No hace falta sumergirse en las profundidades de internet para encontrar escenas de pornografía infantil ante las que es difícil contener las nauseas: basta con hacer un par de búsquedas específicas en una red generalista como Twitter. El usuario que colgó uno de esos vídeos, que sigue sin ser eliminado desde que se subió en mayo, cuenta con 42.000 seguidores y el tuit tiene casi 12.000 interacciones. Más de 340.000 personas lo han visto. Resulta insultantemente sencillo que un pedófilo encuentre a otros como él mirando las reacciones al tuit o con las sugerencias que el algoritmo ofrece por las similitudes entre perfiles. Entonces se accede a una espiral de fotos o vídeos explícitos de menores y abusos de toda índole pese a la afirmación de portavoces de Twitter: “Tolerancia cero con el contenido de explotación sexual infantil”. Sin embargo, las imágenes están ahí y algunas permanecen disponibles durante semanas, en ocasiones pese a las advertencias de los usuarios, según ha constatado EL PAÍS.
Algo está fallando desde hace mucho tiempo. El informático Marcelino Madrigal, que lleva más de una década como activista contra la pedofilia en redes sociales, combina indignación y resignación por la dificultad para combatir a este ejército de cuentas, algunas abiertas desde hace más de seis años, que difunden y consumen esos abusos. Twitter, según sus portavoces, lucha contra esos contenidos y retira las publicaciones pedófilas cuando las detectan. Además, las reporta al Centro nacional para niños desaparecidos y explotados de Estados Unidos (NCMEC por sus siglas en inglés), que a su vez lo remite a las policías de los países donde se han localizado a esos tuiteros. Madrigal ya conoce esta postura, “la de siempre”, y aplaude que hace unas semanas fueran detenidas 15 personas en España por distribuir pornografía infantil en la red, pero ve insuficientes estas medidas: el informe anual de la NCMEC en España en 2020 registra unos 75.000 reportes, o sea, 75.000 casos en los que usuarios españoles colgaron semejante material en redes sociales.
La clave, cree, es que las redes permitan que las autoridades de cada país sean proactivas en la búsqueda y detención de esos individuos. “Si se cuelga en una web española, pueden ir a por él. Si es de otro país, no”, resume Madrigal. El trabajo de la Interpol, lamenta, “es un cachondeo máximo” porque unos 90 países no tienen legislación sobre abusos a menores, de modo que no se puede perseguir al infractor. Lo más habitual es que se les eliminen esas cuentas, pero pronto se crean otra y actúan igual: “Ya no me asombro, es frustrante”. Uno de los múltiples perfiles que publican impunemente esa pornografía lo acredita. Madrigal se enfurece al pensar en el “Instagram para niños” que Facebook había barajado crear: “Me hago el harakiri”.
Los informes anuales avalan este pesimismo. La NCMEC ha pasado de cuantificar 17 millones de reportes en 2019, en cualquier red, a 21,6 el año pasado. La pandemia, alertan los análisis de Interpol, ha alimentado un círculo vicioso donde los menores pasan más tiempo en casa, con más acceso a internet y menos contacto con docentes o adultos que puedan ayudarlos en caso de ser contactados por pedófilos virtuales. Las plataformas generalistas, más allá de albergar contenidos escalofriantes, son solo el principio. Los usuarios recurren a ellas sobre todo para formar comunidades y utilizar después plataformas más opacas, como Telegram o Tor, para los intercambios.
Las nuevas tecnologías y sus complejidades, admite Celia Carreira, inspectora jefa de sección del área de protección al menor de la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, dificultan actuar contra estos delincuentes. Este organismo, además de actuar proactivamente, recibe a diario “una barbaridad de denuncias”, más de 300 de media, tanto de la NCMEC como de otras vías. Un volumen tal que hace imprescindible que las redes sociales den la información sobre los usuarios sospechosos con “inmediatez”, algo que según la inspectora está mejorando en los últimos tiempos, con buena coordinación entre los agentes y las empresas. Esos usuarios se protegen mediante cifrados, borrados y cambios de códigos para esquivar las pesquisas, muy arduas porque antes de intervenir con firmeza en una detención u orden de registro se necesitan unas absolutas certezas, apunta Carreira, difíciles de obtener ante la opacidad de internet.
Otras veces, no obstante, la información no basta para concluir la culpabilidad del presunto pedófilo y hay operaciones que no se culminan por falta de una última prueba definitiva. Esta unidad policial del sector de Ciberdelincuencia la conforman 20 personas enteramente dedicadas a esos delitos pornográficos y dispone del apoyo de efectivos de delitos informáticos de las delegaciones en provincias o ciudades. “Los medios son los que son, toda ayuda es buena”, asume la investigadora, contra mareas ingentes de archivos ilegales, más aún cuando la pandemia ha incrementado estos intercambios pedófilos.
Las tácticas de estos adultos, al igual que sus formas de esconderse, han ido evolucionando desde aquellos primeros contactos en Messenger, lamenta Madrigal: “Van como manadas detrás de su carnaza, donde van los críos van ellos”. El proceso comienza creándose cuentas que simulan ser de niños; luego se ganan la confianza de chavales reales para irles pidiendo poco a poco material comprometido. Una vez en su poder, los chantajean: o les envían archivos más explícitos o pronto ese material empezará a circular, con el oprobio social que implica. La última etapa es la más peligrosa: obligar a los menores a verse con ellos y perpetrar físicamente los abusos.
TikTok, bajo la lupa
Los nuevos tiempos implican nuevos formatos. La red social de moda, sobre todo entre menores o niños, es TikTok, que según cifras del grupo suma más de 1.000 millones de usuarios globales y, aunque no da datos nacionales, se estima que hay unas cuatro millones de descargas de su app en España. Lo que parece un entretenimiento sano de música, baile y filtros se ha convertido en un “abrevadero donde van los leones a beber”, según Pablo Duchement, perito judicial informático demasiado acostumbrado a “depredadores sexuales infantiles” que han recalado en una red “plagada de niños” pese a que oficialmente es para adultos.
Otra cosa es la facilidad para burlar el algoritmo con el mínimo de edad exigida y que TikTok “se lava las manos” si los menores sortean el formulario. Según cifras oficiales, dos tercios de sus usuarios superan los 25 años, dato que desentona con solo un rato de navegación por la plataforma. Portavoces de la compañía indican que “no se permiten desnudos, pornografía ni contenido sexualmente explícito”. También se prohíbe “el contenido que represente o apoye actos sexuales no consentidos, el intercambio de imágenes íntimas no consentidas y el acercamiento sexual de adultos”. Mucha palabra y poco hecho, repone este experto, crítico también con las capacidades del “equipo humano y herramientas tecnológicas” que según sus portavoces la entidad china emplea para combatir esta lacra. Un dato que subraya la compañía es que el 91% de los archivos que se retiran se eliminan sin denuncia previa, algo que para Duchement debe matizarse y tener presente que aun así hay muchos contenidos que pueden no ser detectados o serlo pero que no se erradiquen.
Una de las trabas en los últimos años para actuar con esta plataforma es que China impone sus limitaciones normativas, que hacen casi imposible acceder a las credenciales del sospechoso, pues la legislación solo pone los datos privados a disposición del gobierno nacional y las empresas no pueden colaborar con organizaciones extranjeras. “China es la ciudad sin ley”, zanja Duchement, porque otras como Instagram o Twitter, bajo riesgo de sanción, acaban colaborando. Un paso positivo es que TikTok ha abierto una oficina europea que agiliza los trámites para acabar con esta actividad peligrosa, algo que agradece Duchement, quien pide que las normas sean más estrictas y que contenidos como el de una niña evidentemente pequeña, que baila en la playa en bañador junto a su profesora, se eliminen cuando son reportados en vez de recibir una respuesta que dice que no se están infringiendo las normas. La responsabilidad, responden los representantes de la compañía, radica en el usuario que cuelga el material.
El ‘modus operandi’ del depredador
TikTok, censura el perito, “se ha convertido en el paraíso soñado para los pedófilos”. El funcionamiento de esta plataforma, detalla, permite que estos reciban “a la carta” a potenciales víctimas gracias a que el algoritmo muestra “contenidos personalizados” según los intereses del usuario. O sea, aquel que mira vídeos de menores en bañador o bailando reggaeton pronto podrá disfrutar de más opciones similares. Duchement, como la inspectora Carreira, insiste en despenalizar a los niños, pues “no entienden lo que hacen” y simplemente se guían por una notoriedad que reciben más rápido si se sexualizan que si cuelgan contenidos neutros.
La imitación de “conductas de éxito” implica que pronto esos adultos tengan un enorme crisol de chavales sobre quienes desplegar sus tentáculos. Dado que los críos han asegurado ser mayores y han vulnerado fácilmente estas barreras de la normativa de protección de menores, TikTok habilita el contacto directo entre usuarios, una ventana de comunicación “terrible” aliñada con la “falta de mecanismos de seguridad” de los pequeños, que van dando información personal como la ciudad, la residencia o el colegio.
Los depredadores, afirma el perito judicial, aplauden primero en público esos bailes con poca ropa y ruegan algo personalizado en privado. Así van obteniendo material sexual, sesiones de fotos progresivamente más explícitas o archivos masturbándose que dan paso a la amenaza una vez disponen de ellos: “O quedamos o todo el mundo sabrá lo que haces”. Algunos de ellos han llegado a recopilar archivos en forma de paquetes que acaban vendiendo en el mercado negro virtual a consumidores ocultos.
Todo ocurre, prosigue el especialista, mientras padres o profesores siguen exponiendo a muchos menores en las redes sociales, incluso publicando datos personales. La conversación con Duchement se interrumpe al pedirle que cuente algún episodio que ha tratado en España: “Perdona, me pone malo”. Una chica cayó en la telaraña de un pedófilo que la chantajeaba y acosaba con archivos que había obtenido. Este consiguió amedrentarla tanto que logró que la menor fuese regularmente a su casa. La violó semanalmente durante una larga temporada sin que ella se atreviera a confesar y pedir socorro. Lo único que decía en casa es que iba a estudiar a la biblioteca.
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