Una ola de protestas antigubernamentales sacude a Nigeria desde hace diez días y ha provocado al menos una quincena de muertos en las principales ciudades del país. El Gobierno federal ha movilizado a los antidisturbios en todo el territorio nacional y al Ejército en las calles de la capital, Abuya, donde este lunes fueron incendiadas numerosas viviendas. El gobernador del Estado de Lagos ha decretado este martes un toque de queda de 24 horas después de que la ciudad del mismo nombre, la más poblada del país, quedara bloqueada por grupos de jóvenes que erigieron barricadas. Las manifestaciones comenzaron para denunciar la brutalidad de una unidad policial antirrobos pero han ido ganando en amplitud y ya se dirigen contra el Ejecutivo federal de Muhammadu Buhari y el mal gobierno.
“Las manifestaciones pacíficas han degenerado en un monstruo que amenaza el bienestar de nuestra sociedad”, aseguró este martes el gobernador de Lagos, Babadije Sanwo-Olu, a través de su cuenta de Twitter antes de decretar el toque de queda. El estado de Edo ya lo hizo el pasado lunes, el mismo día que decenas de militares ocupaban las principales calles y cruces de Abuya. El Ejército aseguró mediante un comunicado que este despliegue era debido a una operación militar de rutina, pero numerosos vídeos que circulan por las redes y testimonios revelan que los soldados han participado en la disolución de algunas protestas. “La mayoría de las muertes se han debido a la represión policial”, dijo el responsable de programas de Amnistía Internacional en Nigeria, Seun Bakare.
En Lagos y desafiando al toque de queda, un millar de manifestantes portando banderas nigerianas y cantando el himno nacional ocupaba este martes por la tarde el peaje de Lekki, uno de los principales puntos de entrada a la ciudad. Por la mañana, grupos de delincuentes aprovechaban el clima de desorden para extorsionar a los conductores, saquear establecimientos y controlar la circulación, según informa France Presse. Ante ello, el inspector general de la policía federal dio la orden de desplazar de manera inmediata a los antidisturbios con el objetivo de “proteger a los nigerianos y sus bienes y asegurar las infraestructuras nacionales esenciales”.
El objeto inicial de las iras de los manifestantes era el Escuadrón Especial Anti-Robos (SARS, por sus siglas en inglés), que fue creado en 1984 para combatir los frecuentes hurtos, secuestros y otros crímenes violentos en las grandes ciudades nigerianas. Desde los años noventa, distintas asociaciones de derechos humanos han denunciado su excesivo uso de la fuerza, intimidación, torturas y asesinatos en lúgubres centros de detención. En 2014 y 2017, sendos informes de Amnistía Internacional documentaban decenas de casos de malos tratos, palizas, humillaciones y ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por agentes de esta unidad. En junio pasado esta ONG presentaba hasta 82 evidencias de delitos cometidos con total impunidad en los últimos tres años.
A medida que se generalizaban los actos de hostigamiento contra jóvenes nigerianos en las calles, que veían cómo los agentes les robaban con violencia y sufrían todo tipo de extorsiones, un creciente malestar iba surgiendo en las redes sociales que cristalizó en el hashtag #EndSARS. El desencadenante final de la ola de protestas fue el asesinato de un joven en la ciudad de Ughelli el pasado día 3 a manos de los agentes. Personalidades de todo el mundo se unieron a la campaña a través de Twitter y otras redes y apoyaron la gran manifestación que tuvo lugar el día 9. El Gobierno no tuvo más remedio que ceder y el presidente Buhari anunció al día siguiente la disolución del SARS y la integración de sus miembros en otras unidades.
Sin embargo, las protestas, lejos de apagarse, han ido subiendo de tono y se han extendido por todo el país. Los activistas comenzaron a exigir la liberación de todos los manifestantes que han sido detenidos en los últimos días, que se haga justicia con las víctimas del SARS y la brutalidad policial en general, la creación de un órgano independiente que investigue todas las denuncias de los últimos años, la evaluación psicológica y formación de los agentes de esta unidad policial para valorar si pueden integrar otros cuerpos y el aumento salarial de los policías para que puedan cumplir con su labor sin robar ni violentar a nadie. Ahora en las manifestaciones también se escuchan eslóganes contra el Gobierno federal y la corrupción.
Las mujeres, que también han sido víctimas de la brutalidad del SARS, y colectivos feministas han jugado un papel central en las manifestaciones de los últimos días y en las campañas a través de las redes sociales. La Coalición Feminista, que agrupa numerosas asociaciones, lanzó una iniciativa de recogida de fondos para apoyar la logística de las protestas que fue un gran éxito. Las marchas están protagonizadas sobre todo por jóvenes, pero a ellas se han ido sumando personas de todas las edades y de diferentes sectores profesionales y grupos sociales.
Pero las protestas que comenzaron como un gran éxito de movilización de la sociedad civil ya no son iguales y han surgido grupos de alborotadores ajenos a la organización de las mismas. “Las manifestaciones de #EndSARS ha sido pacíficas en general, sin embargo, en los últimos días Amnistía Internacional ha observado que en algunas partes del país han sido secuestradas por matones a sueldo. Es impactante también que la policía haya mirado hacia otro lado mientras los propios manifestantes eran atacados”, asegura Bakare.