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En el mundo hay 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años), de las que 842 millones utilizan métodos anticonceptivos y 270 millones desean controlar su fertilidad con métodos modernos y fiables, pero no pueden. La Asociación para la Planificación Familiar 2020 (FP2020) trabaja con Gobiernos, sector privado, donantes y sociedad civil con un objetivo: contribuir a satisfacer esa demanda insatisfecha. Un derecho. Beth Schlachter es su directora desde que se creó en 2012, cargo que dejará pronto, una vez concluída su misión. “No se trata de obligar a las mujeres a utilizar métodos anticonceptivos, sino de que estén disponibles para ellas y los puedan usar si así lo eligen”. En ocho años, 60 millones más han comenzado a usarlos en los 69 de países del Sur Global en los que la FP2020 trabaja. “Es mucho, pero no es suficiente”, reconoce. Es, de hecho, la mitad del objetivo que se fijaron entonces: 120 millones de usuarias adicionales.
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Y esto era antes de la pandemia. Los servicios de planificación familiar se interrumpieron en el 68% de los países, y el 9% informó que el parón fue completo, tal como desvela una encuesta de seguimiento de la Organización Mundial de la Salud, de agosto de 2020. “Ahora, las interrupciones relacionadas con la covid pueden llevar a 15 millones de embarazos no planeados adicionales”, remarca Anita Zaidi, responsable de la división de género de la Fundación Bill y Melinda Gates.
Solo en los países de Asia y África subsahariana en los que opera FP2020, 320 millones de mujeres afirman usar métodos anticonceptivos modernos ―píldoras, inyecciones, implantes, preservativos, DIU―, según su informe anual de progreso, presentado recientemente, con datos hasta julio de 2020. El esfuerzo por mantener ese avance no puede decaer, advierten sus impulsores, en tanto que la población femenina en edad reproductiva no deja de aumentar. Según sus cálculos a razón de 15 millones al año en el conjunto de territorios en los que trabaja.
“Las mujeres quieren controlar su vida reproductiva, pero con los métodos adecuados, con toda la información para escoger lo que mejor les funcione según su biología, sus relaciones, su vida… Y es una tarea complicada hacer que estén disponibles para todas en todas partes”, comenta Schlachter en una videollamada. Garantizar el suministro es uno de los principales problemas que se ha encontrado FP2020. “Se ha trabajado mucho sobre ello, incluso antes de nuestra asociación, para que haya acceso además a variedad de anticonceptivos, de corto y largo plazo. Pero no todos los sistemas sanitarios tienen la capacidad o personal cualificado para implementar algunos de estos métodos. Algunos ni siquiera tienen un marco legal que lo permita”, continúa. Por eso, una de las patas de su trabajo consiste en la incidencia política y el apoyo técnico para que los Gobiernos adquieran compromisos en este ámbito y puedan cumplirlos.
Las chicas a veces usan anticonceptivos cuando no están casadas, pero cuando se enlazan, existe la norma de que tienen que demostrar que son fértiles y tener hijos muy jóvenes
Beth Schlachter, directora FP2020
El otro gran reto es “derrumbar las creencias y normas sociales y religiosas”, en palabras de Schlachter, que impiden que las mujeres ejerzan su derecho a decir cuántos hijos tener y cuándo. “Hay que abordar estas resistencias una a una. Es muy importante para prevenir embarazos tempranos no deseados y también el matrimonio infantil. Las chicas a veces usan anticonceptivos cuando no están casadas, pero cuando se enlazan, existe la norma de que tienen que demostrar que son fértiles y tener hijos muy jóvenes”, expone la experta. Solo garantizando el suministro no basta. Sin el trabajo de información y sensibilización, dice, no se lograrán progresos a largo plazo. “Puedes conseguir un gran avance y llevar estos métodos a todas partes del mundo y que las mujeres no los usen porque no los conocen, porque no están permitidos en sus relaciones de pareja o en sus sociedades”.
En la práctica, estos proyectos de sensibilización se traducen en charlas bajo un árbol, en reuniones de vecinos, en folletos explicativos con dibujos, en cajas con penes de madera con los que aprender a poner correctamente los preservativos o vaginas de plástico en las que observar dónde se coloca un DIU. Esta labor informativa la realizan los llamados defensores o activistas, también agentes de salud comunitarios formados para el caso, e incluso enfermeras expertas que asesoran, resuelven dudas y dispensan anticonceptivos en zonas remotas.
Uganda es uno de los países a los que apoya FP2020. Las tasas totales de fecundidad, mortalidad materna y embarazos adolescentes allí siguen estando entre las más altas del mundo, advierten desde la entidad. El país africano se comprometió en 2012 a garantizar que todas las ugandesas puedan elegir cuándo y cuántos hijos tener. “El Gobierno de Uganda se esfuerza por ampliar su alcance y prestación de servicios y combinación de métodos, incluidos métodos de acción prolongada, reversibles y permanentes”, describe su ficha en los archivos de FP2020.
En 2016, Uganda fue uno de los cuatro países en los que se distribuyeron 300.000 dosis del anticonceptivo inyectable Sayana Press (suministrado a bajo coste por Pfizer, con el apoyo de la Fundación Gates). FP2020 lo marca como un hito entre las medidas de planificación familiar implementadas en el país. Para ello, se desplegó a un grupo de agentes comunitarios de salud, normalmente mujeres formadas en salud sexual y reproductiva, que comunidad por comunidad, explicaban a pequeños grupos los diferentes métodos, incluida la nueva inyección.
Algunas falsas creencias en torno a los anticonceptivos en zonas rurales y tradicionales de países en desarrollo son que anulan la líbido o provocan infertilidad
En una de aquellas charlas, a la que Planeta Futuro asistió como parte de un grupo de medios invitados para presenciar una de estas actividades en directo, las usuarias que acudieron tanto para obtener información como los propios anticonceptivos preguntaban si tomarlos reducirá su líbido y mostraban su temor por los efectos secundarios. Ciertos mitos como que provocan esterilidad circulaban por el lugar. Una vez corroborado con los expertos que solo las vasectomías y las ligaduras de trompas tienen efectos permanentes, y que ni siquiera estos métodos impedirían mantener relaciones, algunas mujeres se acercaban a pedir la inyección. Una opción que ellas preferían, así lo expresaban, porque era más duradera (tres meses) que otras opciones como las pastillas ―lo que les evitaba tener que desplazarse cada mes a una clínica para recogerlas― e invisible a los ojos de sus maridos en caso de no contar con su permiso para controlar su fertilidad.
La meta final de Uganda era reducir la proporción de mujeres que no ven satisfecha su necesidad de anticonceptivos al 10% y aumentar la tasa de prevalencia de su uso al 50% para 2020. No lo ha logrado. En ambos casos se han producido avances, pero se han quedado a mitad de camino, con un 30% en los dos indicadores.
Con todo, los mayores progresos en esta materia entre los países estudiados por FP2020 los han conseguido los africanos. A pesar de que la mayor parte de la financiación en planificación familiar la concentran cinco asiáticos, comenta Schlachter. Según sus datos, 13 países han duplicado el número de mujeres que utilizan anticonceptivos modernos, 14 han sumado más de un millón de nuevas usuarias y 17 han alcanzado el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.7 de garantizar el acceso (disponibilidad) universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales para 2030.
Sin embargo, el afán por destacar lo positivo, como un aliento para continuar la batalla, pronto se ve enmudecido por la realidad.“Esta es una batalla dura y constante. El progreso se consigue paso a paso, pero hay mucha resistencia, retrocesos, ya ahora una crisis económica…”, alerta Schlachter. La covid-19 ha irrumpido como una amenaza real a los derechos de las mujeres, en especial, a los sexuales y reproductivos. Un informe del UNFPA advertía en abril de 2020 de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarían sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres en solo los seis primeros meses. A falta de corroborar esos datos, para lo que ya se han impulsado distintas iniciativas, las organizaciones atestiguan el problema.
A la falta de suministros, las normas sociales y religiosas, y las dificultades que la pandemia ha añadido para hacer accesibles los servicios de planificación familiar, hay que sumar un último obstáculo: la escasa financiación. “Hay muy pocos fondos para los programas relacionados con los anticonceptivos en África. Eso tiene que cambiar. Pero si ves la situación económica de estos países, que ha empeorado con la covid, así como la de los consumidores, ni unos ni otros tienen recursos para estos productos”, explica Schlachter.
En este sentido, recuerda la experta que entre la Agencia de Estados UNidos para la Cooperación al Desarrollo (ASAID, por sus siglas en ingles) y el UNFPA proveen el 70% de los artículos para África. “Lo que nos revela es que los gobiernos del continente no tienen para costearlos ellos mismos o deciden no priorizarlos porque saben que lo donantes lo harán. Tiene que haber un cambio y que los mandatarios valoren los derechos de las mujeres, su autonomía reproductiva y que inviertan en ello. Esa transformación es muy difícil de conseguir”, afirma.
“Ampliar el acceso a anticonceptivos y programas de planificación familiar es una de las formas más rentables de romper el ciclo de la pobreza”, defiende Zaidi por correo electrónico. “Más niñas permanecen en la escuela, las mujeres tienen más libertad para trabajar fuera del hogar, obtener ingresos y contribuir a la economía. Menos mueren por abortos inseguros o complicaciones relacionadas con el embarazo. Más niños sobreviven a la niñez y las comunidades se benefician, ya que los padres pueden dedicar más recursos a la salud y la educación de sus hijos, preparándolos para un futuro más productivo”, enumera.
En opinión de la especialista de la Fundación Gates, “la desigualdad de género no es un problema que podamos ignorar, especialmente en una pandemia”. Ella es optimista en que el cambio es posible y espera arrancar compromisos concretos en el Foro Generación Igualdad, organizado por Francia y México, junto con ONU Mujeres, que reunirá a los gobiernos, el sector privado y los socios de la sociedad civil para comprometerse con acciones ambiciosas y específicas para promover la igualdad de género. “Será la convocatoria más importante sobre igualdad de género en un cuarto de siglo”, remarca.
De momento, Estados Unidos no ha esperado a la cita para dar un pequeño paso adelante: el presidente Joe Biden derogó la llamada Gag Rule (la regla mordaza), que impide que las organizaciones extranjeras que reciben ayuda estadounidense utilicen su propio dinero para proporcionar información sobre el aborto o realizar interrupciones del embarazo. Lo que acaba afectando a los programas de las organizaicones que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres en los países en desarrollo, tan dependientes de la ayuda americana.
FP2020, que nació con fecha de caducidad como su nombre indica, se reinventa este 2021 para continuar su todavía necesaria tarea. La entidad que ha dirigido Schlachter desde Whasington se establecerá en cuatro continentes, con centros pilotados por personal local. “No necesitan que les digamos qué hacer, ellos lo saben muy bien”, concluye.
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