Andrés Manuel López Obrador anunció que había dado positivo por covid-19 el domingo. Desde entonces, la información ha ido fluyendo a cuentagotas. Se sabe que tiene síntomas leves, como “breves episodios de febrícula”, que está confinado en la residencia de Palacio Nacional y que lo atiende un grupo de especialistas encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Poco más. El blindaje sobre la evolución del cuadro médico del presidente, de 67 años, amenaza con abrir un nuevo frente en el Gobierno ante las demandas de una mayor transparencia en aras del interés público y hasta de la seguridad nacional.
Mientras dura la convalecencia de López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está siendo la encargada de encabezar las conferencias matutinas diarias. Durante su primera intervención, el lunes, Sánchez Cordero justificó la escasa información al respecto en el derecho a la intimidad de López Obrador: “El presidente es el jefe de Estado y el jefe de Gobierno, pero también es una persona y son datos sensibles”. En la misma línea se ha manifestado también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: “Se respetará escrupulosamente la privacidad del presidente López Obrador y conservará la confidencialidad de su estado de salud”. Este miércoles, López-Gatell informó de que habló con el presidente por teléfono y el mensaje que le transmitió fue: “Tengo un poco de dolor de cabeza, ya que insisten tanto”.
La tensión entre el respeto a la privacidad y el derecho a la información está recogida ya en la propia Constitución. En el caso particular de políticos o cargos públicos, la Suprema Corte de Justicia ha ido marcando el paso con un puñado de fallos al respecto. “Ha establecido que hay una tensión, pero no un dilema”, apunta Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. “Cuando un particular ingresa en el servicio público acepta regirse por un régimen especial que le obliga a dar más información de la normal. En este caso, estamos hablando además del jefe del Gobierno y del Estado, la figura central de nuestro sistema presidencialista. Por seguridad nacional y estabilidad política es necesario saber”.
El lunes, un día después del hacerse público el contagio, José Luis Alomía, director general de Epidemiología del Gobierno y uno de los portavoces de la pandemia, adelantó que el presidente iba a seguir al frente, pero con un perfil más bajo, atendiendo reuniones virtuales y llamadas telefónicas. El propio López Obrador aseguró que mantendría el lunes una llamada con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Desde entonces, no hay más fotos del dirigente y la agenda presidencial está vacía.
Los expertos consultados consideran que hay margen suficiente para cumplir con los derechos de interés público y acceso a la información sin vulnerar la intimidad del presidente. “El propio Gobierno tiene en primera instancia la obligación de ponderar la información para que se aseguren ambos derechos”, indica Sarahí Salvatierra, jurista especializada en transparencia de la organización Fundar. Hacer público el expediente clínico, por ejemplo, sí podría considerarse un exceso, pero un informe general sobre el diagnóstico, previsión y plazos estaría dentro del marco constitucional.
“Ya no me pertenezco”
La lógica para la publicidad del estado de salud del presidente fue plasmada por el propio López Obrador durante su primer discurso como presidente electo: “Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes”, dijo en diciembre de 2018 ante un Zócalo abarrotado. Desde entonces, el Gobierno de Morena ha sacado la bandera de la transparencia en numerosas ocasiones, como una pata indispensable de su cruzada contra la corrupción. En último ejemplo fue la publicación de la investigación confidencial de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos.
“El problema es que confunden transparencia con apertura. El presidente da la cara todas las mañanas. Para parte de la ciudadanía eso es transparencia”, apunta el director de Transparencia Internacional, que subraya que el canal de la rendición de cuentas funciona precisamente a la inversa. Son las solicitudes y demandas de la sociedad civil y la capacidad de respuesta de la Administración, con bases de datos públicas y protocolos que permitan el acceso, las que perfilan una transparencia efectiva.
En este sentido, López Obrador ya ha anunciado que prepara una polémica reforma para eliminar y modificar a algunas de las instituciones de transparencia y regulación gubernamental. Sus planes pasan, por un lado, por integrar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) en el Gabinete federal. Por otro, por acelerar los plazos de entrega de cualquier documento hasta un plazo máximo de 72 horas.
El antecedente más cercano al caso que ahora vive México ha sido Donald Trump. En octubre, el todavía presidente de EE UU dio positivo justo a su esposa. Desde el primer día que fue internado en un Centro Médico Militar, una comitiva del personal médico que le atendía fue ofreciendo diariamente el parte médico a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Otros presidentes mexicanos recientes también han sido objeto de escrutinio cuando tuvieron percances de salud durante su cargo. “Vicente Fox Quesada llegó a ser internado por una hernia discal y se informó sobre el cuándo, el quién, el cómo. Enrique Peña Nieto también se operó y, con más opacidad, pero se informó al respecto”, añade Bohórquez, que pone como ejemplo al expresidente colombiano Juan Manual Santos y la comunicación pública durante el diagnóstico y la operación de un cáncer de próstata en 2012.
El propio López Obrador fue muy beligerante durante una de las intervenciones médicas de Enrique Peña Nieto. En un tuit de junio de 2014, aprovechaba la coyuntura para pedir expresamente la renuncia del entonces presidente aduciendo motivos de salud: “Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”.