La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, llega este jueves a Colombia en una visita de tres días en la que tratará el apoyo de España a la implementación del acuerdo de paz y conocerá sobre el terreno las necesidades de los migrantes venezolanos en el que es por mucho el principal país de acogida y planea regularizar a un millón de indocumentados. González Laya se reunirá en Bogotá con el presidente Iván Duque, así como con diversas autoridades y empresarios, antes de cerrar su viaje en la fronteriza ciudad de Cúcuta. La ministra española sostendrá en la capital colombiana encuentros con la canciller Claudia Blum, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la alcaldesa Claudia López, así como con representantes de las instituciones de justicia transicional surgidas de los acuerdos.
La visita del sábado a Cúcuta, la principal urbe colombiana sobre una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, es una nueva muestra del compromiso del Gobierno de España con los países impactados por el éxodo venezolano, según han explicado fuentes diplomáticas. Madrid es solidaria con el esfuerzo que realizan en un contexto de pandemia las naciones receptoras en América Latina, como evidencia la conferencia de donantes que organizó en mayo del año pasado. Más de cinco millones de venezolanos han huido en los últimos años de su país empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas. De ellos, cerca de un tercio se ha asentado en busca de oportunidades en la vecina Colombia.
“La voz de España ha sido determinante en la divulgación sobre esta crisis migratoria y en la convocatoria de la cooperación. Estamos ante el éxodo más grande de América y el segundo del mundo después de Siria”, destaca la canciller colombiana, Claudia Blum, en declaraciones a este periódico. “Ningún país puede asumir ese desafío solo, y por eso la cooperación internacional es absolutamente esencial para poder complementar la respuesta de Colombia como el principal país de acogida”.
Este será el primer encuentro de alto nivel entre Madrid y Bogotá desde que Duque anunció a comienzos de mes un estatuto temporal de protección que se propone regularizar a los venezolanos que ya se encuentran en el país. Con el paso del tiempo, el mecanismo –con una vigencia de 10 años– beneficiará a todos los ciudadanos venezolanos en Colombia, pero especialmente a los 966.714 que en diciembre de 2020 estaban indocumentados, de acuerdo con las cifras de las autoridades. El naciente Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) pone a Bogotá a la vanguardia de las políticas migratorias en América Latina.
“Colombia ha tenido una política migratoria fraterna, solidaria, con cerca de 1.800.000 venezolanos que tuvieron que salir de su país por la crisis social y humanitaria generada por el régimen ilegítimo de Venezuela”, explica Blum. “Nuestro país les ha garantizado atención en salud, acceso a educación, programas de nutrición infantil y muchos otros servicios sociales estatales. Con el estatuto la idea es regularizar a cerca de un millón de personas que no tenían todavía definida su condición migratoria, lo que les va a permitir una mejor integración social y económica”.
Desde que llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2018, Duque se encuentra radicalmente enfrentado a Nicolás Maduro, al que no reconoce y califica de “usurpador”. Su apoyo irrestricto a la oposición encabezada por Juan Guaidó ha elevado en distintos momentos la tensión entre dos vecinos que comparten una línea limítrofe de difícil control, llena de pasos informales conocidos como “trochas”. Bogotá acusa a Caracas de dar cobijo tanto a las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz como a la guerrilla del ELN. “La salida política de Venezuela no es otra que la convocatoria urgente de elecciones presidenciales y legislativas, que sean libres, democráticas y transparentes”, reafirma Blum al subrayar la importancia de la presión internacional.
“España ha jugado un papel fundamental en la coordinación de las mesas de donantes, tanto con el Rey Felipe como con el presidente [del Gobierno, Pedro] Sánchez hemos logrado que ellos entiendan el alcance de esta medida y queremos que España sea un articulador para que esa ayuda internacional pase de las declaraciones a los desembolsos”, manifestó Duque sobre el estatuto el pasado martes, cuando posesionó al nuevo embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, y se refirió a la visita de González Laya. “Seguiremos pidiéndole al Reino de España su colaboración en la implementación de la paz con legalidad, ellos han estado con nosotros en los territorios viendo los proyectos con enfoque territorial, viendo además los proyectos de desminado”, señaló el mandatario durante el evento.
La jefa de la diplomacia española también planea reunirse con las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crimenes más graves cometidos durante el conflicto armado con las extintas FARC; la Comisión de la Verdad, que este año presentará su informe final; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Las tres instituciones conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido del acuerdo de paz, que ha contado con el decidido respaldo de la comunidad internacional. Al Gobierno de Duque le corresponde la implementación de ese histórico pacto, sellado a finales de 2016, a pesar de que el mandatario resultó elegido con el apoyo de los sectores que se oponían a los diálogos con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en un partido político que fue rebautizado en enero como Comunes.
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