La Mesa del Congreso ha aprobado este miércoles con los votos del PSOE, PP y Vox y la oposición de Unidas Podemos la tramitación de la comisión de investigación de la financiación de Podemos. Pero este será todo el recorrido que tendrá. Los socialistas han permitido la tramitación de la comisión que afecta al socio minoritario del Gobierno porque jurídicamente se ajusta a derecho, pero votarán en contra de su creación la próxima semana en la Junta de Portavoces, donde cuentan con los votos suficientes. Entre las funciones de la Junta está fijar la fecha del debate de las iniciativas que aprueba la Mesa e incluirlas en el orden del día de los plenos.
“No hay caso, es un asunto que se está tratando en el ámbito de la justicia, Podemos ha mostrado su plena disposición a colaborar y no vamos a participar en la estrategia del ventilador del PP de que todos los partidos son iguales. Hay un partido en este país, que es el PP, que ha sido condenado por financiación irregular”, ha argumentado Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista en el Parlamento. Los populares fueron condenados en mayo de 2018 como persona jurídica por corrupción en el caso Gürtel. El PP registró en agosto la solicitud de abrir una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias a raíz de la denuncia de José Manuel Calvente, un exabogado de la formación. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas advirtió de posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Podemos en las elecciones generales de abril del año pasado. “El PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue a su socio en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando”, dijo la portavoz del PP, Cuca Gamarra, cuando su partido solicitó la apertura de una investigación en el Parlamento.
La Mesa, que está formada por nueve miembros -tres del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox-, también ha admitido la tramitación de la comisión de investigación a las empresas españolas a las que se adjudicó la construcción del AVE con los votos favorables del PSOE y de Unidas Podemos. PP y Vox lo han hecho en contra. La petición para abrir una comisión de investigación al consorcio de firmas que construyeron la línea de alta velocidad en Arabia Saudí la registraron en julio ocho partidos. ERC, Junts, Bildu, Más País, Compromís, la CUP, BNG y Nueva Canarias la solicitaron tras los vetos de la Mesa del Congreso a abrir pesquisas sobre las presuntas comisiones recibidas por el rey emérito por su adjudicación, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Al igual que la comisión de investigación parlamentaria de las cuentas de Podemos, tampoco se creará. “Se ha admitido en clave jurídica ya que los letrados [de la Cámara] no han aportado ningún inconveniente. El PSOE, sin embargo, tampoco la considera de interés: hay un propósito implícito de sus firmantes, que quieren controlar la acción del anterior Jefe del Estado, pero entre las funciones del Congreso no está el control al Jefe del Estado”, ha observado Simancas.
Con los mismos votos se ha tramitado la comisión de investigación sobre el espionaje a políticos catalanes. ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País, la Cup, BNG y Compromís la pidieron tras la información de EL PAÍS sobre el presunto hackeo del teléfono móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent. Esta comisión tampoco se debatirá en el hemiciclo, ya que tampoco contarán con el voto favorable del PSOE en la Junta de Portavoces.
Unidas Podemos estudia ir al Constitucional para que se investigue al rey emérito
Unidas Podemos contempla muy seriamente presentar un recurso al Tribunal Constitucional tras las reiteradas negativas en la Mesa del Congreso para abrir una investigación sobre el rey emérito. “Es una posibilidad muy probable”, ha reconocido Pablo Echenique, portavoz del grupo confederal. Gerardo Pisarello, de su mismo grupo y secretario primero de la Mesa, ha sido más tajante y lo da por seguro. “Nos parece inaceptable que se obstaculice esta investigación en las Cortes. El rey emérito lleva 30 días escondido en una monarquía autoritaria”, ha afirmado sobre su marcha el 3 de agosto a Emiratos Árabes Unidos. El PSOE se opone.
La Fiscalía General del Estado anunció en junio que Juan Carlos I estaba siendo investigado por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE saudí. La clave es determinar si el monarca cometió algún delito tras su abdicación en junio de 2014. En ese momento perdió la inviolabilidad que la Constitución reconoce al jefe del Estado.
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