El presidente de la Junta Electoral tunecina (ISIE), Farouk Bouascar, anunció la noche de este martes en rueda de prensa que el porcentaje de votos favorables a la nueva Constitución alcanzó el 94,6% en el referéndum convocado para avalar la ley fundamental patrocinada por el presidente del país, Kais Said, mientras que tan solo un 5,4% de los ciudadanos que acudieron a las urnas se decantó por el no.
La aprobación de la nueva Constitución, que muchos expertos definen como “autocrática o “hiperpresidencialista” al concentrar en manos de Said casi todos los poderes del Estado, estaba garantizada ya que no había umbral mínimo de participación. Además, la mayoría de la oposición había optado por boicotear la consulta al considerar “ilegítimo” el proceso político que la gestó por derivar de un “golpe de Estado” —hace un año Said declaró el estado de emergencia para asumir plenos poderes y gobernar por decreto— y la tasa de participación fue solo del 27,5%. Así, la Constitución nace con una legitimidad maltrecha, lo que hace presagiar un agravamiento de la crisis política que experimenta el país.
La plataforma Frente Nacional de Salvación, que agrupa a algunos de los principales partidos, solicitó la dimisión de Said en un comunicado en el que también cuestionó la validez de los resultados, dadas la baja participación y las “dudas sobre la imparcialidad y la independencia del ISIE”. En mayo Said relevó de forma unilateral a los miembros de la Junta Electoral, una institución que había sido elogiada por haber organizado de forma transparente todas las elecciones del periodo posrevolucionario.
A diferencia de lo ocurrido en anteriores procesos electorales, esta vez las autoridades no permitieron la llegada de misiones de observación extranjeras. Tan solo algunas ONG locales, como la Asociación Tunecina para la Integridad de la Democracia y las Elecciones (ATIDE), desempeñaron esta tarea. Bassem Mattar, presidente de la organización, afirma que se registraron “numerosas infracciones de la ley, como la falta de respeto de la jornada de reflexión, el acompañamiento de los ciudadanos dentro de los colegios, y varios problemas con el registro de votantes”. Asegura, sin embargo, no tener información de ningún pucherazo. “Pero solo había observadores en 450 de los 11.000 colegios”, matiza.
Sayida Ounissi, que fue diputada del Parlamento ahora disuelto por el partido islamista Ennahda y exministra de Trabajo, considera que aun dando por buenos los números del ISIE, la votación es un “fracaso” para Said. ”Tan solo una pequeña minoría de la población ha aprobado su Constitución a pesar de haber puesto todos los medios del estado a su disposición”, sostiene. “Ya nadie podrá decir que Said aún tiene una popularidad estratosférica”, remacha. El presidente fue elegido en 2019 con más del 70% de los sufragios, una cifra histórica.
El analista Youssef Cherif sostuvo que la participación había sido mayor de lo que auguraban la mayoría de los observadores, “pero menor de lo que pretendía Said”. Eso sin embargo no impidió que el lunes, tras el cierre de los colegios electorales, Said se diera un baño de masas por la icónica avenida Burguiba del centro de la capital. “No hay marcha atrás posible. El presidente detenta su legitimidad solo del pueblo”, proclamó. También aprovechó para afirmar: “Los partidos políticos existen en virtud de la Constitución. No los voy a disolver”.
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Sus palabras no tranquilizaron a la oposición. Especialmente a Ennahda, que teme convertirse en blanco de la represión de Said si su popularidad continúa erosionándose los próximos meses. “Han desaparecido todas las protecciones recogidas en la Constitución de 2014. En cualquier momento pueden ilegalizarnos y arrestarnos”, advierte Ounissi, que denuncia presiones de la ministra de Justicia a la judicatura para que encarcele a Rachid Ghannouchi, el líder histórico del partido islamista.
La próxima etapa en el proyecto político de Said es la celebración de las legislativas el 17 de diciembre, que probablemente boicoteará también la oposición. La nueva Constitución no especifica la división de competencias entre las dos Cámaras legislativas y tampoco ofrece parámetro alguno para la ley electoral. Por lo tanto, el presidente también la promulgará de forma unilateral. “Vamos a tener una democracia real, no una formal”, sostuvo el presidente entre vítores de sus seguidores.
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