Varios organismos de las Naciones Unidas pidieron este martes al Estado peruano reconsiderar la decisión de negarle el aborto terapéutico a una niña de 11 años embarazada fruto de una violación, en el departamento amazónico de Loreto, y expresaron en un pronunciamiento su “preocupación” por el que consideraron un nuevo caso de vulneración de derechos a una menor.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestaron su “profunda preocupación” por el caso de esa menor, identificada con el pseudónimo de Mila, quien desde los siete años fue agredida sexualmente por su padrastro y que a la fecha tiene 17 semanas de gestación.
En dicho pronunciamiento instaron a las autoridades peruanas a reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual, ese derecho, “con procedimientos seguros y pertinentes a su edad, y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”.
La Unidad de Protección Especial de la región Loreto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó al Hospital Regional de esa jurisdicción el acceso de la menor al procedimiento de aborto terapéutico, pero la solicitud ha sido negada por una junta médica.
Los organismos de Naciones Unidas expresaron a las autoridades y a la opinión pública que “la maternidad forzada derivada de una violación sexual en niñas y adolescentes no es voluntaria, no es segura, y atenta contra la salud integral”.
Y recordaron que en un caso similar de negación de acceso al aborto terapéutico en embarazo por abuso sexual, conocido como el caso “Camila”, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) determinó, en junio pasado, que Perú había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
El Comité señaló que “en el caso de niñas embarazadas, debe valorarse la afectación especial y diferenciada de la salud física y mental que supone el embarazo en la niñez”.
Asimismo, enfatizó que el embarazo conlleva para la vida de las niñas un riesgo particularmente importante y una afectación potencialmente grave en su desarrollo y proyecto de vida.
Sólo entre enero y febrero de este año, se reportaron 8,381 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De esa cifra 33 % fueron de violencia sexual y 70 % de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, según cifras del Ministerio de la Mujer.
El Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han exhortado, desde 2005, al Estado peruano a adoptar medidas para asegurar el acceso a recurso efectivo en estos casos y evitar que situaciones de vulneración de derechos de niñas y adolescentes, como Camila y Mila se repitan por constituir violencia por razones de género y constituir un acto de tortura, o trato cruel, inhumano y degradante.
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