La ONU critica a la UE por su política de devoluciones irregulares de migrantes a Libia en alta mar

Inmigrantes de Marruecos y Bangladesh reaccionan ante la llegada de los trabajadores humanitarios de la ONG española 'Open Arms' en el mar Mediterráneo frente la costa libia, en enero de 2020.
Inmigrantes de Marruecos y Bangladesh reaccionan ante la llegada de los trabajadores humanitarios de la ONG española ‘Open Arms’ en el mar Mediterráneo frente la costa libia, en enero de 2020.Santi Palacios

Esclavitud, torturas, detenciones, secuestros por grupos armados, palizas, abusos sexuales, enfermedades, hambre. Estos son ejemplos de la cruda realidad a la que se enfrentan los miles de migrantes que son detenidos por los guardacostas libios en el Mediterráneo central y devueltos a la fuerza al país norteafricano. En un duro informe publicado este miércoles, la ONU, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que lidera la chilena Michelle Bachelet, critica las prácticas de devolución en alta mar que algunos Estados miembros como Italia y Malta, junto a los guardacostas libios, realizan para evitar la llegada de solicitantes de asilo a su territorio. El organismo le da un toque a la UE, a la que responsabiliza de miles de muertes “evitables” en el mar, y pide a Bruselas que revise su estrategia de devolución porque “pone en riesgo la vida” de los migrantes.

“Libia no es un lugar seguro para el regreso o el desembarco de los inmigrantes rescatados en el mar”, alerta en su contundente informe Desprecio letal: búsqueda y salvamento y protección de los migrantes en el Mediterráneo central, de 37 páginas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Desde enero de 2019, casi 27.000 personas han sido devueltas desde aguas internacionales —exactamente desde la zona llamada SAR (Search and Rescue, Búsqueda y Rescate)— a las costas libias. Expertos como Sara Prestianni, responsable de migración y asilo de EuroMed Rights, critican que sean países como Italia y Malta los que efectúen devoluciones en la frontera marítima —llamadas pushbacks— a través de “agentes externos” como la Guardia Costera de Libia, un cuerpo “entrenado, equipado y financiado por instituciones y países de la UE”, dice.

Cada vez son más los migrantes que quedan a expensas de la Guardia Costera libia en medio del mar. En 2019, 8.403 personas fueron interceptadas por estos guardacostas, con la violencia que conlleva, y devueltas a los puertos del país magrebí. En 2020, año en el que las llegadas a la UE por mar descendieron notablemente (95.031 frente a 123.663 del año anterior, según la ONU), este tipo de retornos, sin embargo, se hicieron más frecuentes: 10.352, según la misma fuente. En lo que va de 2021, ya son alrededor de 8.000, según denuncia en Twitter Safa Msehli, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ginebra y experta en Libia.

Un grupo de migrantes bangladesíes relata en el informe publicado este miércoles: “Libia es horrible, no hay palabras para describir nuestro sufrimiento allí (…). La situación es tan insegura que uno debe arriesgar su vida en el agua”. La ONU les ha servido de altavoz: “Libia no es puerto seguro”, repite el documento.

Pero no solo para aquellos que transitan el Mediterráneo central. La llamada de atención del Alto Comisionado es un aviso para Gobiernos como el de Grecia, donde varias ONG documentan casi a diario, expulsiones de migrantes hacia Turquía por parte de los guardacostas helenos en el mar Egeo. Y, aunque en menor medida, también sucede en Chipre, que devuelve de manera forzosa a migrantes sirios a Líbano y Turquía, desliza Prestianni, autora de varios estudios al respecto. Ante esta situación, Bachelet ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha pedido un giro radical en estas políticas migratorias que la UE y los países mediterráneos llevan a cabo contra los migrantes desde hace ya al menos tres años, cuando los retornos empezaron a tomar mayor relevancia.

Las travesías hacia Europa por el Mediterráneo, confirma el informe, están caracterizadas por “embarcaciones superpobladas y no aptas para navegar, que van a la deriva sin comida ni agua y donde el riesgo de volcar o ahogarse es constante”. Manjou (nombre ficticio), una mujer embarazada de Burkina Faso, perdió a su pareja cuando cayó por la borda durante una tempestad. Otros tres hombres murieron en su bote cuando, al cabo de los días, ya no quedaba más comida ni bebida. Algunas personas tenían tanta sed, cuenta la mujer según la ONU, que bebían agua del mar. Dos niños murieron por ello. “La verdadera tragedia es que una gran parte del sufrimiento y de las muertes en la ruta del Mediterráneo central son evitables”, lamentó Bachelet, quién ha urgido a Trípoli y a Bruselas a encontrar soluciones para poner fin a estos retornos.

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En su informe de este miércoles, la ONU ha puesto el foco en el Mediterráneo central, una ruta que por otra parte es la más letal hacia la UE, con 2.739 fallecidos desde 2019. Solo en lo que va de año, unas 630 personas han perdido la vida en estas aguas, en su intento desesperado —después de meses varados en diferentes puntos de África, caminando por el desierto del Sáhara, y siendo víctimas de las mafias— por alcanzar suelo europeo. Esta cifra contrasta con las cinco muertes en el Egeo, y las 107 en el Mediterráneo occidental, según la OIM.

Basándose en entrevistas con víctimas y visitas al terreno, la ONU saca los colores a Bruselas y a los Veintisiete destapando fallos en los rescates por, entre otras razones, falta de transparencia y coordinación —”cada año, el socorro llega demasiado tarde, o no llega”, reconoce Bachelet—; obstáculos al trabajo de las ONG con la incautación de barcos y denuncias en juzgados contra miembros de la tripulación humanitaria; y torpezas en los desembarcos, con una atención muy precaria en los centros de recepción de migrantes. “Lo que les está sucediendo a los migrantes a lo largo de la ruta del Mediterráneo central es el resultado de un sistema fallido de gobernanza migratoria”, resume Bachelet.


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