Boris Johnson se enfrenta este miércoles, en una sesión televisada que todos los británicos podrán seguir, a sus propios fantasmas. El ex primer ministro comparecerá ante la Comisión de Privilegios del Parlamento, encargada de supervisar si los diputados abusan de las prerrogativas legales que su puesto garantiza (por ejemplo, si se incurre en un delito de difamación al realizar libremente acusaciones contra alguien durante un debate). El político más popular del Reino Unido en las últimas décadas insiste en que nunca tuvo la intención de mentir a sus compañeros diputados cuando dio explicaciones sobre el escándalo del partygate. Siete diputados —cuatro conservadores, dos laboristas y un nacionalista escocés— deben decidir si cometió perjurio ante la Cámara de los Comunes al asegurar que no era consciente de incumplir la ley cuando participó en las famosas fiestas en Downing Street durante el confinamiento por la covid.
Johnson, que se labró una reputación de mentiroso sin remordimientos durante su época de periodista y luego como dirigente, lucha por su supervivencia política. Una condena del comité obligaría al Parlamento, casi automáticamente, a suspender de su escaño al ex primer ministro —que aún lo ocupa, aunque se deje ver poco por Westminster—. La consecuencia habitual de esa decisión suele ser un desafío electoral al diputado sancionado en su propia circunscripción y, con casi total seguridad, su reemplazo. Sin embargo, la popularidad que atesora aún el personaje político podría provocar una división entre los diputados conservadores a la hora de votar. El actual primer ministro, Rishi Sunak, tiene intención de permitir libertad de voto.
Horas antes de la comparecencia, con ayuda de su equipo jurídico, Johnson ha presentado ante el comité un informe en su defensa en el que niega haber ocultado la verdad a sabiendas. “Acepto que la Cámara de los Comunes fue engañada con mis declaraciones, en las que aseguré que se habían seguido completamente las normas y recomendaciones del distanciamiento social en el número 10 de Downing Street [sede de la oficina del primer ministro]. Pero cuando realicé aquellas declaraciones, las hice de buena fe y sobre la base de lo que yo honestamente sabía y creía en ese momento. No engañé ni intencionadamente ni de modo temerario a la Cámara el 1 de diciembre de 2021, el 8 de diciembre o en ninguna otra fecha. Nunca habría soñado en hacer algo así”, afirma Johnson en su alegato de defensa.
El comité ya publicó unas primeras conclusiones provisionales, a principios de marzo, en las que aseguraba que las comunicaciones internas de los empleados de Downing Street incorporadas a la investigación “sugieren que las infracciones de las recomendaciones hubieran resultado obvias para el señor Johnson cuando asistió a esos encuentros”.
El ex primer ministro asegura en el texto presentado ante la comisión que no existe ninguna prueba directa que demuestre esa “obviedad” que sugieren, e intenta combinar en su estrategia una escrupulosa defensa jurídica de sus actuaciones junto a un ataque político a la comisión, a la que acusa de mantener una visión sesgada y predeterminada de todo lo relacionado con el partygate. “El comité parece sugerir ahora que fue temerario por mi parte confiar en lo que me aseguraban mis asesores cercanos. Es una acusación absurda y sin precedentes. Yo era el primer ministro del país, y trabajaba noche y día para gestionar la respuesta del Gobierno a la pandemia. Era claramente razonable que me fiara de lo que me decían mis colaboradores”, asegura Johnson.
Fotos que “no prueban nada”
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En sus conclusiones provisionales, el comité publicó nuevas fotografías en las que se veía a Johnson festejar con su equipo de Gobierno durante los días aciagos de la pandemia, tanto en 2020 como en 2021. “A pesar del modo en que la prensa ha utilizado esas fotos como armas, la realidad es que sirven de muy poco para demostrar la obviedad. Cuatro de las cinco aportadas por el comité las hizo el fotógrafo oficial del número 10 de Downing Street. Cualquier sugerencia de que hubiéramos podido celebrar eventos contrarios a las normas y recomendaciones, y permitir a la vez que esos eventos fueran inmortalizados por el fotógrafo oficial resulta inverosímil”, dice el texto de Johnson, elaborado por el prestigioso abogado David Pannick, que ha tenido entre sus clientes a la difunta Isabel II. Sus honorarios, curiosamente, son abonados escrupulosamente por el actual Gobierno conservador de Sunak.
Johnson sugiere en su defensa que muchas de las personas que formaban parte de su equipo participaron en aquellas fiestas y no fueron sancionadas. De hecho, el ex primer ministro ni siquiera admite a estas alturas que mereciera la multa que le impuso la policía —a él y a su entonces ministro de Economía, Sunak— por participar en la fiesta de cumpleaños sorpresa que sus colaboradores prepararon en la sala de gobierno de Downing Street, el 19 de junio de 2020. “A día de hoy, sigue sin resultarme claro —y creo que el primer ministro quizá sienta lo mismo— cuál fue el modo preciso en que quebrantamos las normas (…). Nos comimos juntos un sándwich y me desearon feliz cumpleaños. Nadie me avisó previamente de lo que iba a ocurrir. No hubo pastel, y nadie cantó el Cumpleaños feliz”, se defiende Johnson.
La baza de Sue Gray
El comité centra sus investigaciones exclusivamente en la posibilidad de que Johnson mintiera deliberadamente al Parlamento. Todo lo ocurrido durante el partygate fue materia policial, además de objeto de un serio escrutinio por parte del propio Gobierno. De hecho, la persona responsable de ese escrutinio ha dado al ex primer ministro una baza inesperada, y le ha permitido sembrar dudas sobre una supuesta conspiración izquierdista contra el político. Sue Gray, la alta funcionaria que redactó el primer informe interno sobre el partygate, anunció a principios de marzo su voluntad de abandonar el Gobierno (ocupaba el puesto de vicesecretaria del Gabinete, el segundo cargo más importante en la jerarquía del alto funcionariado británico) y pasar a ser la jefa de gabinete del líder de la oposición laborista, Keir Starmer.
El informe de Gray, que describió una cultura de alcohol y fiesta en Downing Street y señalaba la culpabilidad de los responsables políticos en no ponerle freno, resultó demoledor para Johnson. Gray nunca le señaló personalmente, pero el informe descargó indirectamente sobre él gran parte de las culpas.
El paso de Gray a las filas de la oposición contribuye a agitar las aguas dentro del grupo parlamentario conservador, en el que —aunque cada vez sean menos— sigue existiendo un grupo numantino de partidarios de Johnson que suspiran por su regreso a primera fila, ajenos al reguero de mentiras y trampas que el político ha ido dejando por el camino en los últimos años.
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