Los manifestantes contra la junta militar en Myanmar (la antigua Birmania) han optado este miércoles por una nueva táctica: vaciar las calles. Si a lo largo de los días y las semanas anteriores, la idea había sido lanzarse a protestas en masa, esta vez, las principales ciudades amanecieron desiertas casi por completo. Un día antes, el país había vivido una nueva tragedia, la muerte de la víctima más joven hasta el momento de la violenta represión. Una niña de siete años, Khin Myo Chit, alcanzada por las balas de las fuerzas de seguridad cuando se acurrucaba en el regazo de su padre dentro de su casa en la ciudad de Mandalay.
La muerte de la niña se produjo, según la Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP), cuando los militares derribaron la puerta e irrumpieron en la vivienda durante una redada. El digital independiente Myanmar Now cita a la hermana mayor de Khin Myo Chit para afirmar que los soldados interrogaron al padre acerca de si toda la familia se encontraba en el hogar en ese momento.
Cuando el hombre contestó que sí, que las seis personas en la sala eran todos, le acusaron de mentir y uno de los militares le disparó. La bala alcanzó a la pequeña, que había buscado refugio en los brazos de su padre. “Los soldados entonces golpearon a su hermano de 19 años con las culatas de sus rifles hasta que quedó ensangrentado, y se lo llevaron”, explica el digital. El padre, según la hermana mayor, no pudo impedirlo: “Tenía a Khin Myo Chit en los brazos; los militares también querían llevársela a ella”, algo a lo que el hombre se negó. La pequeña expiró media hora después, en el trayecto hacia el hospital. Otras dos personas también murieron por disparos en el mismo barrio.
Khin Myo Chit ha sido enterrada este mismo miércoles bajo los ritos musulmanes, la religión a la que pertenece su familia. Su fallecimiento ha indignado a una población que lo considera el ejemplo más cruel hasta ahora de la brutalidad de la represión contra las protestas desde que los militares tomaron el poder por la fuerza el pasado 1 de febrero. Desde entonces han muerto más de 275 personas, según los cálculos de la AAPP, por los disparos de las fuerzas de seguridad, en una violencia que ha empezado a empujar a muchos a la huida del país hacia Tailandia.
La ONG Save the Children asegura que más de una veintena de niños se encuentran entre las víctimas mortales de la violencia. Otro menor, de catorce años, había fallecido también en su domicilio debido a disparos, un día antes de que Khin Myo Chit perdiera la vida. “Las muertes de estos niños son especialmente preocupantes, dado que supuestamente murieron mientras estaban en casa, donde debían haber estado a salvo. El hecho de que casi a diario estén muriendo tantos niños muestra el completo desprecio de las fuerzas de seguridad por la vida humana”, sostiene la organización.
La muerte de la pequeña ha empujado aún más a los manifestantes a participar este miércoles en la jornada de huelga silenciosa que ha paralizado el país, convocada por el Movimiento de Desobediencia Civil, la organización informal sin líderes visibles creada tras el golpe de Estado para movilizar a los ciudadanos contra la junta. Las fotos distribuidas por los medios digitales independientes muestran las calles casi totalmente desiertas y los comercios, cerrados a cal y canto.
Desde el golpe han sido detenidas al menos 2.812 personas, según AAPP, de las que este miércoles han quedado en libertad unas 600, la mayoría de ellas estudiantes universitarios. Entre quienes continúan presos se encuentra la jefa de facto del gobierno civil depuesto, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que permanece bajo arresto domiciliario a la espera de juicio por una serie de cargos que incluyen corrupción, el uso ilegal de unos walkie-talkies y la violación de la ley para la lucha contra la pandemia. Este miércoles debía haberse celebrado una audiencia telemática, aunque como en ocasiones previas se ha aplazado, esta vez hasta el 1 de abril debido al deficiente servicio de internet.
Los cortes de internet, las detenciones y persecución de periodistas y el cierre de medios de comunicación forman parte de una campaña de la junta para limitar el flujo de información y hacer más difícil que los participantes en las protestas puedan coordinar sus acciones.
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