La ocupación de terrenos se ha convertido en un problema para el peronismo. Hay sectores que quieren frenar el fenómeno y otros lo justifican. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no se decanta. La toma de solares para edificar viviendas precarias no es nueva en el país sudamericano y suele darse en épocas de crisis económica y social. El problema para el oficialismo consiste en que por un lado gobierna y debe hacer respetar la ley, y por otro contiene grupos que ayudan a las familias a usurpar el suelo ajeno.
La toma de tierras cobra cada día más impulso en la provincia de Buenos Aires. Según la policía, se registran hasta seis intentos diarios. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quiso ser tajante el pasado viernes: “Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. El Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”.
El ministro de Seguridad de Buenos Aires, el peronista “duro” Sergio Berni, apareció en televisión para acusar a determinados movimientos peronistas de participar en las ocupaciones: “Hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del Movimiento Evita, no tengo miedo de lo que digo; ojalá la justicia investigue”, dijo. Fernando Navarro, dirigente del Movimiento Evita y secretario de Relaciones Parlamentarias en el Gobierno nacional, rechazó la acusación y desafió a Berni a que presentara una denuncia judicial. Tanto Berni como Navarro son incondicionales de la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La ministra de Seguridad del Gobierno nacional, Sabina Frederic, permanentemente enfrentada a Sergio Berni, intentó justificar su inacción diciendo que se trataba de un problema de vivienda, no policial. Es cierto que el propio Gobierno provincial bonaerense calcula que harían falta al menos 400.000 viviendas nuevas para paliar el déficit habitacional, agravado por la crisis derivada de la pandemia. También es cierto una de las medidas de urgencia adoptadas ante la pandemia prohibió desahucios y desalojos hasta final de septiembre. Pero en municipios como La Matanza o Presidente Perón grandes espacios de terreno público están convirtiéndose en ciudades improvisadas. Los intendentes temen verse obligados a prestar servicios en esas urbanizaciones que no tienen nada, ni electricidad, ni agua, ni servicios sanitarios, y donde no se recauda un peso.
En otros episodios de crisis económica y social gravísima, como en 2001, se registraron miles de saqueos a supermercados. Ahora no se dan esos asaltos, sino tomas de tierras. Según la oposición, algunos dirigentes locales del peronismo ya prometieron durante la campaña electoral de 2019 que ampararían las ocupaciones. Y en el propio peronismo se admite que la tolerancia de los suyos beneficia a mafias que se encargan de dividir los terrenos en lotes y “venderlos” a sus ocupantes. En ocasiones venden el mismo lote a varias familias distintas, con resultado de violencia.
El presidente de la Cámara de Diputados, el peronista moderado Sergio Massa, propuso la semana pasada que quienes ocuparan terrenos se vieran privados de subsidios. La oposición respaldó la idea. La gran mayoría de los usurpadores de tierras forma parte, sin embargo, del electorado tradicional peronista, y tanto eso como la participación de movimientos peronistas en las ocupaciones mantiene paralizados al presidente Fernández y al gobernador Kicillof.
El problema de Buenos Aires se suma al de Chubut y Río Negro, dos provincias patagónicas donde movimientos indigenistas mapuches llevan meses ocupando espacios en el Parque Nacional Nahuel Huapi y destruyendo viviendas privadas. Las últimas usurpaciones han afectado a escuelas y centros recreativos de la iglesia católica. El conflicto no es nuevo. Adquirió más intensidad a partir de 2017, cuando la policía actuó para desalojar terrenos ocupados y mató de un disparo por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche.
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