde en comisaría, donde fue acusado de “perturbar el orden público con actos tumultuarios”. Los dos fueron puestos en libertad tras varias horas de interrogatorios.
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“Nos están presionando para que nos vayamos, pero seguiremos siempre aquí. Mis hijos casados, sin embargo, no me pueden venir a ver por culpa de los controles”. Junto al patriarca de los Al Kurd, Mohamed Sabbagh, de 72 años, exempleado de un hospital del Monte de los Olivos, se protege también del sol mientras ambos aguardan la llegada del cónsul de Turquía en Jerusalén, con quien van a reunirse. El despliegue policial en torno a la barriada trata de impedir la presencia de manifestantes palestinos y de pacifistas israelíes, pero permite el paso a diplomáticos y periodistas.
El día anterior a la detención de los gemelos Al Kurd, la policía de fronteras, un cuerpo militarizado, había arrestado a la periodista Givara Budeiri, corresponsal de Al Jazeera en Israel. Acreditada ante la Oficina de Prensa del Gobierno e identificada con un chaleco con la inscripción “Prensa”, en inglés, fue arrastrada a empujones hasta un coche patrulla cuando cubría una manifestación en Sheij Yarrah.
Los agentes la acusaron de agresión a la autoridad, aunque en vídeos grabados en la zona solo se observa un forcejeo cuando ella insistía en exhibir su acreditación oficial. Cuando salió de la comisaría se dirigió a un hospital con un brazo fracturado. La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén ha reclamado sanciones para los policías responsables del arresto. “Sin que mediara provocación, fue golpeada y rompieron su equipo”, reza su comunicado.
“No esperamos ningún cambio si hay un nuevo Gobierno en Israel y se marcha (Benjamín) Netanyahu. Solo más de lo mismo”, coinciden los veteranos vecinos, cuya vida ha transcurrido bajo la arbolada vaguada del distrito, entre 74 edificaciones y unos 550 habitantes palestinos, al norte del recinto histórico amurallado. “Quiero seguir aquí hasta el fin de mis días, y que mis descendientes puedan continuar en la casa”, expresa el deseo de todos los presentes Sabbagh, quien comparte una misma manzana de viviendas con una familia israelí. El retén permanente en el que los vecinos reciben a los visitantes se sitúa frente a un toldo donde, de tanto en tanto, montan guardia los colonos en la acera contraria. Son algo menos de un centenar de israelíes, distribuidos en 13 inmuebles.
El contencioso de Sheij Yarrah parecía hibernado desde el 9 de mayo, cuando el Supremo israelí canceló en el último momento el anuncio de la sentencia sobre el desahucio de otras cuatro familias, un fallo que iba a sentar un precedente para el resto de los 28 afectados por la demanda de un grupo nacionalista radical israelí. La asociación, que promueve el asentamiento de colonos israelíes en Jerusalén, había adquirido los derechos de propiedad a una fundación religiosa que compró los terrenos hace más de un siglo, bajo administración otomana, para instalar un santuario junto a la tumba de Simón el Justo, un sumo sacerdote judío de la antigüedad. Los violentos disturbios en la Ciudad Vieja de Jerusalén que precedieron a la decisión del Alto Tribunal y la escalada bélica en la franja de Gaza que siguió a continuación marcaron aquella fecha como un hito en la reciente historia palestina.
Mohamed Sabbagh llegó con su familia a Sheij Yarrah con apenas ocho años y no concibe otro horizonte urbano. Creía que 64 años más tarde iba a ser imposible detener la maquinaria de la justicia israelí. “Ahora hemos conseguido hacer llegar nuestro mensaje a América, a Europa, a casi todas partes, y no estamos solos”, reflexiona en voz alta junto con Nabil al Kurd. “Pero no ha sido un trabajo de líderes, sino de todos. Hemos tenido, eso sí, portavoces que han sabido comunicar al mundo el cambio que está sufriendo Jerusalén”, reconoce.
Un mes más tarde de que el Supremo parara el reloj del proceso de desahucios, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, se ha lavado las manos y ha declinado intervenir para pedir la revisión del expediente judicial. La Fiscalía considera el caso como otra disputa inmobiliaria más entre particulares, entre propietarios con título reconocido y ocupantes irregulares, con escasas opciones de que desemboque en un fallo favorable para los residentes de Sheij Yarrah.
Cuenta atrás para la sentencia final
La cuenta atrás para que Supremo dicte sentencia firme ya ha comenzado. “El fiscal general intenta librarse de cualquier responsabilidad”, sostiene la organización israelí Paz Ahora. “Pero no se puede tratar el caso como un pleito privado entre partes presuntamente iguales”, advierte esta ONG contraria a la ocupación, “sin considerar las leyes que discriminan a una de ellas”. Las próximas sesiones del Alto Tribunal concluyen el 20 de julio, con el fin el año judicial.
La fundación religiosa que gestionaba el santuario de Simón el Justo abandonó la zona este de la ciudad tras la partición de Jerusalén en 1948: la parte occidental, judía y controlada por Israel, y la oriental, árabe y bajo administración de Jordania. Muchos refugiados palestinos, que habían perdido sus casas y tierras en el nuevo Estado de Israel, fueron realojados en propiedades vacantes como las de Sheij Yarrah. En 1967, tras la conquista israelí de Jerusalén Este, los propietarios originales esgrimieron sus derechos antes de vendérselos a una organización que impulsa la presencia de colonos, con el objetivo declarado de reforzar el carácter judío de la Ciudad Santa. Cerca de 3.000 palestinos que viven en unos dos centenares de edificios de Jerusalén oriental están pendientes de desahucio, recuerda Paz Ahora.
Los derechos de los propietarios judíos para recuperar sus bienes no caducan. Los de los palestinos en el actual territorio israelí perdieron validez tres años después de su salida y pasaron a manos del Estado –en la denominada custodia de propiedades de ausentes– que los cedió después a familias judías. “Durante décadas, los tribunales se han basado en un sistema legal discriminatorio”, destacaba el martes Haaretz en un editorial. “Pero es un sistema imposible de defender en la escena internacional”, concluía el diario israelí, “y no puede ser aceptado como algo lógico o moral por cualquier persona sensata”.
“No sabemos cuándo será la nueva vista en el Supremo. Dentro de semanas, tal vez días”, apunta Sabbagh antes de dirigirse con su vecino al encuentro con el cónsul turco. “Pero con dos leyes distintas, una para ellos y otra para nosotros, tenemos las de perder”. Sabe que el mundo está observando con atención este rincón de Jerusalén por si se puede estar llevando a cabo una limpieza étnica de decenas de familias palestinas. A su lado pasa una patrulla de agentes fronteras de Israel en uniforme de campaña, con el fusil de asalto al hombro. “Mientras tanto”, se despide, “aquí seguimos estando rodeados por la policía”. “Pero ya conocen en todas partes cuál es nuestra situación”, había remarcado poco antes Al Kurd, “y al fin nos han escuchado”.