En la madrugada del 18 de agosto de 1936, el poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas fueron asesinados por un pelotón de fusilamiento falangista. 85 años después sus cuerpos aún permanecen en paradero desconocido y la realidad es que el interés por localizarlos es limitado. Solo Nieves García, la nieta del maestro, muestra insistencia en localizar a su abuelo y, también, al poeta. Tras la negativa de un juzgado de Granada y del Tribunal Constitucional, García ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, para que obligue al Estado español a localizar los restos de ambos.
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Eduardo Ranz es el abogado que acompaña a la nieta del maestro republicano en esta lucha desde el principio. “Buscamos un fallo que permita la recuperación de Galindo, de Lorca y, también, de los dos banderilleros anarquistas”, explica Ranz, que tiene “una esperanza grande porque nuestra demanda está basada en una cuestión de derechos humanos”. Ranz escribe en su demanda ante el tribunal europeo que la nieta de Galindo ha “sufrido una vulneración de derechos garantizados por el Convenio, discriminación y exclusión del proceso de investigación”. La demandante estima, por tanto, que el Estado español no ha mostrado la diligencia suficiente para recuperar los restos mortales que, como indica la demanda, están “previsiblemente inhumados en el Parque Federico García Lorca de Alfácar, en Granada”.
La búsqueda de los restos de Lorca y quienes supuestamente podrían estar enterrados con él no se enmarca en un proyecto permanente de localización, sino que cada cierto tiempo se pone en marcha alguna campaña. Todas ellas infructuosas hasta el momento. Unas porque después de algunas semanas de búsqueda han resultado infructuosas y otras, la última por ejemplo, porque los estudios previos con georradar al inicio de la búsqueda indicaban que el lugar elegido no albergaba ningún resto humano.
La familia de Lorca ha mostrado siempre su distancia respecto a la búsqueda de los restos del poeta. Hace casi dos décadas, su sobrina Laura García Lorca declaraba a este diario que respetaban y comprendían a la familia de Galindo y Galadí, pero que “desde el punto de vista histórico, creo que las cosas que podríamos aprender de Federico con estas exhumaciones son menores; poco más que saber el lugar exacto donde están los cadáveres”. Años después, en 2015, volvió a decir que la familia no necesitaba saber “cuántos tiros le dieron” al poeta.
Fracasos sucesivos
Nieves García, sin embargo, lleva años intentando encontrar a su abuelo. En 2009, tras una de las búsquedas infructuosas realizadas en Alfácar, reconoció que “después de 14 años, tenemos que empezar de cero”. Desde entonces, ha llevado el caso a diversos tribunales. En 2019 solicitó, sin éxito, autorización para la búsqueda en un juzgado granadino. Meses después, la Audiencia Provincial de Granada rechazó el recurso contra esa decisión. En febrero de este año, García y su abogado llevaron el asunto al Tribunal Constitucional, que desestimó el recurso. La demanda ahora en Estrasburgo es la última instancia judicial a la que se puede acudir.
La causa presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace un repaso a todos los argumentos desarrollados en los tribunales anteriores. Sobre el lugar donde pudieran encontrarse los restos, el texto menciona el certificado de defunción de Lorca, que habla de su muerte “a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra, siendo encontrado su cadáver el día veinte del mismo mes en la carretera de Víznar a Alfácar”, y las investigaciones del periodista Víctor Fernández, que indican que en 1986 se realizaron obras en el que hoy es Parque Federico García Lorca y que allí se encontraron huesos que se trasladaron a un lugar cercano. Sobre la actuación de los tribunales, el abogado explica que los involucrados en este caso “han resuelto de forma completamente opuesta a la línea mantenida por el Tribunal Supremo y la mayoría de los Tribunales españoles, en relación con la licitud y aplicación de leyes de amnistía, la prescripción y el carácter y naturaleza de la desaparición forzada de personas y los crímenes contra la humanidad en tanto crímenes de derecho internacional”.
Finalmente, el abogado explica que, además, “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable”, algo que consideran que no se ha producido hasta hoy, ya que su petición ha sido siempre inadmitida o archivada, con deliberaciones “a puerta cerrada, sin posibilidad de estar presente, ni como parte, ni como observador, ni la víctima ni Letrado o Procurador, todo ello sin especificar la causa de dicha negativa del público a estar presente”.
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