La ONU ha pedido este martes 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) para evitar la catástrofe humana en Afganistán. Se trata del mayor llamamiento humanitario para un país en la historia de la organización. Su objetivo es brindar ayuda vital a 23 millones de personas dentro de Afganistán, y apoyar a los 6 millones de afganos desplazados en los países vecinos y a las comunidades que los acogen. El reto es doble: los donantes no solo tienen que mostrar su generosidad, sino lograr un entendimiento con el régimen talibán que permita hacer efectiva la ayuda.
Durante la presentación del Plan de Respuesta Humanitaria para Afganistán (que puede consultarse aquí) los representantes de las diferentes agencias de Naciones Unidas han reiterado las escandalosas cifras del desastre que afronta el país asiático. Al menos 23 millones de sus casi 40 millones de habitantes pasan hambre, con cerca de 9 millones a un paso de la hambruna. Un millón de niños de menos de cinco años corren el riesgo de morir de malnutrición. Las condiciones son especialmente graves para los 3,5 millones de desplazados internos que están pasando el invierno en tiendas o asentamientos informales sin suficiente abrigo.
Esa situación, explica la ONU, es “el resultado de décadas de conflicto, desastres naturales recurrentes (incluida la peor sequía en tres décadas), una economía en caída libre, la falta de recuperación de crisis pasadas y la incertidumbre añadida de los últimos acontecimientos políticos”. La fragilidad del país, el 75% de su gasto público dependía de la asistencia internacional, se hizo evidente cuando los Gobiernos occidentales decidieron interrumpir su ayuda y congelar los haberes afganos en respuesta a la toma del poder por los talibanes. El Plan de Respuesta Humanitaria intenta evitar el colapso de las infraestructuras básicas en salud, educación o electricidad.
Ya antes de la llegada de los fundamentalistas, la mitad de la población vivía bajo la línea de pobreza. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas ha advertido de que el 97% de los afganos estará en esa situación para mediados de este año.
El conflicto armado ha remitido desde entonces. Sin embargo, los afganos siguen huyendo tanto por las carencias como por el miedo a las represalias de los talibanes y su forma de gobierno, un autoritarismo de inspiración religiosa sin marco legal estable. Su crueldad resulta especialmente evidente en el trato a las mujeres. Desde que se hicieron con el poder, han restringido su acceso al trabajo y a la educación, puesto trabas a su movilidad y cerrado las instituciones que prestaban ayuda a viudas, divorciadas o maltratadas.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tiene registrados como tales a 2,2 millones de afganos y estima que otros 4 millones se encuentran alojados con diferentes condiciones en países vecinos, la mayoría en Irán y Pakistán. De ahí que el llamamiento de la ONU incluya 623 millones de dólares para apoyar a las comunidades de acogida.
Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, una ONG con 1.400 empleados sobre el terreno), ha recordado en un comunicado que la “ayuda humanitaria es un salvavidas para Afganistán y una responsabilidad conjunta de todos”. No obstante, también ha precisado que el “llamamiento carecerá de sentido si el mundo exterior y el Gobierno talibán no trabajan con rapidez para asegurar el acceso al dinero en efectivo dentro del país”.
Los talibanes han desplegado todos sus esfuerzos diplomáticos para lograr el reconocimiento internacional y tener acceso tanto a las reservas afganas como a la asistencia exterior que frene la caída libre de su economía. Sin embargo, la distancia entre sus declaraciones y sus hechos no han logrado romper el bloqueo. A pesar de haber decretado una amnistía general, raro es el día sin noticias de ejecuciones extrajudiciales (sobre todo de miembros de las antiguas fuerzas de seguridad) o detenciones de personas críticas. En la última semana, han encarcelado a un respetado profesor, Faizullah Jalal, a un periodista, Faisal Modarres, y a varias mujeres sin identificar que protestaron en la provincia de Kapisa.
Tampoco en el terreno político han cumplido con su promesa de formar un Gobierno inclusivo. El 98% de los nombramientos son miembros de la etnia pastún (la minoría más numerosa y de la que se nutren los talibanes), en detrimento del resto de las minorías. Su último gesto, una reunión del ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, con el líder del Frente Nacional de Resistencia (FNR), Ahmad Masud, en Teherán, ha chocado con la misma piedra. Mientras un portavoz talibán anunciaba que el hijo del legendario Ahmad Shah Masud (que se opuso a la invasión soviética) podía volver sin problemas a Afganistán, un portavoz del FNR explicaba que los fundamentalistas “rechazaron sus peticiones de un Gobierno descentralizado con presencia de mujeres, que respete los derechos civiles y la libertad de expresión”.
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