La informalidad y la baja participación de la mujer en los mercados de trabajo son dos losas para los principales países latinoamericanos. La primera se traduce en la ausencia total de coberturas para el trabajador y en una menor recaudación para el sostenimiento de los servicios públicos; la segunda, en un rasgo de desigualdad que lastra un crecimiento de por sí más bajo que en otros países emergentes. En este caldo de cultivo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha urgido este viernes a los Gobiernos de la región a poner en marcha medidas que cierren la brecha de género y a atajar de una vez por todas los elevados ratios de trabajo informal, una disfunción común —con distintos grados— de Tijuana a Ushuaia.
Las cifras hablan por sí solas. La tasa de participación laboral de la mujer en América Latina es en promedio 20 puntos porcentuales inferior a la de sus pares hombres, según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): solo una de cada dos mujeres participan en los mercados de trabajo regionales, frente a una ratio de tres de cada cuatro en el caso de los hombres. Las cifras mejoran, como reconocía la propia OIT en su último informe anual, pero aún queda un largo trecho por recorrer hasta que se nivele la participación de ambos sexos. Y esa menor participación se traduce, a su vez, en menor ocupación femenina: del 45% frente al 69% de los hombres.
La informalidad es igualmente preocupante: más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos acude cada día a su puesto sin ningún tipo de cobertura ni garantías, de las que sí gozan los trabajadores registrados, como el acceso a la sanidad o la cotización para una futura pensión de retiro. Y ejerce de freno sobre la productividad en una región que no está ni mucho menos para tirar cohetes.
De ahí el interés de la OCDE en su última edición del informe anual Going for Growth, un libreto de recomendaciones a todos los países miembros de la organización —que reúne en su seno a las economías más industrializadas del mundo, entre ellas México, Colombia y Chile— y a un ramillete de naciones que, pese a no formar parte, son analizadas —con Brasil, Argentina y Costa Rica como grandes exponentes latinoamericanos—. Los consejos de política pública son individuales y distan mucho entre unos y otros, pero la preocupación por la equidad del mercado laboral regional y la informalidad son una constante.
México, la segunda economía de la región y la cuarta más grande del continente americano —a pesar de que las condiciones de su mercado laboral (formalidad, salarios y derechos laborales, como vacaciones), distan mucho de lo que cabría esperar para su nivel de renta— centra buena parte de la zozobra regional. Tanto en lo tocante a la incorporación femenina al trabajo —”la media de horas trabajadas está entre las más altas de la OCDE, pero la baja participación de la mujer reducen la contribución del empleo sobre el crecimiento”— como en lo referente a la informalidad —”que persiste y arrastra consigo a la productividad y el crecimiento económico, y constituye una fuente de desigualdades en el ingreso y en el acceso a los servicios públicos”—.
Para poner coto a la galopante tasa de empleo informal en México (que roza el 60%, según los últimos datos disponibles), los técnicos de la organización llaman al Gobierno a reducir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores de menor cualificación, y a mejorar los servicios públicos de cuidado de los más pequeños. También a la simplificación de las regulaciones fiscales y regulatorias, y a aumentar el número de inspectores que velan por su cumplimiento.
Una conclusión similar se desprende del análisis de Costa Rica, donde la informalidad sigue siendo “elevada” para los estándares de la OCDE y donde —aunque sus autoridades acaban de tomar cartas en el asunto— a diferencia de otros países de la región, no ha disminuido. En el caso del país centroamericano, la receta pasa, según el organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría, por “fortalecer la aplicación de las regulaciones laborales” y, sobre todo, por “garantizar a los inspectores la facultad de imponer sanciones”.
Para Colombia el mensaje es claro: debe reducir las barreras a la formalidad. Y subraya que “no se ha tomado ninguna acción” en ese sentido. “Los altos costes no laborales, en combinación con complejos y costosos sistemas para declarar trabajadores formales promueven la informalidad, contribuyendo a altos niveles de desigualdad y baja productividad”. Un duro aviso que debería encender las alarmas en Bogotá.
Una llamada a la igualdad en el cono sur
En el caso de Argentina, donde la tasa de participación laboral de la mujer es de solo el 51%, 27 puntos menos que la masculina, el think tank de los países ricos llama a “facilitarla”, lo que tendría un “impacto significativo sobre el crecimiento y reduciría la desigualdad”. Entre las recomendaciones sugeridas por sus especialistas al Gobierno de Mauricio Macri —que en octubre se enfrentará a las urnas en unas elecciones en las que esta cuestión sigue fuera de la agenda— destaca la promoción de un esquema que luche contra las diferencias salariales por sexos, la mejora en el acceso a las guarderías para niños menores de tres años, la reducción de los “desincentivos fiscales” que frenan la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la inversión en políticas activas de empleo especialmente dirigidas al colectivo femenino y la igualación de los permisos de paternidad y maternidad —hoy, de solo dos días para el padre y de tres meses para la madre—. Buenos Aires, subraya la OCDE, también debe “promover la diversidad de género en las posiciones de liderazgo, tanto en el sector público como en las empresas, mediante la promoción de la transparencia y el establecimiento de objetivos [cuotas]”.
La participación laboral de las mujeres chilenas es aún más baja que en Argentina, con el 48,5%, y la OCDE pide a Chile que incentive su inserción en el mercado como una forma de reducir el desempleo, informa Federico Rivas. El informe destaca que hasta 2017 el Gobierno había sumado 38.000 niños de hasta cinco años al sistema educativo como una forma de reducir la carga horaria de las madres que deseen trabajar. Pero pide también que promueva una educación de calidad y que las instituciones extiendan su horario de apertura en los barrios más pobres y en las poblaciones rurales. El ente con sede en París alerta, asimismo, sobre la necesidad de eliminar los problemas que encuentran las mujeres para ingresar a un mundo universitario dominado por hombres, base de un “estereotipo de género” que pone en duda sus capacidades académicas. En cualquier caso, tanto para Argentina como para Chile, el desafío es igualar las posibilidades de inserción de las mujeres al mercado de trabajo, hoy lastradas por miradas relacionadas con el cuidado del hogar y problemas para acceder a una formación de calidad, sobre todo en los segmentos más vulnerables. Una tarea que, de no acelerar pronto, tardará aún varios años en ser completada.
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