El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de expresidente boliviano Evo Morales, aceptó la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre decretada por el Tribunal Electoral, aunque lo hizo con la condición de que no vuelvan a postergarse por ningún motivo. La Asamblea Legislativa, controlada por este partido opositor, aprobó una ley que ratifica esta fecha, que había sido inicialmente modificada por el Tribunal Electoral, causando un grave conflicto social. La adhesión del MAS a la nueva fecha fue considerada una “traición” por los dirigentes de los sindicatos obreros y campesinos que desde hace una semana están bloqueando el tráfico en contra del aplazamiento de las presidenciales y por otras demandas. Sin embargo, poco después estos sindicatos ordenaron el levantamiento de las barricadas de las carreteras. Los dirigentes de la zona aymara del país (ubicada en la región de La Paz, al occidente) han dicho que continuarán su lucha hasta lograr la renuncia de la jefa del Gobierno interino, Jeanine Áñez, pero es improbable que puedan mantener sus acciones por muchos días más.
Áñez presentó la nueva ley como un logro de su Gabinete, que ha resistido la presión de la élite de Santa Cruz, las asociaciones empresariales y varios medios de comunicación para que reprima las protestas y despeje las rutas por la fuerza. En lugar de esto, la presidenta ha preferido alentar el desprestigio de los bloqueos, que han perjudicado el aprovisionamiento de oxígeno medicinal a unos hospitales desbordados por la pandemia y que, además, han encarecido fuertemente algunos alimentos. En las últimas horas se ha difundido un vídeo en el que un hombre agonizante, que murió poco después, reclama a los manifestantes por la falta de oxígeno para enfrentar las complicaciones de la covid-19. Según el oficialismo, alrededor de 40 personas han fallecido por culpa de los bloqueos de carreteras.
Los dirigentes sindicales se han defendido señalando que la carestía de oxígeno es previa a estos y se debe a la ineficiencia gubernamental, ya que no se ha aumentado la oferta ni se han usado aviones para trasladar la sustancia desde Santa Cruz —donde se fabrica principalmente— al resto del país.
La impopularidad de las protestas iniciadas por el MAS llevó a este partido a cambiar de opinión y aceptar la nueva fecha (en lugar de seguir pujando por el 6 de septiembre) por miedo a perder más apoyo en las ciudades, donde ya tiene problemas por la radical oposición en su contra de las clases medias y las más acomodadas. Varias veces Evo Morales pidió desde Argentina que se aceptase el 18 de octubre. Eso sí, el MAS introdujo en la ley una cláusula que considera que es un delito intentar cambiar una vez más la fecha de las elecciones.
Paralelamente, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una de las instituciones que dirigió las protestas previas al derrocamiento de Evo Morales en noviembre pasado, exige que las elecciones se posterguen sine die y que se prohíba al MAS participar en ellas. El presidente de esta institución, Rómulo Calvo, escandalizó a una parte del país calificando a los manifestantes que bloquean las carreteras como “bestias humanas” sin racionalidad. Otra parte de la población, en cambio, apoyó su declaración.
El candidato del MAS, Luis Arce, se encuentra en el primer lugar de todas las encuestas, aunque no se sabe si el apoyo que tiene le alcanzará para ganar unas elecciones diseñadas en dos turnos. Los sindicatos involucrados en el bloqueo son parte del MAS o han colaborado estrechamente con su Gobierno durante 14 años. El giro de este partido los ha dejado en una situación comprometida, ya que se retiran de la movilización con las manos vacías. La líder de las mujeres campesinas, Segundina Flores, denunció que fueron abandonados por “la [gente de] clase media” que maneja al MAS hoy y que en el pasado lo condujo tan mal que provocó la caída de Morales.
En la zona aymara de La Paz, este conflicto ha mostrado la reaparición de grupos radicales que se presentan como “autoconvocados” para diferenciarse del MAS y de sus sindicatos. Insisten en mantener aislada a la capital administrativa del resto del país. Exigen la renuncia de Áñez, pues consideran que su Gobierno es “racista”. Se estrellan contra los tres ministros que tienen origen croata, en particular contra Branko Marincovic, un enemigo del Gobierno de Morales que —según este— intentó derrocarlo en 2008 e independizar al Departamento de Santa Cruz del resto de Bolivia. Marincovic, que acaba de entrar al Gabinete, es uno de los principales empresarios de la agroindustria nacional y niega esta última acusación.
Una vista aérea de un punto de bloqueo en El Alto, en las afueras de La Paz, Bolivia. David Mercado/ REUTERS | VIDEO: AFP,REUTERS,EFE
El más conocido de los dirigentes aymaras movilizados es Felipe Quispe, que en una reciente entrevista con la prensa local dijo que todos los Gobiernos desde la fundación del país “son extranjeros, son coloniales que vinieron de Europa, de Croacia, de otros lugares”. “Ellos nos gobiernan y nosotros seguimos abajo. Inclusive nos han visto como a bestias humanas. Nos han visto como salvajes”. Quispe cree que los blancos deben irse “a su madre patria”. “Entonces nosotros vamos a autogobernarnos. Ahí vamos a tener un gobierno de los Mamani, los Condori, los Quispe”, dijo.
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