Por Carlos Gutiérrez*
El 7 de septiembre fue un día histórico para México y América Latina. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad declarar inconstitucional que se criminalice el aborto de manera absoluta y se pronunció por garantizar “el derecho de las mujeres y personas gestantes” a decidir la interrupción del embarazo “sin enfrentar consecuencias legales”.
Este fallo invalidó un artículo del Código Penal del estado norteño de Coahuila, el cual –de acuerdo con un comunicado de prensa de la Corte– “establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.
“Penalizar el #aborto encierra a la mujer en el estereotipo de que ella debe gestar, pasando por encima sus derechos humanos, dignidad y proyecto de vida futuro”
– Ministro Juan Luis González, @SCJN
💚💚💚#AbortoLegalYa #QueSubaLaMarea— Ipas México (@IpasMEX) September 7, 2021
En América Latina han proliferado las manifestaciones de feministas que con sus pañuelos verdes evidencian que esta es una de las regiones más restrictivas en leyes y políticas de salud reproductiva, principalmente en cuanto al aborto. Lo reconoce The Dialogue, organización de análisis e intercambio político que promueve el debate entre líderes del continente americano, en una publicación titulada “Evaluando el derecho al aborto en América Latina después de la Ola Verde”. Recuerda que esta práctica está “absolutamente prohibida” en El Salvador, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Surinam y República Dominicana.
Con el fallo de la Corte, México se suma a otra aprobación histórica que ocurrió en diciembre de 2020, cuando el Senado de Argentina aprobó una ley que habilita la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
El doctor Gonzalo Rubio Schweizer encuentra que la resolución de la corte mexicana puede tener un efecto importante en el resto de países de Latinoamérica: “que las legislaciones en general tiendan a ponerse más a tono con el tema de derechos humanos y no a la persecución de las mujeres”. Él fue el primer médico en practicar un aborto legal en Chile. Hasta antes de 2017 eso era impensable, porque al final de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1989, un cambio en la Constitución lo prohibió de manera absoluta.
La paciente de Rubio, una niña de 12 años, vivía en Chiloé, una región rural a más de 1.000 kilómetros de Santiago. La habían violado y tenía pocas semanas de gestación. En Chiloé, los médicos no quisieron interrumpir su embarazo y el Ministerio de Salud consiguió los medios para llevarla a la capital. Ahí, abrazada de un oso de peluche, ella se convirtió en la primera chilena a quien se realizó un aborto legal. Sucedió en octubre de 2017.
Rubio había trabajado en el documento técnico para despenalizar el aborto en Chile. Le preguntaron si podía intervenir a la menor porque había un “tema icónico con el primer caso: que no existiera ningún problema, que la niña no saliera dañada”, recuerda el médico para CONNECTAS. Cuenta que la situación le tocó muy cerca porque tenía un hijo de esa edad y no entendía que obligaran a la niña a ser madre. Le pareció que tenía la obligación ética de darle una atención adecuada. “Recibimos bastante apoyo de los colegas, de la sociedad civil, de las mujeres”, confiesa.
Este es un tema obligado en Latinoamérica. La tasa de personas que abortan es muy alta. De acuerdo con Guttmacher Institute, en Latinoamérica, entre 2015 y 2019 se llevaron a cabo un promedio de 5,4 millones de abortos al año entre mujeres de 15 a 49 años. “Leyes severas y acceso limitado –apunta The Dialogue– obligan a las mujeres a buscar procedimientos inseguros, que a menudo resultan en complicaciones graves o en la muerte. Aunque se ha avanzado con respecto a la despenalización del aborto, el limitado acceso al procedimiento sigue siendo un problema de derechos humanos, una crisis de salud pública y un problema para la democracia”.
El comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) afirma en un texto titulado “Despenalizar el aborto en América Latina y el Caribe”, que ese tema “es política de Estado. (…) Es un tema prioritario de salud pública”, ya que “hace a las niñas y las mujeres más libres, más iguales, más protegidas, les devuelve el poder sobre sus cuerpos al que tienen derecho”. En ese momento, diciembre de 2020, esa organización aplaudía la legalización del aborto en Argentina, que se sumaba a Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y algunos estados mexicanos; además, veía este hecho como un “incentivo para fortalecer los movimientos y reclamos en cada rincón de América Latina, en las islas de Caribe”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación @SCJN declaró inconstitucional la criminalización del #Aborto en #México. Esta histórica decisión establece bases sólidas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir autónomamente sobre su cuerpo y su #Maternidad.#AbortoLegal pic.twitter.com/6MmCFKLxnV
— Inmujeres México (@inmujeres) September 8, 2021
A Rubio le preocupa, en particular, la región centroamericana, donde hay países, como Honduras, El Salvador y Nicaragua, con “una persecución muy grande hacia las mujeres”. Piensa que, por el contrario, Sudamérica está más cerca de la posición de México, principalmente Argentina, Uruguay y Chile, donde cree que la mayor parte de la población ha avanzado hacia la idea de que la persecución penal del aborto no logra el objetivo de disminuir esos procedimientos, sino que los hace más inseguros.
“No se necesita el derecho penal para regular una materia como el aborto” porque requiere de servicios de salud, reclama Ana Cristina González-Vélez. “Es un procedimiento que involucra al sector salud y es complejo que funcione apropiadamente si el aborto es un delito”, dice esta investigadora y doctora en Bioética en conversación con CONNECTAS. Además, considera que se trata de un asunto de libertad y autonomía de las mujeres. “Para que seamos ciudadanas iguales a los hombres nos tienen que tratar igual y eso implica libertad frente a nuestros cuerpos”.
González-Vélez participó en el estudio La criminalización del aborto en Colombia, presentado en julio pasado, donde encontraron que la persecución y las condenas por el delito de aborto aumentaron de manera significativa en los últimos 15 años en ese país. Actualmente, según datos de la Fiscalía General de la Nación, existen 5.737 procesos registrados por el delito de aborto, de los cuales casi el 76 por ciento se encuentran inactivos.
Sin embargo, en Latinoamérica, las voces contra la despenalización se escuchan con fuerza, muchas provenientes de grupos religiosos o políticos. Por ejemplo, The Dialogue recuerda que, al día siguiente de la legalización en Argentina, las reacciones gubernamentales en contra se hicieron presentes. El presidente brasileño Jair Bolsonaro declaró que el aborto jamás será permitido en ese país mientras él gobierne y Honduras modificó la Constitución el 21 de enero, como reseña en la publicación, “para que sea casi imposible legalizar el aborto, el cual puede penalizarse hasta con 10 años de cárcel”. La razón es que el código penal de este país define el aborto como la muerte de un ser humano durante cualquier momento del embarazo.
Crisanta Espinosa/Cuartoscuro
Cristina Rosero, asesora legal de la organización mundial Centro de Derechos Reproductivos, señala que siempre que hay un avance, se da una reacción de los sectores que se oponen al tema. Sostiene que eso implica riesgos de retroceso en todos los niveles, ya sea por desinformación o porque se atacan las normas que se aprueban para poder ampliar su acceso o porque se crean obstáculos para impedir que las mujeres puedan decidir y acceder a este derecho.
El principal problema en América Latina es que, a pesar de las restricciones legales, de todos modos las personas practican el aborto. Para Gonzalo Rubio “lo problemático son las mujeres que acuden a abortos clandestinos y acaban con graves consecuencias”. Y las condiciones no son las mismas para todas. “En los lugares más urbanos de nuestra Latinoamérica el acceso de las mujeres a los servicios de salud suele ser mejor que en la ruralidad o para quienes están en condiciones de más vulneración de derechos. Pienso mucho, en general, en las mujeres de Centroamérica, que están en una condición particularmente vulnerable. Que no exista persecución penal me parece que es importante para evitar que mueran más mujeres”, dice el médico chileno.
7. Según la OMS, solo uno de cada cuatro abortos que se realizan en América Latina se hace de manera segura y cada vez es más común que las mujeres interrumpan sus embarazos recurriendo a métodos clandestinos o a medicinas como el misopostrol pic.twitter.com/C8rnwJkRQi
— EL PAÍS América (@elpais_america) December 30, 2020
Por otro lado, para Cristina Rosero la Corte mexicana no solamente se fijó en el derecho de mujeres y niñas de interrumpir el embarazo, sino que también menciona a las personas con capacidad de gestar. Aunque eso ya se había visto en Argentina, la experta señala que no es común en todos los países de la zona. “Ese fallo avanza la discusión para comprender que este no es solamente un derecho de niñas, mujeres y adolescentes, sino también de otras personas que eventualmente pueden llevar a término un embarazo”.
Otro de los aspectos positivos de la resolución mexicana es que se “ha pasado de un tema de salud pública a un tema de derechos civiles. Esa es la gran diferencia y es lo que va a terminar despenalizando el aborto, como pasa en la mayoría de los países desarrollados”, asegura Gonzalo Rubio.
En México, este fallo también podría ayudar a descriminalizar a mujeres que enfrentan procesos penales por haber abortado. El 12 de septiembre, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pidió revisar 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, entre enero y julio de 2021, en 27 estados del país.
Con 10 votos, la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto en México, por lo que el criterio es ahora obligatorio para todos los jueces del país. pic.twitter.com/eK7rfZatzd
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 7, 2021
Desde Argentina, Laura Salomé Canteros, periodista, feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, expresa que en esta organización han recibido la resolución mexicana “con mucha alegría porque cuando (las mujeres y personas LGBTIQ+) avanzamos en el reconocimiento de nuestros derechos, los Estados saldan sus deudas, las comunidades fortalecen sus lazos, las mujeres ganan en autonomía y las expresiones de odio retroceden para dar paso a la construcción de vidas dignas, de subjetividades libres”.
En Brasil Juliana Reis, coordinadora ejecutiva de la organización Milhas pela vida das Mulheres, se muestra optimista. Dice que “cada conquista latinoamericana hace más conscientes las mentalidades y menos efectivas las prohibiciones”. Confía en que en algún momento hasta las “legislaciones más retrógradas, como la nuestra” se vuelvan incapaces de impedir que las mujeres manejen su cuerpo y su vida “como siempre ha sido, pero arriesgando menos su salud y su libertad”. En su país, dice, eso “todavía tarda un poco, ¡pero pronto llegará!”.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia en México es histórico porque, indudablemente, está marcando un antes y un después en la defensa sobre los derechos de las mujeres latinoamericanas para decidir sobre sus cuerpos. Es la señal de que llegó el momento en que cada nación se ponga a discutir sin apasionamientos, ideologías ni intereses partidistas sobre la salud, la libertad y la autonomía de sus mujeres. Y es que, al final, reconocer el aborto como un tema de derechos y salud pública, no de criminalidad, pondrá a los países de América Latina y el Caribe en el camino de alcanzar una verdadera democracia, donde haya equidad de derechos entre las ciudadanas y los ciudadanos.
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* Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS