La propuesta de la OPEP es injusta e inaceptable para muchos, ya que no atiende las decisiones de carácter político que condujeron a la caída de los precios, ni atribuye responsabilidades en consecuencia.
Por Erick Viramontes*
La situación que atraviesa la industria petrolera desde marzo es muy complicada, en especial para los países productores, incluyendo aquellos, como México, que no son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En los últimos meses, los precios internacionales se han desplomado debido a la drástica disminución de la demanda, vinculada a la abrupta paralización que ha supuesto la crisis sanitaria mundial por el brote de Covid-19, y al aumento de la oferta, producto de una guerra de precios entre dos de los principales países productores, Arabia Saudita y Rusia. Así, el precio del Brent pasó de 52 dólares a inicios de marzo a solo 27 dólares un par de semanas después, mientras que el precio de la mezcla mexicana cayó unos 24 dólares durante ese mismo periodo.
Aparte de la interrupción de la actividad económica global, las disputas entre actores políticos también han influido en la caída de los precios. Uno de esos actores es el gobierno de Arabia Saudita, el mismo que hace unos años lanzó una criminal ofensiva militar en Yemen, intentó ahogar económicamente a su vecino Catar -quien se retiró de la OPEP en consecuencia- y estuvo involucrado en el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La nueva aventura de la política exterior saudí comenzó en marzo de este año, cuando la empresa estatal Saudi Aramco anunció un incremento abrupto de su producción de petróleo como represalia hacia la decisión de Moscú de no ratificar el acuerdo, conocido como OPEP+, para mantener controlada la producción del hidrocarburo y evitar la caída de los precios. De esta manera, la producción saudí pasó de 9.7 millones de barriles diarios en enero a 12.3 millones en abril, lo cual condujo a una caída aun mayor de los ya debilitados precios del petróleo.
Debido a la presión del gobierno estadounidense, Arabia Saudita y Rusia aceptaron retomar las negociaciones a inicios de este mes para acordar un recorte a la producción que evitara una mayor caída de los precios. Durante una videoconferencia que concluyó el 12 de abril entre los miembros de la OPEP+, surgió la propuesta de que todos los países presentes se comprometieran a reducir 23 por ciento de su producción para lograr retirar del mercado unos 10 millones de barriles diarios entre mayo y junio. Casi todos los asistentes a la reunión aceptaron la propuesta a pesar de haber mantenido estable su nivel de producción y de no haber contribuido a la caída de los precios.
Mientras que recortar la producción colectivamente es necesario, la propuesta de la OPEP es injusta e inaceptable para muchos, ya que no atiende las decisiones de carácter político que condujeron a la caída de los precios, ni atribuye responsabilidades en consecuencia. Una propuesta más sensata implicaría reconocer, en primer lugar, que la disputa entre Riad y Moscú exacerbó el declive de los precios, lo cual debería llevar a esos gobiernos a regresar a sus niveles de producción anteriores a la disputa. A partir de ahí, tendría sentido una distribución igualitaria del costo para atender la reducción de los precios provocada por la propagación del coronavirus, lo cual debería incluir a otros países productores que no forman parte de la OPEP+, como Brasil, Canadá, China y EU, quienes concentran más de un tercio de la producción mundial y no han adquirido compromiso alguno.
Más aún, el cálculo del porcentaje de reducción se basa en un nivel de producción anterior al inicio de la guerra de precios, lo que beneficia a Arabia Saudita porque no toma en cuenta el atípico nivel de su producción actual, pero afecta a los países que, como México, han mantenido un ritmo constante en su producción. De esta manera, la reducción de 23 por ciento sobre la base de 11 millones de barriles diarios, representa para los saudíes solo 13 por ciento de su producción entre enero y febrero. En contraste, ese mismo porcentaje representa para México una reducción de 22 por ciento de su producción durante esos meses. Ante tal escenario, el analista sobre mercados globales de la agencia AxiCorp comentó al periódico británico The Guardian que “las reacciones hacia la renuencia de México a aceptar la propuesta inicial fueron exageradas” y que “es absurdo desperdiciar esfuerzos para aseverar que el acuerdo peligra solo por 300 mil barriles o 3 por ciento de la producción”.
Pero la historia no termina ahí. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo no ha adquirido ningún compromiso formal para reducir su producción y aliviar la caída de los precios. Además de declarar que absorberá la cuota de México, el presidente Trump arguye que la producción estadounidense se reducirá “automáticamente” debido a que el bajo nivel de precios disminuirá la oferta de petróleo de esquisto (shale oil), cuya extracción depende de técnicas costosas como la fracturación hidráulica (fracking). Resulta pues paradójico que, al comentar sobre la postura de Washington, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de energía saudí, quien mostró una postura intransigente hacia la secretaria de energía Rocío Nahle, respondiera que Estados Unidos contribuiría “a su manera” y que “no es su trabajo dictar lo que otros países deben hacer dadas las distintas circunstancias nacionales”.
Prestar atención al contexto político que envuelve la reciente caída de los precios y los mecanismos internacionales para frenarla es crucial para entender el significado global de la postura mexicana de reducir solo 100 mil barriles de petróleo. El contexto internacional favorece tal postura, ya que los principales productores se enfrentan a la presión estadounidense y todos los países productores, incluyendo Estados Unidos, están de acuerdo en la necesidad de frenar la caída. Lo que llama la atención es que ninguna de las representaciones haya reparado hasta el momento en las ambiciones de los tres principales países productores -Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia- en el mercado petrolero, y hayan aceptado cargar de forma inequitativa con los costos de frenar el declive adicional de los precios, sin haber sido ellos quienes lo propiciaron. Más aún, llama la atención que muchas de las críticas enfaticen la oferta de México de recortar solo 100 mil barriles, pero pasen por alto que muchos de los grandes productores no están interesados en participar en esas negociaciones siquiera.
Por lo demás, las críticas hacia la postura del presidente López Obrador y su secretaria de energía por parte de la oposición partidista, quienes la han tildado de “ignorante del mercado petrolero” y de haber provocado “una vergüenza internacional”, solo favorece la hegemonía de los principales productores y de sus respectivos regímenes en el mercado petrolero. A pesar de ello, la postura del gobierno mexicano ha prevalecido y, por lo tanto, la venta del crudo mexicano traerá a las arcas el triple de ingresos por cada dólar de aumento en el precio. No obstante, todavía habrá quienes sigan impulsando una narrativa de catástrofe anunciada, allanando así el terreno para la eventual justificación de medidas condenables, incluyendo intentos golpistas, en sus esfuerzos desesperados por retomar el poder.
*Erick Viramontes es fellow en el Brookings Data Center (BDC) de la Universidad de Doha (QU), en Qatar. Viramontes es doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Australian National University.