La convocatoria a las elecciones parlamentarias de 2020 en Venezuela es el resultado de un pacto político entre las fuerzas chavistas y una pequeña facción de partidos formalmente opositores, agrupados en la plataforma de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. El acuerdo está concebido para dar un piso institucional a los procesos consultivos de la revolución bolivariana, apartar del camino a los sectores de la desobediencia liderados por Juan Guaidó y contribuir, al mismo tiempo, al crecimiento de estas formaciones emergentes.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha dado la bienvenida a aquellas organizaciones dispuestas a reconocer a Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y participar en sus términos en la consulta, y ha otorgado ciertas cuotas de poder a algunos políticos de estos partidos, particularmente en la conformación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dos de los cinco rectores de la CNE, Leonardo Morales y Luis Fuenmayor, representan a esta corriente.
Fueron algunos de estos políticos opositores los que, cinco meses antes, le pidieron al Tribunal Supremo de Justicia, afín al chavismo, declarar la omisión legislativa (falta de potestad legal) de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente encargado reconocido por 60 países, para nombrar al nuevo comité electoral. El Supremo venezolano se pronunció a favor pocas horas después.
Los políticos de la Mesa de Diálogo Nacional -espacio coloquialmente llamado “la mesita” en Venezuela y que reúne un sector de la oposición, en diálogo con el chavismo- diseñaron algunas modificaciones para las elecciones legislativas, aumentando en más de 100 el número de diputados del Parlamento unicameral venezolano (277 en total), y dejando reservada la elección de 40 escaños al “voto lista”, con el que se elige a formaciones con listas nacionales —el resto de escaños se reparten entre candidatos regionales votados en cada distrito electoral, cada uno con un peso proporcional a la población—. El oficialismo tuvo manos libres para comprar nuevas máquinas electorales, sobre cuya licitación y auditoría nada se sabe. Con estas decisiones, chavistas y opositores están buscando ensanchar y compartir espacios de poder.
Los partidos disidentes que han decidido asistir a las parlamentarias no se presentan unidos a las elecciones del 6 de diciembre, circunstancia que hace aún más factible una cómoda victoria chavista en el proceso. Estos opositores han tenido presencia en la publicidad electoral de radio y televisión y han asistido a debates televisados en contra de políticos chavistas.
Aunque convergen en torno a la convicción de presentar sus candidatos a esta consulta, por muy cuestionada que sea, tienen diferencias de enfoque e intereses. El argumento más invocado es el que ha expresado Claudio Fermín, líder del movimiento Soluciones: la necesidad de combatir la polarización política actual; no empeñarse en derrotar al Gobierno, sino en concentrarse en la gente; no responderle al chavismo con la palabra oposición.
De todos los partidos de la denominada “mesita” es Avanzada Progresista la organización política de mayor tamaño y la más dispuesta a presentarle críticas a Maduro y su gestión. Está liderada por Henri Falcón (exgobernador del Estado de Lara y militante chavista hasta 2009.
También asisten el Movimiento al Socialismo, partido que tuvo protagonismo en la política venezolana de los años noventa; Soluciones, de Fermín, otro político que fue popular hace 20 años; Cambiemos, organización conducida por Timoteo Zambrano, y la corriente del pastor evangélico Javier Bertucci, quien compitió contra Maduro en las impugnadas elecciones presidenciales de 2018. En líneas generales, se trata de políticos socialdemócratas con una interpretación de la crisis venezolana muy similar a la que en España puede tener sobre el tema venezolano José Luis Rodríguez Zapatero.
Más allá de la Mesa de Diálogo Nacional, asiste a esta elección, también por su cuenta, la formación Primero Venezuela. Se trata de un puñado de parlamentarios opositores acusados de ser sobornados por el Gobierno para arrebatarle la presidencia de la Asamblea Nacional a Juan Guaidó. Después de aquellos sobornos, el Supremo venezolano, controlado por el chavismo, ha emitido sentencias forzando el cambio de las direcciones de los partidos opositores Primero Justicia y Acción Democrática, aliados de Guaidó, para facilitar su participación electoral, usando para ello dirigentes menos beligerantes. La circunstancia ha servido para confundir a parte de la ciudadanía en un país en el cual ya campea la censura oficial.
También asiste a la consulta el novel movimiento Unidad y Cambio, fundado por el veterano dirigente socialcristiano Eduardo Fernández y dirigido por Mercedes Malavé, además de otros pequeños grupos de la democracia cristiana.
Aunque son fustigados con frecuencia por su obstruccionismo en contra de Guaidó y su actitud complaciente con el Gobierno, el grueso de estos dirigentes ha defendido sin matices los espacios institucionales que puedan ser defendidos; no abandonar la cláusula del voto; procurar acuerdos con el chavismo para salir del marasmo económico; centrar la gestión más en la emergencia social que en el cambio político, y procurar soluciones a la crisis de la democracia en el mediano y largo plazo.
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