La oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó que el estado de excepción aplicado en El Salvador desde hace un año, destinado a combatir la inseguridad asociada a las pandillas, ha generado “graves preocupaciones” en materia de derechos y libertades y advirtió que los problemas de fondo no se pueden resolver con medidas únicamente represivas.
En coincidencia con el primer aniversario de la entrada en vigor de las medidas excepcionales, previstas inicialmente para un mes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas ha vuelto a poner en cuestión los efectos colaterales del régimen que ya ha dejado al menos 65,000 detenidos.
La ONU entiende que la inseguridad implica para El Salvador “grandes retos”, pero ha advertido por boca de una portavoz, Marta Hurtado, de que cualquier medida que se adopte contra los grupos armados debe ser respetuosa con los Derechos Humanos, algo que no siempre se estaría dando.
De hecho, considera que parte de las “detenciones masivas” llevadas a cabo en los últimos doce meses, algunas de las cuales han afectado a menores de edad, han sido “arbitrarias”, entre otras razones porque se han llevado a cabo sin investigaciones precisas y en algunos casos únicamente por “la apariencia física o el trasfondo social” del sospechoso.
Además, las condiciones en que quedan recluidos los detenidos “son también muy preocupantes”. “Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, tales como aislamiento prolongado y reclusos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación”, añadió Hurtado.
En este sentido, considera “especialmente preocupante” que hayan muerto bajo custodia unas 90 personas y que tan sólo haya “información limitada” sobre el desarrollo de las investigaciones en torno a estos casos.
“El derecho a la vida, la absoluta prohibición de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, y las salvaguardas procedimentales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, también durante estados de emergencia”, remarcó la portavoz.
Naciones Unidas recordó al Gobierno de Nayib Bukele que todo Estado tiene “el deber de proteger las vidas de los individuos privados de libertad”, y a permitir que la institución nacional que supervisa los Derechos Humanos, que acumula ya 7,900 quejas, pueda examinar de forma “regular” e “independiente” la situación de las cárceles.
Hurtado ha llamado a combatir las causas subyacentes a la violencia, entre las que ha citado “las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales efectivas”. “La experiencia internacional demuestra que defender de un modelo penitenciario básicamente represivo reduce las opciones de los presos de reintegrarse en la sociedad”, ha advertido.
Bukele, sin embargo, ha hecho caso omiso de este tipo de críticas durante el último año y este mismo martes prometió en sus redes sociales que seguirá “trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de ‘derechos humanos’”.
El mandatario argumenta que las medidas excepcionales han sido imprescindibles para reducir a niveles mínimos la violencia y presume de forma prácticamente diaria de que El Salvador registra ahora cero homicidios al día y es “el país más seguro de la región.
(Con información de Europa Press)
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