La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha afirmado este martes que el trato que los talibanes dispensen a mujeres y niñas en Afganistán constituirá una “línea roja” en cuanto al cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de los insurgentes. En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocada de urgencia para abordar la situación de Afganistán, Bachelet ha confirmado a su vez que su oficina ha recibido “informes creíbles” de ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, a manos de los talibanes, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
“Exijo que los talibanes trabajen para restablecer la cohesión social y la reconciliación, mediante el respeto de los derechos de todos los que han sufrido tanto durante décadas de conflicto”, ha señalado Bachelet durante la sesión, cuyo objetivo ha sido decidir de qué forma se puede actuar para evitar una escalada de violaciones de los derechos humanos de la población tras la retirada de las fuerzas militares occidentales y el retorno al poder de los talibanes.
Entre esas violaciones de los derechos humanos en el país a cuya comisión por parte de los fundamentalistas se refirió Bachelet figuran también la represión violenta de protestas pacíficas y de expresiones de disidencia, el reclutamiento de niños para combatir y la imposición de restricciones de movimiento a las mujeres y las niñas, a quienes se impide asistir al colegio.
La alta comisionada también ha pedido que los miles de defensores de los derechos humanos, “que han contribuido al bienestar de los afganos”, no se enfrenten a represalias o sanciones bajo el nuevo régimen, y ha reclamado que la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Afganistán sea respetada. Los talibanes han asegurado que respetarán los derechos humanos de mujeres y minorías étnicas pero de acuerdo con su interpretación de la ley islámica, y que no ejecutarán ninguna venganza contra quienes colaboraron con gobiernos de otros países, unas declaraciones que chocan con los datos de los que dispone el Alto Comisionado que dirige la expresidenta chilena.
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Las denuncias a las que hizo alusión Bachelet han sido corroboradas durante la misma sesión extraordinaria por la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Shaharzad Akbar, que intervino desde Kabul. Akbar ha recalcado que la ONU debe ir más allá de las declaraciones de pesar o de buenas intenciones y crear un mecanismo para investigar y documentar las violaciones de los talibanes a los derechos humanos de la población afgana. “Pedimos una comisión investigadora, que haga un seguimiento y que informe, que reúna las evidencias de violaciones y abusos, y que promueva la rendición de justicia. Los derechos humanos de mujeres y niñas están siendo reprimidos en cada aldea, cada pueblo y cada ciudad en todo Afganistán. Por favor, aprovechen esta oportunidad, no actúen como de costumbre y asegúrense de que esta sesión tendrá un resultado significativo”, ha reclamado Akbar.
Bachelet ha afirmado apoyar la creación de un mecanismo preventivo en el seno del organismo que dirige para hacer un seguimiento de la evolución de los derechos humanos en Afganistán y del cumplimiento o no de las promesas que han hecho los talibanes de respetar estos y ha invitado a los países que tienen influencia sobre los talibanes a que les alienten a respetar los derechos humanos de todos. “Una acción unida e inequívoca de los Estados miembros será una importante señal para los talibanes de que volver a prácticas pasadas no será aceptable para la comunidad internacional, ni ahora ni en el futuro”, ha advertido. Este martes, el G7 se reúne para tratar sobre el posicionamiento de los siete países más ricos del mundo ante los talibanes.
En su intervención, Bachelet ha pedido a los Estados que apoyen la creación de corredores para la salida de migrantes y refugiados afganos, y que se amplíen los programas de asilo y reasentamiento. Además, ha instado a que se detengan las deportaciones de afganos que han llegado a otros países en búsqueda de protección.
Un grupo de países europeos comunicó la semana pasada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que aceptaban detener temporalmente todas las deportaciones de afganos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas. Los países que conforman el grupo son Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Noruega.
Bachelet ha recordado también que los países vecinos de Afganistán, que son los más susceptibles de experimentar la entrada de flujos de refugiados de esa nacionalidad, necesitarán recibir recursos logísticos y financieros para brindarles protección y asistencia. Actualmente hay más de 2,6 millones de refugiados afganos en otros países, pero el 90% de ellos se encuentran en los vecinos Pakistán e Irán.
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