El demoledor informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció una larga lista de irregularidades durante la reelección de Evo Morales se ha convertido en el principal argumento de la oposición, el Ejército y colectivos como indígenas, policías o mineros para pedir la “renuncia” del mandatario aymara, que denunció “un golpe de Estado” y solicitó asilo en México. El detallado informe de la OEA con las trampas detectadas fue el verdugo en una crisis que lleva tres años cocinándose frente a los ojos de su secretario general, Luis Almagro.
Hasta el momento, Almagro, muy contundente en casos que afectan a Venezuela o Nicaragua, ha expresado tibiamente su apoyo a Morales aunque sin hablar de “golpe de Estado” y manteniendo un estratégico silencio sobre los últimos acontecimientos.
El comunicado publicado el lunes, 20 horas después de la “renuncia” de Evo Morales, es una nota de cuatro párrafos en la que “rechaza una salida inconstitucional” a la crisis en Bolivia, pero evita hablar de asonada o citar al Ejército. El texto pide a la Asamblea boliviana que se reúna para mantener la legalidad constitucional al mismo tiempo que insiste en castigar a los culpables del fraude electoral de Morales.
Su propuesta para que fueran convocadas nuevas elecciones ha terminado en vacío de poder y evidencian el papel la OEA como un perro sin dientes. Un organismo capaz de movilizar especialistas y señalar irregularidades con un gran despliegue de técnicos sobre el terreno que elaboran completos informes con contexto, denuncias, causas y posibles soluciones pero que se atasca en la división política o la beligerancia de su secretario general. Una organización incapaz de resolver las crisis que fantásticamente diagnostica.
El silencio de la OEA, ante lo que México considera claramente un “golpe de Estado”, fue criticado por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien exigió que el organismo “fije cuanto antes” una postura. “No al silencio”, terminó diciendo el mandatario este lunes durante su habitual rueda de prensa.
México se ha unido a Guatemala, Estados Unidos, Canadá o Colombia, entre otros países, que solicitaron una reunión urgente del Consejo permanente que se celebrará este martes.
La ambigüedad de Almagro respecto a Evo Morales —rota este martes al señalar que el exmandatario dio un “golpe de Estado” al tratar de “robar” las elecciones— contrasta con la belicosidad exhibida en otros casos, a pesar las luces de alarma que se han ido prendiendo. En 2015, Morales decidió presentarse a un cuarto mandato que lo mantendría en el poder hasta 2025. Aunque la candidatura fue recurrida por la oposición, que la consideraba inconstitucional, la justicia sentenció que postularse formaba parte de los “derechos humanos” del mandatario. Sin embargo, en el referéndum convocado Evo Morales fue derrotado por un 51,3% de los votos frente al 48,7% de la opción del Sí.
Finalmente, Morales desconoció los resultados y Almagro validó la postulación. En el caso de Venezuela, los representantes bolivarianos ni siquiera pueden ocupar los sillones oficiales tras reconocer como presente legítimo del país a Juan Guaidó. “Son casos distintos”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard este lunes. “En Bolivia los militares han pedido que dejara el poder y en Venezuela nos pidieron reconocer a un mandatario que no había sido elegido por su pueblo”, alegó Ebrard.
Más recientemente, la debilidad de la OEA quedó patente en Guatemala, donde Jimmy Morales expulsó sin despeinarse a la misión anticorrupción de Naciones Unidas (Cicig) que debía ser un modelo para la OEA. Con los mismos mimbres que el reciente golpe de Estado de Bolivia, en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, aprobó en 2017 su reelección, prohibida en la constitución, que le permitirá quedarse en el poder hasta 2022.
Durante esas elecciones el informe de la misión electoral de la OEA documentó numerosas irregularidades y expresó sus dudas sobre el resultado. Según los expertos de la OEA desplegados en el terreno en todos los departamentos hubo un brutal aumento en la participación y un cambio “atípico y estadísticamente improbable” en las tendencias a favor de Juan Orlando. “Lo que plantea dudas sobre la veracidad del resultado”, señaló el informe. Tras el mismo, Almagro propuso que se repitieran las elecciones, a lo que Honduras respondió que se trataba de una “injerencia”. Dos años después de aquello Juan Orlando gobierna en Honduras en medio de la polarización política y los escándalos de narcotráfico en su familia.
No obstante, la escasa efectividad de la OEA para encarar las crisis políticas va más allá de Almagro. En los últimos años el continente ha vivido dos golpes de Estado ante los que la organización fue un operador voluntarioso pero ineficaz. En abril de 2002, en Venezuela, una plataforma cívico militar encabezada por Pedro Carmona le dio un golpe de Estado a Hugo Chávez que lo alejó del poder durante unas horas. Por aquel entonces la OEA, dirigida por Gaviria se limitó a reunir al Consejo permanente sin llegar a ninguna decisión. Apoyado por Cuba y miles de venezolanos que exigían su regreso, Chávez volvió a Miraflores dos días después.
Más recientemente, en 2009, también en Honduras, cuando el presidente Manuel Zelaya fue expulsado del poder por la noche y en pijama tras un golpe de Estado encabezado por el Ejército. La organización, dirigida entonces por José Miguel Insulza, condenó con el golpe, pero Zelaya nunca logró volver a la presidencia.