La cultura está preocupada, como todos, casi exclusivamente por una emergencia excepcional: el coronavirus. Pero, ayer lunes se acordó también de otro peligro mucho más común, habitual en los últimos años: la piratería. La Policía Nacional desmanteló una red que ofrecía presuntamente de forma ilegal películas, series y programas de televisión sin la autorización y licencia de sus creadores, a “al menos 15.000 usuarios en toda España”, según un comunicado oficial. Los agentes detuvieron a siete personas: “Sus dos principales integrantes en Zamora y Salamanca, uno en Córdoba, tres en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva) y el último en la provincia de Málaga (Benalmádena) como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y usurpación del estado civil”, informa el mismo documento. La policía sostiene que “se trata de la operación más importante de este tipo en Castilla y León y una de las más importantes realizadas en España”. Los siete detenidos quedaron en libertad con cargos.
La investigación se puso en marcha a finales de mayo de 2019, tras una denuncia de Egeda, la entidad de gestión de los derechos de autor de los productores audiovisuales, ante la comisaría provincial de Valladolid. La policía asegura que los detenidos proporcionaban su servicio “principalmente mediante el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales”. “El investigado en Salamanca administraba una web que utilizaba para publicitar sus servicios ilegales y el segundo, desde su centro de operaciones en Zamora, lideraba un grupo cerrado en una aplicación de mensajería”, explica el comunicado de la policía. Y subraya que este tipo de sistema “dificulta sobremanera este tipo de investigaciones debido al anonimato que confiere el uso de las redes sociales, que se acrecentaba por el hecho de que los principales investigados utilizaban identidades de terceras personas sin su conocimiento, para que aparecieran como titulares de los teléfonos y de cuentas abiertas en las entidades financieras que utilizaban”.
Los agentes realizaron seis registros domiciliarios, durante los cuales desconectaron del servicio a 5.673 usuarios, cerraron la web y bloquearon diversas cuentas de pago por Internet y otras plataformas de banca online. Entre otras cosas, la policía intervino siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno, casi 11.000 euros en efectivo, móviles, documentación y material informático.
El comunicado de la policía, y otro enviado hoy martes por Egeda, aseguran que “el perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos asciende a unos 11.830.000 euros, habiéndose dejado de recaudar por la Hacienda Pública española unos 3.144.000 euros”. En todo caso, el cálculo del lucro cesante para la industria cultural a causa del consumo ilegal de contenidos se ha demostrado muy difícil de realizar, ya que hay muchas discrepancias sobre el criterio más apropiado y las estimaciones suelen proceder del propio sector.
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