Un funeral digno que tuvo que esperar 23 años. El tiempo para una familia colombiana estaba suspendido desde el 14 de noviembre de 1997, cuando cincuenta paramilitares se llevaron y mataron a Alveiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga, de 22 y 14 años en la vereda Llanogrande, de Dabeiba. La espera se destrabó esta semana cuando la familia recibió los restos de sus parientes, hallados e identificados por efecto del proceso de paz entre el Estado y las FARC. Los buscaban desde hace décadas, como siguen haciendo con Félix Manco Durango y su hermano, Wilson Jairo, desaparecidos esa misma noche.
La búsqueda dio un giro en 2019 después de que un grupo de 16 militares de la Brigada 17 del Ejército, de los 1.944 que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)- el tribunal de justicia transicional nacido con los acuerdos de paz-, contó detalles de uno de los capítulos más escabrosos del conflicto colombiano: cómo en muchas regiones de Colombia militares asesinaron a civiles y los disfrazaron de guerrilleros para demostrar que estaban ganando la guerra y recibir recompensas. En sus declaraciones, los miembros del Ejército le dieron a la JEP un lugar para buscar que hasta ese momento era insospechado: el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba, un municipio a cuatro horas de Medellín en la ruta hacia la costa caribe.
En ese camposanto, convertido en una enorme fosa común, ya han rescatado al menos a 54 restos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado o falsos positivos y, en febrero pasado, se dio la primera identificación plena de un desaparecido que fue entregado a su familia. A pesar de la pandemia las investigaciones continuaron y como explica el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, identificaron a Alveiro Úsuga y a Eliécer Manco, cuyos restos tenían patrones que concuerdan con las víctimas de los llamados falsos positivos: disparos de gracia, uniformes camuflados sin tiros, reportes de policía judicial donde se los presentaba como poseedores de armas y, sobre todo, denuncias insistentes de sus familias que habían sido desaparecidos.
Su hallazgo revela la connivencia entre paramilitares y militares en esas épocas críticas del conflicto y, también, los largos caminos de impunidad que han recorrido las víctimas. “Cuando ocurrió el hecho (en 1997) fue trasladado a la Justicia Penal Militar, pero ahí no pasó nada. Muchos años después, en 2008, la madre de uno de estos jóvenes se armó de valor y fue a la Fiscalía a denunciar la desaparición de su hijo, pero la investigación fue archivada. Solo hasta que la JEP recibió las versiones de los militares y contrastó, se pudo llegar a ubicar a estas personas”, explicó el magistrado Alejandro Ramelli a EL PAÍS.
La historia de Dabeiba está lejos de terminar: las exhumaciones siguen en el cementerio y otros lugares cercanos; mientras, la JEP y Medicina Legal toma muestras de ADN a cientos de familias del municipio, donde habría más de 600 personas desaparecidas en el conflicto armado. A una de esas jornadas para tomar el ADN acudieron en 2019 los parientes de Yulieth Andrea Tuberquia, de 14 años, y Nelson Antonio Góez. Pasaron varios meses de cotejos y una pandemia en el medio, pero este miércoles por fin recibieron los cuerpos que buscaron durante años.
“Este es un avance significativo para esos familiares que al menos ya saben el paradero de los suyos. También para quienes desde los años noventa pedíamos que se esclarecieran los hechos en Dabeiba”, dice Sergio Arboleda, de la ONG, Corporación Jurídica Libertad, que ha acompañado a víctimas de crímenes de Estado. Para este abogado, el caso del cementerio ha servido también para conocer detalles de la connivencia entre paramilitares y soldados y para evidenciar el patrón de la desaparición forzada asociada a las ejecuciones extrajudiciales. “No a todas las personas las podían mostrar como guerrilleros porque eran conocidas y queridas en sus pueblos, entonces las llevaban a otros municipios, les quitaban los documentos”, explica.
La desaparición forzada es una de las heridas más profundas en Colombia y se calcula que puede haber 200.000 cadáveres sin nombre en los cementerios y en las fosas clandestinas en todo el país, sin contar los que fueron lanzados a ríos. A la JEP, que ha recibido ataques de opositores al proceso de paz y concretamente del partido de gobierno, Centro Democrático, que pide reformarla o eliminarla, le critican que solo halle desaparecidos vinculados a crímenes de la fuerza pública. Sin embargo, de acuerdo con Ramelli, también están haciendo búsqueda de víctimas de la guerrilla. En otros casos, como el de la presa de Hidroituango, tienen información de coordenadas de al menos cinco personas ejecutadas presuntamente por las FARC, lo mismo que en la Comuna 13 de Medellín, donde se atribuyen a diversos grupos armados.
Y aunque los cuatro cuerpos identificados en Dabeiba esta semana pueden parecer ínfimos frente al universo de la desaparición forzada en Colombia, su identificación tiene un enorme significado para estas familias que esperaron décadas para sepultarlas, como lo hicieron este miércoles en medio de un acto simbólico en el parque principal del pueblo. En el cementerio, mientras tanto, la búsqueda de otros desaparecidos, continúa.
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