La crisis del coronavirus dejó un número de desahucios inusualmente bajo el año pasado, pero a la vez los procesos de ejecución hipotecaria que se iniciaron en los juzgados se dispararon un 17,5%. Así lo recogen las estadísticas publicadas este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señalan que los procedimientos iniciados por impago de préstamos hipotecarios el año pasado fueron 20.460, 3.049 más que en 2019, en lo que constituye la primera subida anual desde 2012. Aunque la estadística judicial no atribuye las causas, sin duda el empeoramiento de la situación económica de muchas familias y empresas se encuentra detrás de las dificultades para hacer frente a las letras de la hipoteca.
Aunque el dato anterior puede ser un indicador de un posible repunte de desahucios en el futuro (si los procedimientos iniciados el año pasado acaban con la obligación para el prestatario de entregar el inmueble), lo cierto es que ese efecto no se observó el año pasado. Al contrario, el número de lanzamientos (el término con el que judicialmente se alude al momento en que un tribunal acuerda un desahucio) practicados el año pasado fue de 29.406, lo que supone un 45,6% menos que en 2019. En la bajada confluyen varias causas. Una muy importante son los meses de práctica inactividad de los juzgados durante el primer estado de alarma (estuvo vigente del 14 de marzo al 21 de junio). De hecho, al observar la evolución por trimestres, la estadística del CGPJ señala que en el segundo trimestre de 2020 los lanzamientos cayeron más de un 90%, mientras que en el último trimestre del año solo lo hacían, con respecto al mismo periodo del año anterior, un 17%.
¿Por qué siguieron cayendo los desahucios una vez los juzgados reabrieron? Al margen de las alteraciones en la actividad judicial que siguiera (y siga) provocando la pandemia, hay que considerar además las medidas especiales que puso el Gobierno para evitar algunos desahucios. En el caso de los inquilinos, estas fueron muy limitadas hasta el pasado 22 de diciembre, cuando un decreto amplió la prohibición de expulsar de sus viviendas a numerosos integrantes de hogares vulnerables. Antes de esa fecha, y por tanto durante casi todo 2020, se aplicaba una norma aprobada a finales de marzo del año pasado y que se refería a aquellos arrendatarios cuya situación había empeorado por la pandemia, teniendo que justificar que sus ingresos habían descendido (como consecuencia de un ERTE, quedar en paro, reducirse la jornada para cuidar a otros u otras circunstancias similares).
Un 72% de desalojos son por alquiler
No obstante, los desahucios de personas que viven de alquiler siguieron siendo ampliamente mayoritarios. Del total de 29.406 lanzamientos practicados, 21.145 (el 72% del total) fueron de arrendatarios. Aun así, estos descendieron un 42% con respecto a las cifras de 2019, pero los datos sugieren que fue sobre todo por la inercia que ya traían y por la excepcionalidad del segundo trimestre del año, cuando cayeron un 89%. De hecho, si antes de la pandemia, entre enero y marzo (aunque aquí hay que considerar que 16 días se vieron ya afectados por el estado de alarma), los desahucios de inquilinos caían un 33%, en el último trimestre del año lo hicieron un 13,6%. Habrá que esperar a saber los datos del primer trimestre de este año para conocer el impacto de las nuevas medidas antidesahucios del Gobierno, que se extendieron a todos los colectivos vulnerables y no solo a los que lo eran como consecuencia de la pandemia, cuya incidencia el año pasado fue mínima, puesto que solo estuvieron vigentes unos pocos días a finales de 2020.
En favor de la idea de que la norma anterior a esa (la que salió en marzo) tuvo unos efectos muy modestos apuntan también los datos publicados este jueves por el CGPJ. Estos señalan que los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias (pese a ser minoritarios y pese al mayor número de procedimientos iniciados, como se señalaba al principio) descendieron todavía más que los de inquilinos. El año pasado fueron desposeídos de sus viviendas 6.915 hogares por impacto del préstamo hipotecario, un 51,3% menos que en 2019. En este tipo de lanzamientos, la normativa no cambió: hay una moratoria que impide practicarlos para determinados colectivos vulnerables (familias con menores o discapacitados a su cargo o parados, entre otros) desde 2013 y el Gobierno decidió el año pasado prolongar esas medidas, que vencían en mayo, cuatro años más. El descenso, por tanto, tiene que ver con la tendencia propia que han seguido este tipo de desahucios —que se asocia con el hecho de que los prestatarios que quedan cada vez son más solventes porque muchos que no lo eran ya fueron expulsados de sus casas durante la Gran Recesión, y luego los bancos endurecieron las condiciones para prestar— y también con el parón del primer estado de alarma.
La estadística atribuye, además, otros 1.346 lanzamientos a otras causas diferentes de la ejecución hipotecaria o el incumplimiento del contrato de alquiler, lo que supone casi un 60% menos de desahucios respecto a 2019 en esta categoría.
Por comunidades autónomas, son obviamente las más pobladas las que encabezaron los desahucios en 2020. Donde más lanzamientos se practicaron fue en Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total). Le siguieron Andalucía (4.517 lanzamientos), la Comunidad Valenciana (4.501) y Madrid (2.872). Las mismas posiciones se repiten en los desalojos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, por alquiler), mientras que en los que fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias lidera la estadística la Comunidad Valenciana (1.640), seguida de Andalucía (1.349), Cataluña (1.069) y Murcia (692).
Menos conflictos por cláusulas abusivas
La estadística de Efecto de la crisis económica en los órganos judiciales también da cuenta del número de asuntos ingresados y resueltos en los tribunales especializados en cláusulas hipotecarias abusivas. El año pasado fue el último en que todas las provincias tuvieron este tipo de órganos, criticados por una parte de la judicatura y por las asociaciones de consumidores, ya que en diciembre se acordó que en aquellos lugares con menor carga de trabajo desaparecerían en este 2021.
En el conjunto de España, el año pasado recurrieron cláusulas abusivas en sus hipotecas 110.426 personas (a este tipo de juzgados solo pueden ir personas físicas, no las empresas), lo que supone un 16,6% de casos menos que en 2019. No obstante, el número de procesos resueltos también se resintió por la paralización judicial provocada por la pandemia y a final de año era 114.962. Eso significa que en total apenas se redujeron el número de procedimientos que quedan pendientes (239.445, un 1,9% menos que a finales de 2019).
Pero la situación es muy diferente por territorios. Mientras que en La Rioja solo quedaban 245 casos en trámite a finales de 2020, o 384 en Asturias; en los juzgados especializados de las ocho provincias andaluzas se sumaban 57.117 procesos pendientes. Y en la Comunidad de Madrid —la más afectada por el atasco, puesto que al ser uniprovincial solo tiene el juzgado por provincia que determinó en su día el CGPJ para resolver todos los asuntos de una población que supera los seis millones— quedaban 67.878 asuntos pendientes.
Lo que apenas varió el año pasado es el alto porcentaje de casos en que los juzgados resuelven a favor del cliente que reclama la existencia de una cláusula abusiva en su hipoteca. De las 97.450 sentencias dictadas en España el año pasado por estos tribunales, el 97,9% fueron estimatorias. Es el porcentaje más alto desde 2018, cuando el CGPJ comenzó a recabar este dato. Extremadura y Baleares, ambas con un 99,4% de sentencias favorables, tuvieron los porcentajes más altos; y Asturias, con un 95,2%, el más bajo.
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