Rogelio Muñiz Toledo
“El ideal populista se convirtió en realidad fortaleciendo al poder ejecutivo y debilitando al poder judicial y colocando a figuras partidistas en puestos judiciales”: Jan-Werner Müller *
Con la aprobación del inconstitucional artículo transitorio que amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente López Obrador y sus mayorías parlamentarias se decantaron por la vía no constitucional y autoritaria para lograr el cambio de régimen. Las expectativas de legitimidad del proceso político de cambio se desvanecen. El punto de inflexión llegará cuando la Corte deba pronunciarse sobre este asunto. Mientras se define si el sistema político es capaz de superar los riesgos de una crisis constitucional, el peligro de una crisis de legitimidad del régimen -y no solo del Presidente de la República y del Poder Judicial de la Federación- estará latente.
Para lograr el cambio de régimen, el Presidente de la República y sus mayorías parlamentarias han decidido apostar por el mesianismo, es decir, por la confianza inmotivada o desmedida en un agente bienhechor -como lo define la Real Academia Española- y no por el cambio constitucional y la ruta institucional, como únicas vías democráticas para lograr la transformación del régimen; han confirmado su decisión de utilizar sus votos en el Congreso para pasar por encima de la Constitución, y de las minorías parlamentarias, y no como una vía para influir por medios constitucionales en los contenidos de la legislación y para impulsar el cambio sin ruptura; han reincidido en la utilización de un desarticulado discurso sobre la justicia -endeble teóricamente e incongruente con la praxis política del Gobierno- para justificar violaciones a la Constitución y no para reivindicar a aquella como principio y valor supremo del derecho; y, ante la imposibilidad de consensuar el cambio político, han optado por la violación constitucional como estilo personal de gobernar.
Cuartoscuro
Durante más de dos años se esperó una clara definición de la orientación del cambio político impulsado por el Presidente de la República. Se fueron dando señales de alarma por la dirección del cambio, hasta que en la madrugada de este viernes se prendieron todos los focos rojos.
Durante dos años, las alertas no cesaron de sonar: reformas constitucionales que significan retrocesos en materia de derechos humanos; el inconstitucional intento de ampliar el periodo de un gobernador; leyes, reformas y nombramientos de dudosa constitucionalidad -algunas ya declaradas inconstitucionales por la Corte-, aprobadas por las mayorías parlamentarias de Morena en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas de las entidades federativas, sin respetar los derechos de las minorías y, en muchos casos, violando el procedimiento legislativo; decretos presidenciales -y, el colmo, un acuerdo de una secretaria de Estado- con los que se pretendió “revertir” reformas constitucionales e “invalidar” leyes; así como el reiterado desprecio por las medios de control constitucional, los contrapesos al poder, los equilibrios constitucionales y la colaboración entre poderes y la descalificación a quienes “osan” acudir a los tribunales en busca de la protección y el amparo de la justicia -y a quienes asumen su defensa jurídica- frente a actos de autoridad arbitrarios e inconstitucionales.
Cuartoscuro
El Presidente y sus mayorías parlamentarias pretenden que su malentendida idea de la justicia puede justificar violaciones a la Constitución pero olvida que, como señala John Rawls, “la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros” y que “no permite que los sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos”. Es innegable la urgente necesidad de transitar hacia la justicia social y de construir un Estado social de derecho y un sistema de bienestar social que garantice la dignidad humana a todas y todos los mexicanos, pero la única vía democrática para hacerlo es la constitucional.
Finalmente hicieron explícita la orientación del cambio político que impulsan: aprobaron un artículo transitorio en un decreto legislativo, aceptando explícitamente que su contenido es inconstitucional, y pretendieron justificar la violación a la Constitución apelando a la justicia -en abstracto y sin mayor razonamiento- y alegando la necesidad de asegurar la implementación de una reforma por el único camino que, según ellos, es transitable para lograr la transformación del régimen, ante las resistencias al cambio: entronizando por una vía inconstitucional a quien encabeza el poder encargado de la defensa de la Constitución.
El presidente de la Suprema Corte es el principal destinatario del contenido del inconstitucional artículo transitorio, el presidente López Obrador lo dejó muy claro al defender su aprobación en el Senado. Por eso, en el posicionamiento del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se echa en falta una mención expresa a su compromiso con la defensa de la Constitución y no solo de la justicia. Aunque ambos compromisos los ha acreditado durante su trayectoria profesional, hubiera sido muy convente que en este momento reiterara el primero, para que su tímida posición frente a tal agravio a la Constitución y a la división de poderes, no palideciera aún más.
No hay duda de que si se permite que el cambio político sea conducido por vías no constitucionales, podríamos dirigirnos al autoritarismo. El cambio de los regímenes políticos no siempre conduce a la democracia. La ruta de las violaciones reiteradas a la Constitución -sobre todo si con ellas se vulnera el funcionamiento de la democracia constitucional, la división de poderes, la independencia judicial y los mecanismos de control jurisdiccional del poder, como en este caso- puede conducirnos con facilidad a tensiones institucionales que, de agudizarse, podrían dar paso a una crisis constitucional y evolucionar hacia una crisis de legitimidad del régimen y, eventualmente, a la ruptura del orden constitucional.
Como lo señala Jan-Werner Müller, si “la constitución deja de ser un marco de referencia para la política y en su lugar se convierte en un instrumento meramente partidista para capturar el sistema político”, el conflicto político es inevitable.
John Rawls y Jan-Werner Müller
Sería muy importante que la Suprema Corte resolviera lo más pronto posible las acciones de inconstitucionalidad que seguramente se interpondrán en contra de este artículo -declarando su inconstitucionalidad, por supuesto- para evitar que otros sucesos enturbien aún más el clima político en el que deberá pronunciarse.
Convendría que lo hiciera antes de que inicie el proceso de implementación de las reformas Poder Judicial de la Federación y de que el presidente López Obrador deba proponer -lo hará por cuarta ocasión en lo que va de su gobierno- a quien deberá ocupar la vacante que se producirá en diciembre de este año en la Suprema Corte, al concluir el periodo del ministro José Fernando Franco González Salas y, de ser posible, antes de que se instale la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y previo al inicio del proceso de revocación del mandato del Presidente que, de llevarse a cabo, iniciaría en el último trimestre del año.
* Profesor de ciencia política en la Universidad de Princeton. Autor de ¿Qué es el populismo?
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