Tras una época de aparente luna de miel entre los empresarios y el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, la crisis del disparado recibo de la luz, y el enfrentamiento con las grandes eléctricas —en particular con el buque insignia del sector, Iberdrola— ha abierto una nueva etapa crítica en esas relaciones. La crisis llega cuando desde el Ejecutivo se quiere poner todo el empeño en lograr el mayor respaldo posible a los llamados Presupuestos de la recuperación. La vicepresidenta primera y coordinadora del área económica, Nadia Calviño, lanzó a los empresarios en general, y en concreto a las eléctricas, algo más que un aviso hace unos días desde La Rioja: “Es el momento de ser sensibles y responsables; no entiendo que haya empresarios que no se den cuenta de su pérdida de reputación”. Lo hizo para respaldar el paquete de medidas impulsado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con el objetivo de reducir el recibo que pagan los ciudadanos mediante un recorte de los beneficios extraordinarios de esas grandes compañías. El Consejo de Ministros aprobó el paquete a mediados de septiembre.
Las eléctricas, e Iberdrola en particular, respondieron con varios órdagos que fuentes del máximo nivel del Ejecutivo interpretaron como “amenazas y chantajes” inaceptables: usaron los términos “hachazo” e “intervencionismo terrorífico” para descalificar esos recortes, mandaron cartas a sus accionistas con críticas al Gobierno y amenazaron con dejar de producir energía en el sector nuclear, hidráulico o eólico.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al que miembros del Gobierno consideran como “el mascarón de proa” de esta batalla, fichó como vicepresidente para las relaciones estratégicas e institucionales en España al político del PSOE, Antonio Carmona, economista y tertuliano. No fue un fichaje neutral. Quería mandar un mensaje, pero ese aviso ha sido interpretado de maneras diferentes.
Hace una semana, cuando EL PAÍS preguntó al presidente de Iberdrola si el clima de crispación del país ayudaba en estos momentos a la recuperación, Sánchez Galán endosó la máxima responsabilidad a Pedro Sánchez: “Lo que no puede ser es que el Gobierno tenga a la oposición dentro del propio Gobierno; con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar”. Y agregó: “Claro que este ambiente de confrontación actual no es bueno para España y la recuperación, pero yo le atribuyo la mayor responsabilidad al que tiene el poder real para actuar”.
El máximo ejecutivo de Iberdrola ofreció su receta empresarial a Pedro Sánchez y al líder del PP, Pablo Casado: “Cuando los directivos de las empresas nos tropezamos con un problema no le preguntamos a la competencia, yo por ejemplo a Enel. No, nos ponemos a solucionarlo y no nos levantamos hasta encarrilarlo”.
Otros directivos del Ibex han manifestado también, en conversaciones con EL PAÍS, que consideran que no existe suficiente liderazgo político para aprovechar los fondos europeos para una modernización del país más completa, y demandan menos intervencionismo y más seguridad jurídica. Son las recomendaciones que se reiteran desde la patronal CEOE, que comanda Antonio Garamendi, con magníficas relaciones con Sánchez Galán y que tiene a dos de sus ejecutivos en el Consejo de Iberdrola.
Los responsables del área económica del Gobierno esgrimen la oportunidad que se brinda a los empresarios con los históricos Presupuestos de la recuperación para 2022 —con 40.000 millones de euros de inversión en proyectos, 3.300 en investigación y desarrollo y los 27.000 millones de los fondos europeos— para emplazarles a continuar una etapa de colaboración y grandes pactos. Es el mantra que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expondrá a los principales socios políticos, ERC y PNV, para recabar su voto en el Congreso a unas cuentas que podrían llevar la legislatura hasta el final y ofrecerán buenas partidas para las autonomías. En el Ejecutivo hay más que optimismo sobre un respaldo amplio a los Presupuestos de 2022 y no descartan intentar otros en 2023 para apurar al máximo el mandato.
La escalada de los precios de la luz se ha interpuesto en esas visiones tan optimistas. Y la resistencia de las eléctricas a colaborar hasta esta semana abrió una crisis con implicaciones electorales nacionales y también en la Bolsa.
Cuando Sánchez Galán constató que tenía un problema político grave con el actual Gobierno de coalición, hizo saber notoriamente su enfado y fichó, en teoría para ayudar a solventarlo, al socialista Antonio Miguel Carmona.
El primer interrogante que se plantean desde el ámbito económico del Ejecutivo es si Sánchez Galán apuntó bien. Carmona, excandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, lleva muy alejado de la actual dirección socialista desde 2015, tras 35 años de militancia. “No entendemos esa puerta giratoria, no parece una persona apreciada en el Ejecutivo y no tiene ninguna capacidad de influencia”, aseguran en el entorno del presidente.
Línea directa
El entorno de Carmona lo niega y asegura que dispone de pruebas —mensajes y llamadas— que demostrarían que tiene línea directa con altos cargos en La Moncloa y dos ministros. Estas fuentes argumentan que uno de esos ministros le reclamó incluso que les echase una mano, ya que estaba en la cúpula de Iberdrola. Esa versión defiende que el ministro le encargó un papel sin membrete con las soluciones que Iberdrola propondría para aminorar el problema y apaciguar los ánimos con el Gobierno. Carmona lo redactó. Proponía un sistema similar al de Portugal, donde la cesta de la compra del megavatio se suaviza, en vez de sobre su descontrolado precio diario, sobre una especie de media de los últimos 12 meses.
Pero la polémica que desató el fichaje de Carmona frenó los contactos que tenía previsto desarrollar. El vicepresidente de Iberdrola, según su entorno, aún cree que puede reconducirlo cuando amaine la tormenta. Su nuevo jefe le mantiene el respaldo y el despacho y él acumula en su móvil felicitaciones de diputados, responsables de otras eléctricas y expresidentes socialistas.
Las relaciones del Gobierno con las eléctricas y con Iberdrola se han vuelto ahora turbias, tras una larga etapa de flirteo y retratos en La Moncloa en la que ambos bandos coincidían en la relevancia de la agenda verde y las energías renovables.
En el Ejecutivo creen que es posible que esas multinacionales energéticas gestionen bien esta crisis reduciendo algo sus márgenes de beneficios. Iberdrola, la segunda eléctrica privada del mundo, reconoció más de 1.500 millones de beneficios en el primer semestre de 2021. Calviño y Ribera se lo han explicado varias veces a Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola, según fuentes económicas del Ejecutivo, no muestra mucha disposición a escuchar. A Ribera le suele replicar en un tono nada consultivo: “Teresa, lo que tienes que hacer…”. Sánchez Galán sostiene ante las vicepresidentas que esos beneficios de la compañía son a nivel mundial, pero no en España. Las vicepresidentas le han recordado al empresario dos cosas: que el Estado ha dejado de ingresar unos 2.000 millones por las rebajas fiscales en ese sector y que los ajustes pensados para los posibles beneficios extraordinarios de las mayoristas “no les tienen que preocupar si no los tienen”.
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