Hace cuatro años el Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, un sueño que hoy parece lejano por el asesinato de 243 exguerrilleros y la posibilidad creciente de un nuevo ciclo de guerra.
El ambicioso documento que firmaron el 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, contiene objetivos de transformación social profunda, incluida una reforma rural, que hasta el momento no han tenido mayor desarrollo.
Otra amenaza se cierne sobre uno de los pilares del acuerdo: las propuestas del partido de Gobierno, el derechista Centro Democrático, para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
“Estamos llegando al límite objetivo (para que se quiebre la implementación) que son las cifras de líderes (sociales) y excombatientes asesinados y la posición muy agresiva contra lo que queda del acuerdo por parte del partido de Gobierno, que es el intento de destruir el aparato de justicia transicional”, manifestó a Efe el investigador Francisco Gutiérrez Sanín.
Para el experto, que vaticina en el libro “¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?” (Penguin Random House) que el país se aboca a una nueva etapa de violencia si se sigue incumpliendo lo acordado, las dificultades de la implementación ya tienen efectos visibles, como el retorno a las armas de miles de exguerrilleros.
Sin embargo, el Gobierno señala que la reincorporación va bien y que hay vigentes, por ejemplo, 1.686 proyectos productivos individuales y colectivos que benefician a cerca de 5.000 excombatientes y en los cuales el Gobierno ha invertido 40.000 millones de pesos (unos 11 millones de dólares).
VIOLENCIA DESBORDADA
Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados al menos 243 excombatientes, según la cuenta que lleva el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla.
Entre tanto, los asesinatos de líderes sociales siguen creciendo y desde noviembre de 2016 son cerca de un millar, de los cuales 96 fueron cometidos durante el primer semestre de este año, según denunció el programa no gubernamental Somos Defensores en su informe semestral titulado “El virus de la violencia”.
Esos crímenes ocurren principalmente en regiones donde tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), denominadas por el Gobierno como Clan del Golfo, grupos cuyo poder ha crecido en los últimos años.
Ante esta situación, centenares de exguerrilleros de distintas partes del país llegaron a Bogotá el mes pasado y a principios de noviembre se reunieron con el presidente colombiano, Iván Duque, para tratar directamente con él el problema de la violencia.
“No hay fisuras ni ánimo distinto en el propósito de hacer todo lo que está al alcance legal de las entidades del Estado para ese proceso de protección (…) Estamos en la más firme actitud de actuar y aún en los casos de homicidios se hacen todos los esfuerzos para capturar y judicializar a los responsables”, expresó el pasado 11 de noviembre el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
LA JUSTICIA DE PAZ BAJO FUEGO
El pasado 15 de octubre la senadora Milla Romero, del Centro Democrático, radicó en el Congreso colombiano un proyecto de acto legislativo para derogar la JEP, creada a instancias del acuerdo de paz.
Tres días antes el expresidente Álvaro Uribe, crítico severo del acuerdo de paz, insistió en la propuesta de impulsar un referendo para acabar ese tribunal, tema que hoy sigue sobre la mesa.
Incluso en su primer año de Gobierno el presidente Duque hizo seis objeciones a la ley que reglamentaba el funcionamiento de la JEP, que al final no prosperaron porque la Corte Constitucional ordenó al mandatario firmar el proyecto tal como estaba al considerar que los reparos que hizo fueron rechazados por el Congreso.
A pesar de eso, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue en pie e investiga siete “macrocasos” y dentro de ese proceso ha logrado, con la ayuda de otras entidades estatales y declaraciones de los actores del conflicto, encontrar los cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto y devolverlos a sus familiares.
PERIODO DE INCERTIDUMBRE
La implementación del acuerdo de paz vive un periodo de incertidumbre porque la violencia creciente en las regiones y el fortalecimiento de grupos como el ELN o las disidencias de las FARC, oscurecen el panorama, principalmente en las regiones más remotas y donde proliferan los cultivos ilícitos.
En ese sentido, Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos Agrarios, explica que “todo eso se puede contrarrestar en la medida en la que haya distintas formas de presión”.
“Frente a esto no creo que haya ningún cambio a menos que haya una presión pro-paz, por eso digo que no estamos condenados a caer en un nuevo ciclo de violencia, sino que hay una especie de carrera contra el tiempo”, asegura.
El investigador dice además que “si ese acuerdo tenía elementos reales y cruciales para la paz estable y duradera” es clave que la sociedad colombiana se apropie de él.
De no ser así, “el efecto más desastroso realmente a largo plazo, o uno de los más desastrosos, es el deterioro del sentido de la palabra empeñada por el Estado”.
“¿Quién le va a creer al Estado en el futuro?, ¿Quién va a creerle al Gobierno colombiano cuando dice que hagamos esto o aquello? Creo que hay un elemento de deterioro muy significativo de la palabra empañada por parte del Estado como Estado, no como X o Y individuo o como X o Y líder político”, apostilla.