El derecho a la nacionalidad está reconocido en numerosos convenios jurídicos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) , que en su artículo 15 estipula que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
La decisión adoptada por el presidente Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas críticas con su Gobierno, tras declararles esta semana “traidores a la patria”, apenas tiene precedentes en el mundo en las últimas décadas y puede contravenir el ordenamiento jurídico internacional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que entró en vigor en 1978 y fue firmada por 23 países, entre ellos Nicaragua, establece en su artículo 20, sobre el Derecho a la Nacionalidad, que:
“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el organismo encargado de velar por la aplicación de esta convención.
También la Convención adoptada por Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia, que entró en vigor en 1975, aborda el tema de la retirada de nacionalidad y tras establecer en su artículo 7 que “el nacional de un Estado no podrá perder su nacionalidad si al perderla ha de convertirse en apátrida”, en su artículo 9 señala que los Estados “no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.
Sin embargo, esta Convención establece (artículo 8) algunas excepciones que permiten a los Estados privar de nacionalidad, entre ellas “conducirse de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado” o “dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que debe al Estado contratante”.
En caso de que el Estado decida la retirada de la nacionalidad, la Convención subraya que el interesado “podría servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano independiente”.
Tras declararse la Primera Guerra Mundial y durante las dos décadas siguientes, varios países europeos adoptaron medidas para privar de la nacionalidad a ciudadanos que consideraban que habían realizado “actos antinacionales” o a favor del enemigo. El primero fue Francia en 2015 y le siguió Bélgica.
Anteriormente, en 1926, el régimen fascista italiano promulgó una ley contra los ciudadanos que se habían mostrado “indignos de la ciudadanía italiana” y el 4 de julio de 1933 el gobierno nazi de Adolf Hitler, entre las numerosas leyes que discriminaban a los judíos, aprobó a Ley de revocación de la naturalización y del reconocimiento de la ciudadanía alemana, que privaba de la ciudadanía a los judíos alemanes recientemente naturalizados.
La retirada de la nacionalidad también ha sido una práctica utilizada en las dictaduras latinoamericanas, caso de la de Chile, donde el dictador César Augusto Pinochet privó de la nacionalidad a opositores como el miembro del Gobierno de Salvador Allende Orlando Letelier -en 1976, cuando ya se hallaba exiliado en Washington y once días antes de ser asesinado por la explosión de una bomba en su coche- o el sindicalista Ernesto Araneda, en 1977.
En los últimos años, países como Francia o el Reino Unido han adoptado medidas para retirar la nacionalidad a algunos condenados por terrorismo.
En 2015 Francia privó de la nacionalidad a cinco condenados que tenían doble nacionalidad, en una decisión avalada cinco años después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que valoró que la medida no les convertía en apátridas al poseer otra nacionalidad.
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) existen en el mundo cerca de 10 millones de apátridas, muchos de ellos por la falta de reconocimiento de una etnia específica dentro de un territorio o restricciones a la extensión de la ciudadanía a hijos nacidos en el exterior.
En las últimas décadas varios conflictos han generado cientos de miles de apátridas, entre ellos la desintegración de la Unión Soviética; la negativa del Gobierno de Bangladesh a reconocer la ciudadanía a alrededor de 300.000 bihari de lengua urdu al lograr el país la independencia en 1971; o la decisión de las autoridades de Myanmar de privar de su nacionalidad a más de 800.000 rohingya.
También Tailandia concentra un elevado número de apátridas, 800,000 según datos de 2021, nacidos en el país y que llevan residiendo en él durante generaciones, en su gran mayoría procedentes de tribus del norte y noreste del país.
Entre los casos de apátridas famosos, en este caso por decisión propia, están el de Albert Einstein, que voluntariamente renunció a su nacionalidad alemana en dos ocasiones, la primera para evitar el servicio militar (1896-1901) y la segunda ante la llegada de Hitler al poder (1918-1933); o el ajedrecista Víktor Korchnói, quien renunció a la nacionalidad soviética y se declaró “ciudadano del mundo” o apátrida tras desertar del régimen comunista en 1976.
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