Tumbada sobre el asfalto boca abajo, con las manos esposadas y la rodilla de una policía sobre su espalda, una mujer grita y se queja ante la mirada de otros tres agentes. Instantes después, queda inconsciente y se escucha a los policías decir “aún respira” antes de cargar el cuerpo en el coche patrulla. La mujer, Victoria Esperanza Salazar Arrianza, de 36 años y nacionalidad salvadoreña, fallece de camino a la comisaría. Las escenas de la brutal detención a manos de la policía municipal de Tulum, grabadas por los vecinos y subidas a las redes sociales, han vuelto a prender la mecha de la indignación en uno los rincones turísticos más exclusivos del Caribe mexicano.
La difusión de los hechos, sucedidos la tarde del sábado, ha provocado la reacción de las instituciones del Estado de Quintana Roo e, incluso, del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La Fiscalía estatal anunció este domingo que ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad de los policías municipales en el caso. El comunicado de la Fiscalía ya califica lo sucedido como “homicidio”, a expensas de que finalice la autopsia y los estudios de los peritos forenses sobre la causa del fallecimiento.
Bukele, por su parte, ha secundado el comunicado de su Cancillería que exige “a las autoridades mexicanas celeridad en el proceso judicial”. A través de un mensaje de Twitter, su modo habitual de marcar la agenda, el presidente salvadoreño incidió en que a los que hicieron esto “les caiga todo el peso de la ley”.
El suceso, según la versión policial, se produjo tras una llamada por “alteración en la vía pública y agresión a trabajadores y transeúntes” en una tienda ubicada en la colonia Tumben Ka. Según la misma versión, Salazar mostró un comportamiento “agresivo” que desencadenó la dura detención policial. Después de ser inmovilizada, el relato oficial concluye que “posteriormente se desmayó. La subieron a la unidad y en el camino comenzó a convulsionarse; le quitaron las esposas y la trasladaron al centro de salud; demoraron en ingresarla y, cuando llegó la ambulancia, la declaró sin signos vitales”.
El alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah, ha salido también al paso con un vídeo publicado en sus redes sociales. “Es inaceptable”, señaló el regidor, además de anunciar que los cuatro policías han sido retirados de su cargo mientras la Fiscalía realiza la investigación. Pocas horas después de salir a la luz el suceso, durante la tarde del domingo, una protesta convocada ante la dirección municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum derivó en altercados y enfrentamientos entre manifestantes y policías.
La policía de las zonas turísticas del Caribe mexicano están en el ojo del huracán desde que en noviembre, un grupo de unos 50 agentes municipales de Cancún, a menos de dos horas en coche por la costa caribeña de Tulum, disolvieron a tiros una manifestación feminista frente al Palacio Municipal. El saldo de la brutal represión fue de dos periodistas con heridas de bala y denuncias de agresiones sexuales por parte de las autoridades durante la marcha.
Los hechos precipitaron incluso una rotunda condena de parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México). “La policía debe regirse por principios de uso de la fuerza, que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas”, exigía la ONU en un comunicado que vuelve a cobrar vigencia tras los hechos de este sábado en Tulum.
Las relatoras especiales hacían hincapié además en la obligación del Gobierno de “proteger, y no atacar, a las mujeres”. En México son asesinadas 10 mujeres al día. Ocho de cada 10 han sufrido violencia machista. Y apenas se llega a denunciar el 4% de los delitos de violencia sexual en el país. Organizaciones feministas mexicanas condenaron la muerte de Salazar. La Red Feminista Quintanarroense apuntó que es una muestra de la “nula capacitación y garantía de los derechos humanos, y la inexistencia de protocolos de detención con perspectiva de género”.
Las corporaciones locales son uno de los eslabones más polémicos de la débil cadena institucional mexicana y una de las grandes cuentas pendientes en la tarea de regenerar y sanear los resortes del Estado. Casi cada uno de los gobiernos federales recientes ha anunciado un plan para preparar correctamente y depurar unas corporaciones a menudo corroídas la corrupción y el crimen organizado.
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